“Los fuegos son una parte más del problema del abandono del rural en Galicia”

Continúan las críticas a la política forestal de la Xunta, referidas a la ineficacia y falta de coordinación del dispositivo de extinción, pero sobre todo a la escasa preocupación mostrada por el Gobierno gallego por profundizar en las causas últimas del fuego, para centrarse únicamente en la obvia condena a los incendiarios. “¿Por qué se producen en Galicia el 45% de los fuegos del Estado cuando tenemos el 7,7% de la superficie forestal?”, se preguntaba este lunes Antón Sánchez, diputado de AGE y responsable de medio ambiente de Anova, “el factor diferencial de Galicia no es que aquí haya más pirómanos”, concluía, al tiempo que calificaba de “vergonzosas” y “imprudentes” las declaraciones triunfalistas de Feijoo de la pasada semana “en medio de la campaña de fuegos, cuando aún había incendios dentro de las casas”.

Para Sánchez, la apelación constante a los incendiarios: “es un recurso manipulador, infantil y simplista, que toma por tonta a la población”, que pretende hacer olvidar “su responsabilidad” como gestores de la política forestal. Antón Sánchez centró su análisis en que “los fuegos son una parte más del problema del abandono del rural en Galicia, causado por decisiones políticas”. El diputado de Alternativa destacó que “en los últimos 30 años 150 mil explotaciones han abandonado la actividad agraria. Todas esas personas que sostenían esas explotaciones eran agentes que luchaban contra el fuego indirectamente con su actividad de vigilancia, de estar sobre el terreno y de mantenimiento de la superficie agraria”.

Sanchez también denunció las políticas de reforestación de las superficies agrarias: “en los últimos años miles de hectáreas pasaron de ser superficie agraria para la producción de alimentos a ser superficie forestal, ilegalmente en su mayor parte y con la complicidad de la Xunta” y concluyó que “para empezar a luchar contra el fuego lo que se precisa es recuperar la superficie agraria útil que había en los años 80, porque además este país necesita tierra para producir alimento”. “Son decisiones que hicieron que el monte y la agricultura, que tradicionalmente habían sido aliados, sean enemigos. Hay que hacer una explotación del monte integrada, multifuncional y de acuerdo con las necesidades de la gente que vive de la actividad agraria en el rural”, añadió.

Sánchez recordó también que “el plan contra incendios de 1992 preveía la reducción paulatina del gasto en extinción, para centrar los esfuerzos en la prevención. Y siguen gastándose 90-100 millones en extinción” y destacó que “este debate hay que darlo todo el año, no durante tres meses”. “Que empiecen por reconocer que es un problema estructural y que comiencen a debatir un cambio de modelo en el rural”, reclamó.

“Gestión integral del monte”

Mientras, EQUO Galicia reclama “una gestión integral del monte” e incide “en la necesidad de poner en valor el potencial real de los montes gallegos”. La formación ecologista denuncia que la nueva ley de montes “abre las puertas a la venta de nuestros montes con la excusa de la rentabilidad de sus recursos, expropiando los montes de man común y facilitando el camino a las empresas madereras y a las explotaciones extensivas de biomasa” y señala que “el fin de estas empresas siempre será exclusivamente el económico y nunca la puesta en valor de los recursos propios pensando en un futuro sostenible, apostando siempre por especies arbóreas con un rendimiento económico inmediato”.

EQUO considera que la mejor defensa contra el fuego es “el impulso de una gestión del monte global y eficiente comenzando por la formación de la ciudadanía a nivel local sobre el potencial de los posibles usos del monte” porque “los incendios no desaparecerán entretanto no lo hagan las principales causas que los generan”. Demanda “impulsar la creación y estabilización de empleo en el medio rural, protegiendo a la vez nuestros ecosistemas y recursos naturales de nuestros bosques y montes” y recuerda que “las tareas de mantenimiento y conservación son nulas por parte de la mayoría de las comunidades de man común y de los particulares o simplemente se limitan a desbrozar”.

La formación también critica que “tan sólo el 25% de los trabajadores en las áreas forestales realizan labores de mantenimiento o extracción entretanto que el restante 75% del personal que trabaja en las zonas forestales lo hace en período de incendios”.

CC.OO. denuncia que más de la mitad de las brigadas de extinción están “incompletas”

CCOO viene de remitir un escrito al secretario general técnico de la Consellería de Medio Rural denunciando que que más de la mitad de las brigadas de extinción están “incompletas”, y exigiendo “que se garantice la seguridad de los trabajadores” del servicio de extincíón, que se cubran todas las vacantes de todas las categorías “y que se apueste por un único Servicio Público de Defensa contra Incendios Forestales”.

El sindicato recuerda que estas brigadas en las que no se cubren las vacantes y que quedan por lo tanto “con 2 o 3 integrantes”, además de ser “poco operativas”, ponen “gratuitamente en riesgo la seguridad de los trabajadores”, y señala que esto “constituye una actuación temeraria y alevosa por parte de los dirigentes de la Consellería”.

La central también exige que “se dejen de desviar fondos públicos para contratar brigadistas a través de otras empresas como Tragsa, Natutecnia, Inaer, Seaga o ayuntamientos”, pues estas prácticas “sólo suponen un mayor coste para las arcas públicas, y una mayor descoordinación e ineficacia en la prevención, vigilancia y lucha contra los incendios forestales”