Feijóo prepara el terreno para que el Estado pueda intervenir las cuentas de Galicia

Veinticinco de abril de 2012. La oposición cuestiona al presidente de la Xunta por el incremento de las tasas universitarias y, en general, por las finanzas de la comunidad autónoma y la gestión de las competencias propias en la materia. En un tono sensiblemente airado Alberto Núñez Feijóo contesta que la mejor manera de “garantizar el autogobierno” es “mantener una comunidad autónoma que paga, mantener una comunidad autónoma solvente y no ser, en ningún caso, una comunidad autónoma que pueda ser intervenida por el Gobierno de España”. “Galicia es la comunidad más solvente” y por eso le reclamaba a la entonces portavoz del BNG, Ana Pontón, que “apoyase a un gobierno responsable que blinda no sólo los servicios públicos, sino que blinda el autogobierno de Galicia”. Esa firmeza parece estar ahora en tela de juicio, a juzgar por las palabras del propio líder popular.

Veintinueve de agosto de 2012. Feijóo protagoniza en Ribeira uno de sus primeros actos públicos tras hacer público el adelanto de las elecciones al 21 de octubre. La Generalitat de Catalunya acababa de solicitar el acceso al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), esto es, acababa de pedir el rescate financiero por parte del Estado a cambio de ceder parte del control sobre su autonomía financiera. “Hoy Galicia paga y Catalunya pide”, sentenció ante la prensa. “Galicia va a seguir siendo la comunidad más solvente de España” y eso es “la mayor garantía de autogobierno de una administración”. Galicia, explicaba, “ni pidió un euro de los primeros 35.000 millones que puso a disposición el Ministerio de Economía ni ahora necesita dinero para seguir trabajando”. En definitiva, resumía, “Galicia no va a ser rescatada”.

Diecinueve de octubre de 2012. Faltan dos días para las elecciones y Feijóo protagoniza un acto de campaña en A Coruña. “Galicia es la comunidad más autónoma de España”, aseguró. Esto era así porque “no necesita las ayudas del Gobierno de España”. Y esta circunstancia se producía, entre otros aspectos, porque su Gobierno “no gasta más de lo que tiene” e hizo “más con menos”, repetía.

Las premisas lanzadas en este acto de A Coruña y en todos los anteriores comienzan ya a cambiar. El presidente sigue rechazando nominalmente que Galicia vaya ser rescatada y sigue erigiéndose a sí mismo en referente de la “anticipación” para evitar la intervención y la pérdida de autogobierno. Pero esto sucede sólo nominalmente.

El pasado martes Feijóo acudió a una entrevista en Radio Nacional de España y, a pesar de la amabilidad del diálogo radiofónico, sí fue interpelado por la posibilidad de que la Xunta acuda finalmente al FLA, como parece que desea el Gobierno central para así tener a raya a la práctica totalidad de las autonomías. “Galicia no acudió ni a los créditos ICO” para el pago a proveedores “ni al fondo de liquidez” y eso “es bueno para España”, explicó. “En el año 13 usted me pregunta si vamos a acudir” a este fondo. ¿Acudiremos? “Veremos en 2013 lo que puede ofrecer el mercado [de deuda pública] y lo que puede ofrecer el Tesoro [en referencia al FLA]”. “Si el Tesoro ofrece condiciones mejores de financiación que los créditos del mercado, no tenemos ningún interés en darles a ganar a los bancos o al mercado de capitales”. Esto es, la puerta queda abierta para el recurso al FLA y, por lo tanto, para la intervención.

Con todo, dialécticamente el jefe del Gobierno gallego nada y guarda la ropa. Es posible que su Ejecutivo pida dinero del FLA pero “no estamos en el supuesto del Fondo de Liquidez” como sí están las autonomías “que tenían problemas para amortizar los créditos y para colocar la deuda del ejercicio corriente”. Este año las “necesidades de deuda son la mitad que en 2012”, explica. El Estado “nos autorizó unos 800 millones de deuda nueva y en 2013 vamos a emitir entre 450 y 600”. No obstante, de los Presupuestos de la Xunta saldrán más de 1.000 millones de euros para endeudamiento, de los cuales más de 200 son para pagar intereses.

Un férreo control por parte del Estado

Pero, ¿qué sucede si la Xunta acude al FLA? Según las condiciones del Real decreto ley de medidas de liquidez de las administraciones públicas, “en el plazo de quince días desde la aprobación del acuerdo” de acceso al fondo, el Gobierno gallego debería “presentar y acordar con el Ministerio de Hacienda un plan de ajuste que asegure el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y deuda pública” y la propia devolución del dinero que se pida. Una vez remitida la documentación inicial, en los primeros cinco días hábiles de cada mes la comunidad autónoma le enviará al Ministerio “las actualizaciones que correspondan” y, además, el Gobierno central debe tener “acceso” a toda la información financiera de la autonomía y el incumplimiento de los recortes previstos “dará lugar a la inadmisión de la adhesión al mecanismo” y, por lo tanto, no llegaría el dinero a Galicia. En resumidas cuentas, esto implicaría el incumplimiento de la promesa lanzada por Feijóo en su debate de investidura: “yo no quiero aquí a los hombres de negro”, afirmó desde la tribuna parlamentaria.

Esto sucedería en un contexto en el que la deuda pública de la comunidad autónoma se ha incrementado en prácticamente un 100% desde el año 2009. Mientras el déficit público se mantenía controlado, el endeudamiento ha sido galopante y ha llegado a los 7.662 millones de euros a finales del tercero trimestre de 2012, según datos del Banco de España. Esto implicó también el incremento de la dotación presupuestaria de las partidas de deuda pública.