Denuncian al conselleiro de Educación por “prevaricar” con subvenciones a colegios que segregan
El pasado julio, el Tribunal Supremo le daba un nuevo varapalo a las subvenciones públicas a los colegios privados que segregan a los alumnos de las alumnas. A instancias de la CIG Ensino, el TS emendaba un dictamen del TSXG de febrero de 2012 y consideraba que la Consellería de Educación había cometido una ilegalidad en 2009 al subsidiar a cinco centros de enseñanza segregacionistas, cuatro de ellos propiedad de una empresa del Opus Dei. En aquel entonces, recordaba la sentencia, estaba en vigor la LOE, que impedía la “discriminación por razón de sexo” en la admisión del alumnado, por lo que no era posible “comprometer los fondos públicos” más allá “de los supuestos previstos por la ley”. Inmediatamente después de ganar el proceso judicial, el sindicato se dirigió formalmente a la Xunta para que los fondos percibidos “indebidamente” por estos colegios, que cifran en 12 millones de euros, retornaran a las arcas públicas, pero el Gobierno gallego no actuó en consecuencia. Así, ahora intentarán que la Fiscalía fuerce esta devolución.
Esta central sindical acaba de presentar ante el Ministerio Público una denuncia que va directamente contra el conselleiro de Educación, Xesús Vázquez. A su juicio, el que se perfila como posible alcaldable del PP en Ourense incurrió en una “presunta malversación de caudales públicos y prevaricación”, toda vez que, dice su secretario nacional, Anxo Louzao, “a pesar de haber sentencia firme declarando ilegales” estos conciertos, “esta aún no ha sido efectivizada”. El dinero que, calculan, recibieron estos colegios segregacionistas de manera ilegal serviría para “dotar a la enseñanza pública con 220 profesores y profesoras más”.
Así, en su escrito ante la Fiscalía, la CIG Ensino refleja que la Consellería de Educación hizo caso omiso de sus escritos y especifica que “la falta de liquidación y exigencia de las cantidades indebidamente entregadas” a estas empresas “puede ser constitutiva de delitos” tipificados en el artículo 432 del Código Penal, “que castiga con la pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta” de entre seis y diez años “a la autoridad o funcionario público que consienta que un tercero”, en este caso los colegios segregacionistas, “sustraiga” con “ánimo de lucro” los “caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones”. En el caso del presunto delito de prevaricación, tomar una decisión injusta a sabiendas, la pena contemplada es la inhabilitación especial para empleo o cargo público de siete a diez años.
Louzao espera que el Ministerio Público “leve a cabo las investigaciones correspondientes y esclarezca las eventuales responsabilidades”, toda vez que “no se puede aceptar que un conselleiro de Educación esté al servicio de estos centros retrógrados, que tienen un ideario que es un obstáculo contra la igualdad de género”. En este sentido, recuerda que la CIG Ensino tiene también recurridos los conciertos educativos otorgados a estos centros para el período 2013-2017, ya que “su firma fue previa a la aprobación de la LOMCE”, la denominada Ley Wert, que sí da cobertura legal a estas subvenciones.
Mientras la CIG Ensino espera la respuesta de la Fiscalía y del juzgado de guardia de Compostela, donde también formularon la denuncia, el Gobierno gallego sigue sin realizar movimiento alguno al respecto, al margen de lo ya manifestado por Alberto Núñez Feijóo tras la sentencia que anulaba los conciertos, cuando consideró que, dado que el dictamen “no aclara” el “asunto” de la “devolución”, “se solicitará aclaración de las sentencias”. Mientras, en el Parlamento, la portavoz del PP en materia de Igualdad, Rosa Oubiña, aprovechaba este miércoles un debate sobre educación para volver a defender este tipo de colegios ya que, asegura, la separación de niños y niñas en las aulas no implica “segregar”, sino únicamente una “educación diferenciada”.
