La fundación de la Xunta que tutela a más de 3.000 adultos cumple tres años sin gerente y atestada de fallos de funcionamiento
La Fundación Pública Gallega para la Tutela de Personas Adultas (Funga) asume la supervisión de más de 3.000 personas con solo dos docenas de trabajadores y sin nadie al frente de su dirección-gerencia desde hace ya tres años. La entidad viene acumulando sentencias que evidencian su incapacidad para atender de manera adecuada a todos sus tutelados, responsabilidad que desvía a otras entidades sociales. Sin embargo, la Xunta resta importancia a esa vacante para el funcionamiento de la fundación y atribuye la demora en cubrirla a “cuestiones administrativas” que no aclara.
Hace ahora tres años, el 2 de marzo de 2015, el patronato de la Funga acordó convocar un proceso selectivo para ocupar la vacante de su plaza de dirección-gerencia. El mismo patronato declaró desierto ese proceso selectivo el 17 de diciembre de 2016, decisión que no se publicó en el Diario Oficial de Galicia hasta el 27 de marzo de 2017, dos años después de la convocatoria. Y tres años después esa plaza sigue vacía.
Hace más de cuatro meses, cuando este diario publicó una serie de informaciones sobre los defectos en la atención que la Funga da a sus tutelados, la Consellería de Política Social, de la que depende la fundación, respondió que “en este momento está próxima la cobertura de esta plaza”. A pesar de que entre otras cuestiones se le preguntaba si la entidad está funcionando correctamente sin esa figura, la consellería eludía la cuestión y se limitaba a responder que “en todo momento se cubrieron las funciones y responsabilidades inherentes a ese cargo”.
El Gobierno gallego destacaba el normal funcionamiento de la institución a pesar de que personas tuteladas cometieron o fueron víctimas de delitos u obligadas a ejercer la mendicidad, según evidencian numerosas sentencias. Tras las informaciones de este diario, la directora general de Familia de la Xunta, María Amparo González Méndez, tuvo que comparecer en el Parlamento de Galicia para dar explicaciones a la oposición y allí admitió la existencia de “ciertos riesgos” de que personas tuteladas cometan o sean víctimas de delitos y se justificaba: “Lo estamos haciendo de la mejor manera posible”.
Ahora, a los tres años de la vacante y casi cinco meses después de la promesa de “próxima cobertura” de la plaza, Política Social vuelve a contestar prácticamente lo mismo, igualmente por escrito y sin profundizar en las explicaciones a pesar de las reiteradas peticiones de este medio de conocer en detalle su versión sobre el funcionamiento de la Funga y el trato que da a las personas que tutela. La consellería dice que el proceso selectivo “fue declarado desierto y a pesar de que estaba prevista su cobertura para finales del año pasado, cuestiones administrativas hicieron imposible finalmente llevarlo a efecto”. Y añade que “no obstante, en todo momento se están cubriendo las funciones y responsabilidades inherentes a este cargo y se está trabajando para que se pueda efectuar dicha cobertura del puesto en el menor plazo de tiempo posible”. No aclara qué “cuestiones administrativas” son las que están retrasando la cobertura de la plaza ni cómo está cubriendo “las funciones y responsabilidades inherentes a este cargo”.
Cambio de sede
Por otra parte, la Funga acaba de trasladar su sede de los bajos de un bloque de viviendas situado al norte de la ciudad de Santiago al nuevo edificio construido en el barrio de San Lázaro de la capital gallega para albergar el Centro Gallego de Desarrollo Integral (CEGADI) orientado a la discapacidad, finalizado en 2013 pero cerrado hasta principios de este año.
La Consellería de Política Social explica que el local en el que estaban las oficinas de la Funga hasta ahora es “propiedad del IGVS, estando su uso cedido a la Funga de manera temporal” hasta este mismo año, “motivo por el cual era preciso buscar una nueva localización”. La Xunta explica que “la idoneidad de las instalaciones de un centro como el CEGADI para albergar las dependencias de la Fundación radica principalmente en que muchas de las personas con las que trabaja esta fundación, además de tener su capacidad de obrar modificada o estar incursas en un proceso judicial de modificación de su capacidad, presentan alguna discapacidad, estando las instalaciones del CEGADI totalmente adaptadas para facilitar el acceso de estas personas”. La consellería destaca que estas nuevas instalaciones “suponen una mejora considerable para el propio personal de la fundación”.
