Brigadas contra incendios “helitransportadas” pero sin helicópteros
En diciembre de 2012 el Gobierno gallego decidió la privatización hasta el año 2015 “del servicio integrado de helicópteros y brigadas helitransportadas con destino a la prevención y defensa contra incendios forestales”. La medida incluía por lo tanto la externalización del mantenimiento y puesta a disposición de las aeronaves y también de los equipos de brigadistas que viajarían en ellas. La privatización, con un coste para las arcas públicas de más de 12 millones de euros en dos años, dio lugar de inmediato a denuncias sindicales, que incluso llegaron hasta la Fiscalía, y que señalaban que con esta decisión la Xunta buscaba “beneficiar a ciertas empresas”. Inaer y Natutecnia se hicieron con las adjudicaciones, en un proceso sin concurso público.
La sección sindical de la CIG en el Servicio de Prevención y Defensa Contra Incendios Forestales de la Xunta de Galicia (SPDCIF) acaba de denunciar que, con la campaña de incendios forestales a punto de comenzar, las brigadas helitransportadas gestionadas directamente por la Xunta (O Campiño, Marroxo y Vilamaior) están sin helicóptero desde el pasado 15 de mayo, una situación de la que culpan a esta privatización. Añaden que en las bases gestionadas por Natutecnia no hay ninguna persona de la Xunta de Galicia que supervise las horas de tiempo efectivo de vuelo de los helicópteros y “es la propia concesionaria juez y parte del tiempo que factura a la administración”.
Desde el sindicato recuerdan que la denuncia presentada contra las empresas beneficiadas por esta concesión por un presunto delito de prevaricación sigue su curso, pero que mientras tanto el servicio de defensa contra el fuego y extinción se encuentra gravemente debilitado. “Ellos tienen la mayoría absoluta y ellos deciden. Realizan estos gastos tremendos, pero la Justicia va a la velocidad que va”, dicen.
Los sindicatos alertaron en varias ocasiones de que la privatización de este servicio suponía “que los trabajadores contratados no lo serán por las listas públicas que ya existen para la contratación de trabajadores y, por lo tanto, los requisitos que se les exijan no se fundamentarán en los principios de igualdad, mérito y capacidad”, añadiendo que en muchos casos las empresas adjudicatarias excluyen a propósito a personal “con experiencia y formación”. De hecho, desde la CIG señalan que se llegaron a dar casos de trabajadores con mucha experiencia que la ocultaron en sus currículos para tener más opciones de conseguir el empleo.
No es la única anomalía que denuncian. Al igual que en otras ocasiones, los trabajadores del servicio señalan que no se están cubriendo todas las plazas previstas. Asimismo, alertan de las graves consecuencias de la fragmentación del servicio. El Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga 2014) prevé un dispositivo formado por 5.767 personas, de las cuales más del 40% van a proceder de brigadas municipales. Los trabajadores del Servicio de Prevención y Defensa Contra Incendios Forestales denuncian que estas brigadas, habitualmente conformadas “con objetivos electoralistas” y con personal “que carece de experiencia”, son ineficaces en la lucha contra el fuego y, muchas veces, “incrementan la peligrosidad para todo el personal de extinción”. “En nuestro trabajo corremos un riesgo muy grande, nos metemos en sitios muy peligrosos, y gente sin experiencia no sabe dónde se mete. Ha habido casos de brigadas municipales o de brigadas contratadas por Tragsa que se niegan a apagar los fuegos, alegando que no fueron contratadas para eso”, añaden desde la CIG.
En este sentido, también denuncian el estado de los vehículos y del material de apoyo con que cuenta el SPDCIF: “camiones antiguos y obsoletos, que se caen a cachos debido al número de años, de kilómetros y de horas de trabajo que tienen encima”, pero señalan que “en cambio compran nuevos camiones autobomba para los Ayuntamientos”. Además, vuelven a advertir de que la Xunta “trampea” las cifras de los efectivos, “incluyendo al personal contratado con métodos electoralistas, o dando datos del número de brigadas del SPDCIF que van a los incendios, pero no diciendo que los integrantes de las mismas deberían ser cinco, y en cambio tienen de media dos o tres integrantes”. También señalan que se están cerrando las torres de vigilancia fija “después de gastar miles de euros de los ciudadanos gallegos en arreglarlas, alegando que no son efectivas”, pero que al mismo tiempo “acuden a los voluntarios y a las asociaciones de radioaficionados para que ocupen los puestos de estos trabajadores”.
La CIG denuncia “esta situación de desmantelamiento de un servicio público fundamental” y reclama “que estos trabajadores cuenten con los medios adecuados para la defensa de nuestros montes sin que nos salga más caro a las gallegas y gallegos”.
