Los abogados de los Franco, en el juicio por el Pazo de Meirás: “Los tribunales no son un lugar para hacer justicia histórica”

El juicio por la propiedad del Pazo de Meirás quedó visto para sentencia este jueves tras la exposición de las conclusiones de las partes. El letrado de la Xunta de Galicia, que participó como interviniente en el proceso -junto a la Diputación de A Coruña y los ayuntamientos de Sada y A Coruña- en la denuncia de la Abogacía del Estado, aseguró que el inmueble debería “volver a las manos del pueblo si fue pagado con su sudor” y así consumarse “un acto de justicia histórica”. Los abogados de la familia Franco respondieron que los tribunales “no son un lugar para hacer justicia histórica” y defendieron su postura, la de que el Pazo fue entregado al dictador para su uso privado, poniendo en duda la validez de los documentos aportados por la Administración.

La Abogacía del Estado afirmó que la escritura de compraventa de 1941, que situaría a Franco como propietario del Pazo de Meirás, sería “un título simulado, un fraude” y que no tendría validez. Javier Suárez, abogado del Estado jefe en Galicia, recordó la existencia de un protocolo notarial de 1938 entre los antiguos propietarios del inmueble y la Junta Pro-Pazo, un documento “con el que se pretendió silenciar la donación al Estado” y que fue “tapado” con el contrato de 1941.  

Ambas partes expusieron sus conclusiones después de tres días con los testimonios de investigadores, vecinos y peritos. La Abogacía del Estado reclamó una vez más la titularidad del inmueble apoyándose tanto en la documentación como en las declaraciones recogidas, que a su parecer demostrarían que “la familia Franco está tratando de apropiarse de un inmueble sufragado por los vecinos y mantenido con dinero público durante 40 años”.

En la misma línea, el Estado cuestionó que el Pazo de Meirás hubiera sido entregado a Franco a título personal, uno de los argumentos de la familia del dictador para justificar la propiedad del inmueble. “No se entiende que Franco actuara como una persona pública a la hora de gestionar y sufragar obras en el Pazo, pero fuera una persona privada para reclamar su titularidad”, explicó el abogado del Estado jefe en Galicia.

La Xunta, la Diputación de A Coruña y los ayuntamientos de Sada y A Coruña, que figuran como intervinientes en la causa, apoyaron la postura de la Abogacía del Estado y reclamaron la titularidad pública del bien en el que sería “un acto de justicia histórica”. “Si el dinero con el que se pagó el Pazo fue obtenido del sudor del pueblo, este debe devolverse a las manos del pueblo”, concluyó el abogado de la Administración autonómica.

Las evidencias documentales que aportó la defensa de la familia Franco constan de varias pólizas de seguro y recibos del pago de impuestos por el Pazo y la explotación agropecuaria anexa. Ni para la Abogacía del Estado ni para los intervinientes son escritos que puedan corroborar la propiedad privada de la edificación, ya que en ningún caso se trata de recibos que verifiquen el pago por parte del dictador.

Valoraciones del proceso

En los momentos previos a la entrada en la Audiencia Provincial, la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López-Rioboo, aseguró que después de varias jornadas de declaraciones “se ha constatado que el Pazo de Meirás es un bien público”. “Espero que el inmueble se pueda recuperar lo antes posible para el disfrute de la gente”, indicó.

Por su parte, el abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera Molina, afirmó encarar la última jornada del proceso judicial “con optimismo” y con “confianza en la justicia”. El juicio, que quedó visto para sentencia, determinará si el Pazo de Meirás pasa a ser una propiedad pública, como demanda la Abogacía del Estado, o si permanece en las manos de los Franco.