El personal de Justicia en huelga acampa ante la sede de la Xunta “hasta que haya un acuerdo”
“Que no se les ocurra que esto remate por aplastamiento”. Setenta y cinco días después del inicio de la huelga en la Administración de Justicia el personal movilizado ha llevado a las puertas de la sede central de la Xunta, en Santiago de Compostela, dos mensajes: el conflicto “tiene que terminar en acuerdo” y la “unidad sindical continúa totalmente en vigor” por mucho que “el mentiroso del conselleiro hable de ruptura”, dice uno de los portavoces del comité de huelga, Pablo Valeiras, en referencia al vicepresidente de Feijóo, Alfonso Rueda. El inicio de una acampada ante el complejo administrativo de San Caetano, sede central del Gobierno gallego, pretende ser un elemento más de presión para que el Ejecutivo acceda a volver a negociar hasta alcanzar una solución en la que la separación entre ambas partes ya se ha reducido de manera notable. Allí estarán, advierten, “hasta que haya un acuerdo”.
El departamento que dirige Rueda va a recibir cada día una solicitud formal como la que el comité registró en la mañana de este lunes y una representación del personal permanecerá acampada para evidenciar que “sólo tienen que abrirnos la puerta” para retomar los contactos. “Nosotros hemos asumido ya una reducción muy importante de nuestra tabla reivindicativa”, señala Valeiras, por lo que cabe concluir que Rueda “o no tiene interés por llegar a un acuerdo o tiene una prohibición” de hacerlo“. Se trata, agrega Enrique Araujo, de ”cerrar el conflicto de manera digna“ y si a pesar de a los acercamientos de las últimas semanas la solución ”no es asumible“, ”la explicación tendrá que darla la Xunta“.
El estado de las negociaciones
Según la documentación divulgada por las centrales sindicales en la propia acampada la “reflexión” de estas semanas y, admiten, también “la cesión por las dos partes” ha permitido que en el aspecto puramente económico la diferencia sea de una media de 12 euros mensuales de incremento salarial -en los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio-, ya que el comité sigue defendiendo un incremento lineal -para todos los cuerpos- de 140 euros. Esta diferencia media es aún menor, de 9 euros, si en el cálculo se incluye al cuerpo de forenses.
Siempre según la información detallada por el comité de huelga, otro de los puntos de conflicto son los plazos para aplicar la propia subida. Tanto el Gobierno gallego como el personal coinciden en que sea aplicada en tres años, pero mientras que la Vicepresidencia defiende aplicar este año la mitad, en 2019 un 30% y en 2020 el 20% restante, el comité apuesta por un 60% inmediato y con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2018 y repartir el restante incremento en sendas partes del 20% en 2019 y 2020.
Otra de las “claves” que permitiría finalizar la huelga, resaltan los sindicatos, es la necesidad de alcanzar una “cláusula de revisión digna” sobre estos acuerdos. La propuesta sindical y la de la Xunta coinciden en una revisión anual en el tercer trimestre de cada ejercicio. No obstante, el comité defiende que estas revisiones “garanticen” que el personal gallego “mantenga la cuarta posición” dentro de las 13 autonomías con estas competencias transferidas “en lo que a los complementos retributivos de determinación autonómica se refiere”. El departamento de Rueda, por su parte, propone que la garantía sea que el personal de la Justicia gallega esté “por encima de la media” de estos trece territorios.
