“Los contratos de privatización no se hacen para gestionar bien, sino para ganar dinero”
En las últimas dos décadas muchos ayuntamientos han privatizado la gestión de sus servicios de agua y saneamiento, muchas veces acompañado este proceso de un argumentario que defendía una mayor eficiencia en la gestión privada e incluso un ahorro para la administración. Sin embargo, esta idea ha sido desmentida muchas veces por la práctica y la realidad. “¿Por qué se privatiza? No se privatiza para tener un mejor servicio, se privatiza porque nuestros ayuntamientos, mal financiados y a veces mal gestionados, ven la oportunidad de venderle a una multinacional algo muy valioso: los clientes seguros de este monopolio natural”, afirma Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).
“Ese dinero que paga la multinacional en la mayor parte de los casos no fue destinado a mejorar la infraestructura de agua y saneamiento, sino que se dedicó a reducir la deuda municipal, a hacer rotondas o a cualquiera otro proyecto. Ese dinero que la empresa amortiza con sus beneficios a lo largo de 25 años y se gasta habitualmente en una sola legislatura. Por lo tanto, el servicio no sólo no mejora, sino todo lo contrario”, explica. Además, añade Babiano, “la mayoría de las veces los pliegos de contratación elaborados por los ayuntamientos no favorecen esta mejora del servicio, sino que benefician a la empresa concesionaria. Porque cuanto menos le exijas al concesionario, mejor precio te va a ofrecer”. “Todo esto desmonta un argumentario, un mantra que circula sin una correcta validación: que la iniciativa privada gestiona mejor que la pública. El debate no es entre público y privado. Hay que preguntarse por qué se privatiza, y los contratos no están hechos para que se gestione bien, sino para asegurar que se gane mucho dinero”, destaca.
En la actualidad, el 53% de la gestión del agua en España está en manos privadas. Y de ese porcentaje una parte muy significativa -un 80%- se concentra en dos grandes multinacionales: FCC a través de Aqualia y Aguas de Barcelona-Suez a través de numerosas ramas, “pues desde que se conoció el escándalo Pokemon, Aquagest se dividió en muchos nombres diferentes”, señala Babiano.
La tendencia en los últimos años en todo mundo es la remunicipalización. Así sucedió en París y en otras 38 ciudades francesas, en Berlín y otras zonas de Alemania, en Atlanta e Indianápolis en los Estados Unidos o en varios países de América Latina. También está comenzando en España y la tendencia puede acelerarse en esta legislatura, tras la llegada al poder en muchas localidades de candidaturas que han situado la recuperación de la gestión pública de los servicios básicos como una prioridad. AEOPAS lleva a cabo un labor de colaboración y asesoramiento en estos procesos, y el próximo lunes 21 tanto Luis Babiano (gerente) como Jaime Morell (secretario general) estarán en Galicia para conocer los proyectos de remunicipalización de Santiago, Teo o Ferrol y el funcionamiento de la empresa municipal de A Coruña, que puede servir de modelo.
Entre las ciudades gallegas tan sólo A Coruña cuenta con un servicio de aguas gestionado por una empresa pública (Emalcsa, que se encarga también del suministro en otros siete ayuntamientos de su área metropolitana). La gestión en Ferrol es responsabilidad de Urbaser (a través de la empresa mixta Emafesa), en Lugo pertenece a Saur International (a través de Gestagua), en Compostela está gestionada por Aguas de Barcelona (Viaqua), lo mismo que en Pontevedra y Ourense; finalmente, la gestión en Vigo corresponde a FCC (Aqualia). En Compostela la concesión está a punto de caducar, lo que abrirá la vía de la remunicipalización. En Pontevedra la concesión finaliza en 2017.
Privatizaciones que dejan a las administraciones y a la ciudadanía indefensas
Luis Babiano explica que la forma en la que se han llevado a cabo los procesos de externalización tuvo consecuencias muy negativas. “Lo habitual es que se creen empresas mixtas, lo que se denomina modelo francés, para disimular la privatización. El ayuntamiento se queda con el 51% de las acciones de la empresa, pero en realidad no controla nada, pues el gerente es designado por la empresa privada”, dice. “Además, el 10% de la facturación va directamente para la parte privada, independientemente de la rentabilidad. Es decir, juega con un margen de seguridad muy alto”, añade.
Además, señala que “habitualmente el gerente ni siquiera está obligado a elevar al Consejo de Administración de la empresa [donde está representado el ayuntamiento] las contrataciones iguales o inferiores a los 600 mil euros. Por lo tanto, la empresa privada tiende a autocomprarse la mayor parte de los servicios: software, obras, análisis... Eliminan la competencia, convierten este sector en el negocio de un solo proveedor”. “Es un modelo completamente insostenible y muy negativo para las economías locales y para las pequeñas y medianas empresas. La privatización impide la creación de un tejido económico propio, porque su consecuencia práctica es la subrogación de toda la actividad a los intereses de una multinacional”, explica. “Tiene además consecuencias medioambientales igualmente insostenibles, pues a mayor consumo, mayor beneficio empresarial”, añade.
“¿Qué consecuencias tiene la privatización?” -resume- “Subida de tarifas, desinversión, exclusión social, opacidad y ausencia de democratización en la gestión, ausencia de control público”. Babiano incide en este punto, el de las dificultades para controlar y fiscalizar la gestión de estas empresas: “Al ser un bien público, gestionado a través de una concesión, las administraciones deberían velar por la calidad y el funcionamiento de este servicio básico. Pero estas empresas consiguieron que los mecanismos de control fueran cada vez más laxos”. “En los pliegos incluso se suele recoger que la parte privada se encarga de la representación ante otras administraciones. Este es uno de los factores que provocó la situación que se dio en Ferrol, pues hubo una negociación entre la empresa concesionaria y Augas de Galicia, es decir, la Xunta, en la que el alcalde de la ciudad no intervino”, añade.
Los procesos de remunicipalización y la labor de AEOPAS
“La tendencia en todo el mundo es la remunicipalización” -destaca Babiano- “La remunicipalización supuso en París la reducción en un 8% de las tarifas en un solo año, con beneficios de 35 millones de euros que se reinvierten en el servicio y el establecimiento de sistemas de garantías de derechos humanos en la población con la eliminación de cortes de agua”. “Es el 2.0 del agua pública. No basta con que sea pública, sino que debe ser eficaz y participada”, dice, destacando también la Iniciativa Ciudadana Europea que se consiguió aprobar en el Europarlamento.
“En España vamos por detrás, y tenemos un problema” -denuncia- “Porque entre un lobby económico muy fuerte y los políticos del saqueo han creado una malla jurídica para dificultar la desprivatización de un derecho humano fundamental”. “En primer lugar, debido a las medidas austericidas, es muy difícil designar personal propio de las administraciones para el control de los concesionarios, porque no puedes contratar”, explica. “Y, segundo, para poder devolver ese canon concesional pagado por las empresas privadas, las administraciones locales podría optar por crear sociedades públicas, de forma que esa deuda se convirtiera en inversión, para pagarla a lo largo de 25 años a través de los ingresos recogidos en los recibos. Sin embargo, las leyes estatales también impiden la creación de nuevas sociedades instrumentales”, critica. “La legislación no es otra cosa que la puesta en marcha de un programa político, y si tú crees en lo público, esa malla puede eliminarse. Hay que crear marcos legales que favorezcan a los ciudadanos”, concluye.
Ahí entra también la labor que realiza AEOPAS: “Trabajamos para el establecimiento de mecanismos de colaboración público-público entre distintas administraciones para reforzar las políticas públicas. Pedimos una normativa que regule el canon concesional, para que se destine obligatoriamente a inversiones en agua. Luchamos también por el reconocimiento del derecho humano al agua y por la aprobación de una serie de medidas que aseguren un mínimo vital para aquellas personas que no puedan pagar por el agua. Y demandamos igualmente que el agua pase a pagar un IVA reducido, como servicio básico que es”.
“Lo ideal sería que el gobierno autonómico pusiera en marcha unos mecanismos que facilitaran la colaboración entre administraciones. Eso no existe y nuestra asociación viene a suplir su falta, facilitando la creación de una red de actores públicos, proporcionando nuestra experiencia y la solvencia de estar integrados en la red Aqua Pública Europea, en la que están todas las empresas públicas del continente”, explica.
Los procesos de remunicipalización en Galicia
Los procesos de remuncipalización varían en cada lugar, en función sobre todo de si la concesión caducó o está a punto de caducar, lo que facilita mucho la labor, como en Compostela. O si, por el contrario, la concesión está aún vigente y con muchos años por delante, como sucede en Ferrol. En estos casos, señala Babiano, “lo primero que hay que hacer es controlar y Ferrol está ya en ese camino, con la auditoría que anunció y que debe analizar cuál ha sido el problema y cuáles son sus causas”. “Si el concesionario es la causa, se puede demostrar que está incumpliendo el contrato de concesión y puede ser sancionado. El control es el primer paso hacia la remunicipalización”, concluye. Así sucedió recientemente en Torrelavega. “Cangas del Morrazo también ha iniciado contactos con nosotros, por una circunstancia parecida a la de Ferrol, de rechazo de la gestión privada, pero en una situación en la que el ayuntamiento se ve atado de pies y manos, con poco margen para garantizar que sus ciudadanos reciben un servicio de calidad”, destaca Babiano.
“La situación de Ferrol hay que investigarla, y ese es el trabajo que debe llevar a cabo la auditoría” -reafirma- “Que un alcalde vaya a visitar una depuradora y encuentre la situación que encontró, que el concesionario reconozca que la depuradora no funciona pero que días después iba a cobrar una tasa para pagar ese servicio, que Augas de Galicia se reuniera con el concesionario sin que el alcalde hubiera recibido comunicación de ese encuentro, todo esto nos parece un asunto muy turbio”, comenta sobre lo sucedido en la ciudad departamental. “El caso de Ferrol es interesante, porque su alcalde está haciendo lo que debe hacer una institución pública: velar por los intereses de su ciudadanía”, destaca.
Otros procesos están más avanzandos, como el de Teo, ya en marcha, y el de Compostela, que también comenzará en breve. “En Santiago, además, todo este proceso está muy relacionado con el escándalo de corrupción alrededor de Aquagest” -destaca- “y la recuperación del servicio es también la recuperación de un modelo transparente, democrático, comprometido con sus vecinos y desligado de los intereses de unos saqueadores que se beneficiaron de la privatización de ese servicio”.
La visita que los responsables de AEOPAS realizarán a Galicia tendrá en A Coruña y en Emalcsa una de sus claves. “La empresa de aguas de A Coruña debe ser uno de los espejos más importantes en el que se miren las restantes localidades gallegas que trabajan por tener un modelo semejante”, dice Babiano. “Debido a las privatizaciones, la mayor parte de los ayuntamientos perdieron el saber hacer, y en este tema no se puede improvisar. Es importante que se visibilice que el modelo público es posible y es solvente. Y en A Coruña hay un ejemplo claro y próximo”, señala.
