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GALICIA

Baltar padre no consigue frenar la investigación por la "caja B" del PP de Ourense

La Audiencia de Lugo tumba los recursos del exbarón del PP y da luz verde para que la jueza De Lara remita a los juzgados de Ourense el caso de la presunta "caja B" de los populares en la provincia.

José Luis Baltar (con chaqueta gris), en un acto con Rajoy en O Barco de Valdeorras

José Luis Baltar (con chaqueta gris), en un acto con Rajoy en O Barco de Valdeorras

En otoño de 2014 la prolongadísima instrucción de la operación Pokémon dio su enésimo giro, en este caso hacia el PP de Ourense. La jueza Pilar de Lara se apoyaba en la declaración y en la documentación aportada al juzgado por el exgerente del partido en la provincia, Emilio Pascual, para indagar en el que consideró una presunta financiación "ilícita" a través de un "elaborado sistema de facturación falsa y ficticia" que daría lugar a una caja B utilizada, decía, desde el año 2003. La investigación se ha venido ampliando durante casi dos años y ahora desembocará en los juzgados ourensanos, toda vez que la Audiencia Provincial de Lugo acaba de hacer fracasar el enésimo intento de José Luis Baltar, exlíder y padre del actual presidente del partido y de la Diputación, para frenar el proceso.

El alto tribunal lucense acaba de rechazar definitivamente el recurso en el que la defensa de Baltar padre apelaba a diversos argumentos con el objetivo de que la causa no continuara, tales como la prescripción de los presuntos delitos de falsedad de cuentas o que no habría lugar a la comisión de cohecho porque el exbarón actuaba en calidad de presidente del partido, y no de cargo público. En una providencia dictada el pasado día 20, a la que ha tenido acceso eldiario.es, De Lara da cuenta de la decisión de la Audiencia y resalta que queda "confirmado" su auto de junio de 2015 en el que, como informó este diario, le atribuía a Baltar cuentas falsas en el partido, cohecho y delito electoral.

Al contrario de lo que ha venido sucediendo en la mayor parte de las múltiples ramas de la operación Pokémon, la investigación de la presunta caja B del PP de Ourense no se quedará en los juzgados de Lugo. Como ya había avanzado en su auto de 2015, al tratarse de delitos presuntamente cometidos íntegramente en Ourense, tienen que ser los juzgados ourensanos los que los aborden en una pieza separada. Por eso la jueza ordena que, al ser "firme" la resolución, se "proceda al registro e incoación de las correspondientes diligencias" para "darles el destino correspondiente", esto es, los juzgados de Ourense, en los que Baltar padre e hijo están siendo investigados, paralelamente, por presuntos delitos de soborno y tráfico de influencias en la causa abierta por la denuncia de la mujer que acusa el actual presidente de la Diputación de ofrecerle empleo a cambio de sexo.

"Fondos opacos" para pagar campañas

En los últimos dos años la jueza De Lara dio por "refrendada" la existencia de la 'caja B' del PP ourensano en varios autos basados tanto en los testimonios del exgerente como en las indagaciones de Vigilancia Aduanera y también en "abundante documentación". El sistema que, según la jueza, fue "corroborado" por los investigadores, consistiría en encubrir gastos del partido abonados en metálico con dinero procedente de diversas empresas, algunas de ellas del grupo Véndex, considerado núcleo de la trama Pokémon. El "encargado de recoger personalmente el dinero, teóricamente abonado en concepto de donación" sería Baltar padre, según la jueza.

Esos pagos, dice la instrucción, han sido admitidos por "distintas empresas" y "empleados del partido han reconocido", por su parte, que el dinero no reflejado en la contabilidad oficial había servido para pagarles durante años "gratificaciones extraordinarias", sobresueldos. Todo, agregaba en un auto de hace un año, sin que hubiera de por medio "ninguna anotación contable ni movimiento bancario que pueda justificar dichos pagos".

La hipótesis en la que se sustenta la investigación se apoya también en declaraciones de antiguos miembros de las listas electorales del PP ourensano a los que Vigilancia Aduanera les tomó declaración y cuyos nombres figuraban en facturas de las empresas investigadas. Los candidatos aseguraron que "nunca habían concertado servicio alguno con las empresas", de lo que cabe concluir, según De Lara, que "seria el propio partido el que hizo los encargos y quien, finalmente, abonó las facturas" por conceptos como publicidad electoral. Sólo un candidato negó las acusaciones, el actual vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández, quien según la jueza "manifestó que sí reconoce la factura", que correspondería a un pago "a una empresa de publicidad" a la que le pagó "con dinero que tenía en la casa desde un año antes".

Con todo este contexto serán los juzgados de Ourense los que tengan que dilucidar si, como cree De Lara, el PP de Ourense contó "con una estructura paralela de gestión económica a modo de caja B", con movimientos de dinero sin "respeto" por las "prohibiciones y limitaciones establecidas en la legislación reguladora de la financiación de los partidos políticos". Es necesario aclarar también, indicó De Lara, si José Luis Baltar "pudo estar lucrándose con este sistema".

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