El PP gallego se enmienda a sí mismo para reducir el control ambiental de la Xunta a grandes proyectos empresariales
Como casi cada año desde que Feijóo es presidente, la Xunta presentó al Parlamento de Galicia junto con los presupuestos para 2020 una ley de acompañamiento -que requiere menos debate y trámites que las leyes comunes- con la que en esta ocasión quiere modificar otras 30 normas previas que nada tienen que ver con las cuentas públicas. Pero una vez que esa ley de acompañamiento ya había iniciado su tramitación parlamentaria el PP ha presentado una enmienda con la que ahora quiere modificar una ley distinta a las 30 que ya quería corregir antes, la Ley 1/1995 de protección ambiental de Galicia. Un procedimiento, el de enmendar algo que no se tocaba en el texto original de la ley de acompañamiento, sobre cuya constitucionalidad está pendiente de pronunciarse el Tribunal Constitucional tras una denuncia formulada el pasado año por el PSdeG. Un mecanismo al que el los populares recurren nuevamente para reducir en esta ocasión, entre otras cuestiones, el control ambiental de grandes proyectos empresariales.
La ley establecía hasta ahora que las declaraciones de impacto ambiental aprobadas por la Xunta para permitir grandes proyectos empresariales en el territorio caducaban si a los cuatro años de otorgarse no habían comenzado aún las obras, lo que obligaría a realizar una nueva evaluación ambiental del proyecto en cuestión. La ley de acompañamiento para el próximo año presentada por la Xunta al Parlamento modificaba otras 30 leyes de todo tipo, pero no esa.
Ahora los populares enmiendan la ley de acompañamiento para cambiar también esa ley de 1995 y establecer que “la declaración de impacto ambiental del proyecto o actividad perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el DOG, no se comenzase la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de seis años”, dos más de lo previsto hasta ahora, lo que reduce el control ambiental sobre posibles nuevos impactos de esos proyectos sobrevenidos con el tiempo.
El PP quiere además que esta enmienda tenga carácter retroactivo y contempla que esa ampliación del plazo de cuatro a seis años afecte también a los permisos otorgados desde 2014 que aún estuviesen vigentes sin iniciarse las obras. Y lo mismo propone para las declaraciones ambientales de las concentraciones parcelarias, enmendando igualmente ahora la ley de 2015 que las regula y que tampoco era tocada en el texto original de la ley de acompañamiento.
El procedimiento para modificar esas dos leyes de 1995 y 2015 a través de enmiendas a la ley de acompañamiento que no corrigen el texto original de esa ley de acompañamiento sino directamente las normas anteriores fue ya empleado por el PP el pasado año y denunciado con un recurso de amparo por el PSdeG ante el Tribunal Constitucional, que aún no ha resuelto sobre la cuestión.
Tras conocer las autoenmiendas del PP de este año, el grupo socialista ya ha registrado un escrito en el Parlamento reclamando que no sean tramitadas ni esas correcciones de los populares ni otras enmiendas que propone el grupo Común da Esquerda a otras leyes tampoco citadas originalmente en la ley de acompañamiento. “De ser admitidas supondría llevar a cabo verdaderas iniciativas legislativas nuevas que, por presentarse en el trámite de enmiendas, impediría que los demás grupos parlamentarios pudieran ejercer su facultad y derecho de examen y presentación de enmiendas. Así, son introducidas modificaciones en leyes que ni tan siquiera formaban parte del proyecto de ley remitido” a la Cámara, critican los socialistas. Esto es, la imposibilidad del resto de grupos de enmendar esas enmiendas vulneraría, al entender de los socialistas, el derecho constitucional de todo cargo público a ejercer el puesto en condiciones de igualdad.
Contra el proceder del PP también se pronunció este jueves el grupo Común da Esquerda, cuyo portavoz, Antón Sánchez, criticó que “una vez más, el PP emplea la Ley de Acompañamiento para colar por la puerta de atrás modificaciones legislativas trascendentes que podrían provocar rechazo social, para así obviar el debate público”. En este caso, destaca Sánchez, “lo que pretende el PP es favorecer a las mineras, las eléctricas y a otras empresas que quieren explotar nuestro territorio sin tener en consideración la preservación de los valores medioambientales”.
Mientras recurre a este tipo de procedimientos para modificar en lo que va de legislatura, ya sea a través de las leyes de acompañamiento propuestas por la Xunta o de las enmiendas formuladas por el PP a esas leyes, ahora ya más de 60 normas previas, el Gobierno gallego sólo ha sido capaz de impulsar 15 leyes ordinarias.
