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La Xunta pidió al órgano que fiscaliza sus cuentas borrar la conclusión en la que ve “residual” su ahorro por cerrar entes públicos

Conclusión de Contas y protesta de la Xunta, sobre una imagen de Feijóo y su vicepresidente, Alfonso Rueda

David Lombao

Antes de aprobar sus informes y entregarlos al Parlamento el Consello de Contas, órgano que fiscaliza las cuentas públicas gallegas, remite la primera versión de los textos a la Xunta para que el Gobierno gallego pueda plantear alegaciones, ya sea para precisar aspectos técnicos, aportar más datos o hacer constar su disconformidad con alguna de las conclusiones. Así lo hizo también con los informes que acaba de enviar al legislativo. Entre ellos está el que evaluó el resultado de los “procesos de extinción” de entes de la administración paralela de la Xunta, un adelgazamiento administrativo que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo había presentado como vía para lograr un ahorro “histórico” pero que el Consello de Contas lleva años considerando “residual”.

En esta ocasión, además del habitual informe anual sobre las entidades instrumentales, Contas ha elaborado otro trabajo más amplio sobre los resultados de los tres planes de “racionalización” de los en algún momento apodados como chiringuitos en el campo político. El análisis ya no es sólo de un año, sino de casi una década (2010-2016) y la conclusión del Consello es clara: el ahorro logrado con estas supresiones ha sido “residual” y su impacto económico, “menor”, en gran medida porque la Xunta traspasó las funciones y el personal de los entes eliminados a organismos ya existentes o a otros de nueva creación. Esta conclusión desagradó notablemente al gabinete de Alberto Núñez Feijóo, que en el trámite de alegaciones pidió sin éxito que fuera borrada.

Aplicando los métodos de análisis “en coordinación con el Tribunal de Cuentas y las instituciones de control externo” del resto de autonomías el Consello de Contas concluye que entre 2010 y 2016 la Xunta, al amparo de sus tres planes de “racionalización” de la administración paralela, redujo su sector público autonómico de 157 entidades a 112. “A pesar de que la reducción neta” afectó a una de cada tres entidades existentes, “la importancia económica de un gran número de las extinguidas es menor”, cree. “En términos económicos -agrega- el ahorro derivado de las extinciones se limita” a 17,03 millones de euros, de los que “7,53 se corresponden con gastos de personal”, un campo en el que el Consello es especialmente crítico.

Esos 17,03 millones “representan menos del 1% de los fondos gestionados por las entidades dependientes”, explica el Consello de Contas, que advierte además de que “la baja de un gran número de entidades vino acompañada de la creación de otras nuevas, principalmente con la forma jurídica de agencia”. Su puesta en marcha provocó que “aunque el número de entidades instrumentales se haya reducido desde 2010, el volumen de recursos públicos gestionados de manera descentralizada, en términos relativos, está aumentando”.

Por estos y otros motivos el llega a una “conclusión global” que se aleja del “ahorro histórico” pronosticado por Feijóo. “Los procesos de extinción llevados a cabo en las entidades dependientes de la Xunta (...) han simplificado la arquitectura instrumental de la Administración autonómica” e incluso han aportado a estos entes “mayor transparencia” en la gestión. Pero “no han conseguido ahorros económicos significativos como consecuencia de que se optó por mantener las funciones y los medios materiales y personales de las entidades que desaparecieron”, resalta.

En este sentido, agrega que “son residuales los supuestos en los que se extinguen entidades cuyas funciones dejan de ser prestados por otra entidad dependiente de la Administración”. De esta afirmación aparta “el caso de las fundaciones de desarrollo comarcal”, 34 entidades creadas en tiempos de Fraga cuya extinción había sido decidida por el bipartito de PSdeG y BNG y que culminó en 2010, ya con el gobierno de Feijóo.

Respuesta de la Xunta y petición de eliminación

La respuesta de la Xunta en sus alegaciones fue airada tanto sobre el carácter “residual” del ahorro logrado con las extinciones como con la conclusión según la que las eliminaciones de entes “no han conseguido ahorros significativos”. “Estamos en total desacuerdo con las afirmaciones y solicitamos su expresa supresión”, señaló el Gobierno gallego a través de su Vicepresidencia. La razón para pedir el borrado es que “minimizan el esfuerzo de reacionalización efectuado por la Administración gallega”.

El Gobierno de Feijóo sustenta su oposición a las conclusiones en que “no se están teniendo en cuenta todos los ahorros conseguidos” en el conjunto de entidades instrumentales, hasta el punto de “generar una imagen distorsionada de las actuaciones realizadas”. En este sentido, el Gobierno gallego reprocha al Consello de Contas que “recoja únicamente una parte muy residual y parcial de los procesos de reordenación” y deje “fuera de su análisis” medidas de “eficiencia” en la parte de la Administración paralela no eliminada, tales como reducción del gasto interno, racionalización de plantillas“ o ”rescisiones de alquileres“, entre otras. Debe ”incluir“ en el informe estos aspectos que, afirma, elevan el ”ahorro global“ a 90 millones.

Pero la exigencia no tuvo éxito en el sustancial. En su réplica el Consello de Contas subraya que “tal y como se señala reiteradamente a lo largo del informe”, su fiscalización “ha sido realizada en coordinación con el Tribunal de Cuentas” y el resto de organismos homólogos en el Estado mediante “directrices técnicas” que se refieren únicamente “a los procesos de extinción de entidades” y “no a las medidas adoptadas en los entes subsistentes”. Por eso el borrado solicitado por la Xunta no se produjo y el informe fue publicado como estaba previsto.

Una vez conocido el contenido íntegro del informe el propio Feijóo ha sido preguntado al respecto. El presidente de la Xunta ha optado por desdeñar las fuentes de los datos, fundamentalmente bases estatales por no haber creado su gobierno el registro de entidades administrativas al que está obligado por ley desde 2010. “De administración paralela en Galicia sabemos más en la Xunta”, resuelve.

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