La última sesión de control en el Parlamento de Galicia el pasado miércoles lo volvió a evidenciar. Ana Pontón, líder de la principal fuerza de la oposición, el BNG, preguntaba al presidente Alfonso Rueda por el estado de la sanidad pública cuando había una huelga convocada en atención primaria con apoyo de sindicatos, colegios profesionales o sociedades científicas. Lo que se llevó de respuesta fue una despiadada crítica a su reciente viaje político por Argentina y Uruguay –donde se entrevistó con Cristina Kirchner, en arresto domiciliario, y con el presidente uruguayo Yamandú Orsi– y ráfagas del argumentario último del PP gallego contra el nacionalismo: “A usted lo que le importa es la pancarta y la algarada y alargar la tensión”. La derecha de Rueda ha radicalizado los ataques al Bloque en los últimos meses e intensificado una nueva función, la de oposición a la oposición, pese a gobernar con mayoría absoluta.
Aunque el propio presidente de la Xunta no duda en sumarse a la estrategia, es su número 2 en el partido, la secretaria general Paula Prado, la que de manera más estrepitosa la ha ejecutado. Hasta el punto de, el pasado 24 de octubre, equiparar el derecho a manifestación con la kale borroka. “¿Cuáles son las soluciones [del BNG] en materia de sanidad, de educación, de vivienda, de política social...?”, se preguntaba Prado ese día, “pues la conflictividad, la manifestación, la contestación social... en definitiva, la kale borroka”. Que, a su juicio, los nacionalistas importaban de sus reuniones “con los herederos de ETA”, en referencia a Bildu. Era la misma Paula Prado que, en la última campaña electoral, se inventó una trama de bots rusos, chinos y filipinos vinculada a la oposición y aconchabada para “hablar mal de Rueda”. La prensa afecta y los medios públicos autonómicos difundieron la teoría y el PP anunció que trasladaría sus investigaciones a los tribunales. Nunca más se supo.
Pontón, Otegi, Bildu, ETA
Precisamente en esa campaña electoral, la que le valió a Rueda su primera mayoría absoluta en febrero de 2024, comenzaron los ensayos de esta estrategia. El empuje demoscópico de Ana Pontón era evidente, como también lo era la apuesta institucionalista de la cúpula del BNG. La derecha, que se jugaba retener el Gobierno gallego tras el salto a Madrid de Feijóo –había participado en el complot de Ayuso para defenestrar a Casado–, reaccionó. Un argumentario difundido después del único debate electoral al que se personó el candidato Alfonso Rueda, y que no le fue nada bien, conminaba a los cargos y miembros del PP a equiparar a los nacionalistas gallegos con Bildu. Un vídeo difundido en los últimos días antes de las votaciones fusionaba los rostros de Pontón y Arnaldo Otegi.
“Esta escalada en el tono de los ataques al BNG comenzó en el 24”, no duda en afirmar Roi Pérez Vila, consultor político que ha trabajado para administraciones y partidos, “el PP advierte por primera vez que estamos ante un escenario novedoso, hay una alternativa real de gobierno”. Lo sustenta en datos como la valoración de la líder nacionalista, superior a la de Alfonso Rueda en las encuestas entonces disponibles, y en el crecimiento electoral sostenido. Pontón se hizo con el liderato del BNG en 2016 y obtuvo 6 escaños. Cuatro años más tarde fueron 19. Y en 2024, 25, por el momento su techo histórico. “Entiendo que el PP percibe una amenaza a corto o medio plazo”, añade, “y también por ello ha reorientado algunas políticas públicas en línea con lo que pide el BNG. Sin llegar tan lejos, claro”. Menciona, en concreto, la constitución de una empresa público privada –con mayoría privada, eso sí– para desarrollar energías renovables, el pacto por el gallego o la solicitud de nuevas competencias después de la inacción de los sucesivos gobiernos de Feijóo en la materia.
Según su análisis, el PP de Rueda –al que concede mayor autonomía respecto a Génova que en tiempos de Feijóo– combina esas modulaciones programáticas con un intento de recolocar al BNG en una esquina del tablero político. “De ahí procede su mayor agresividad, su intento de criminalizarlo”, sostiene, “pero creo que puede ser incluso algo contraproducente si se pasan de la raya”. Todavía esta semana el propio presidente de la Xunta insistía en “los peligros de la algarada, la tensión y el enfrentamiento social”. “Nos amenaza a todos y nos corresponde hacer todo lo posible para que esto no sea así”, señalaba tras una reunión con empresarios.
El objeto de su diatriba contra el derecho a manifestación eran el BNG y el sindicato nacionalista, y mayoritario en la comunidad, CIG. A la central también la han criticado por su uso de la caja de resistencia en la última huelga de profesorado contra la precarización. “Les pagan por ir a la huelga”, fue el mantra que repitieron diputadas y diputados populares, apoyados en las publicaciones de la prensa conservadora. Y por una manifestación local el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ante la sede del PP de Santiago de Compostela. “Solo sirvió para generar más desunión y tensión, además violencia”, acusaron los populares en un comunicado. Prado aprovechó la ocasión: “El BNG en estado puro”. La CIG aseveró que la concentración había transcurrido con normalidad. “Es una paradoja y una imagen curiosa”, opina Pérez Vila, “parece que los macarras son los del PP y el partido de gobierno, el BNG, que en realidad está en la oposición”.
Algunos observadores de la cosa política entienden que la estrategia popular no es nueva y ya la usaron en su día contra las denominadas mareas, candidaturas formadas por organizaciones soberanistas y de izquierdas que gobernaron A Coruña, Santiago de Compostela o Ferrol entre 2015 y 2019. Y, sin embargo, también admiten que, tras unos años de tregua respecto al BNG, el PP ha avivado sus ataques a los nacionalistas, trufados de exabruptos. En un extravagante vídeo publicado recientemente en Instagram, su secretaria general acusaba a los de Pontón de “olvidar a los 68 gallegos asesinados con ETA” por reunirse con Bildu y aseguraba, contra toda evidencia empírica, que el actual es “el BNG más radicalizado de toda la historia”. Su interés por desenfocar la apuesta presidencialista de Ana Pontón –“no hay nada más revolucionario que gobernar”, dijo esta en la última Asemblea Nacional del BNG– resulta evidente.
La Xunta como oposición al Gobierno central
Manuel Martínez Barreiro, autor de A novísima dereita e nós (Edicións 2.0, 2011), y ex alto cargo en la rama nacionalista del bipartito (2005–2009), así lo percibe. Pero también advierte de un cambio de naturaleza en el PP gallego, iniciado en tiempos de Feijóo. “La supeditación a Génova es mayor. Me explico”, dice, “el PP gallego y en general los gobiernos autonómicos de la derecha son principalmente elementos de oposición y obstrucción al Gobierno progresista de Madrid”. Así, la proposición de políticas públicas eficaces para atajar los problemas de Galicia queda relegada a un segundo plano. Y aunque su argumentación difiere de la Pérez Vila (el BNG como amenaza a la hegemonía conservadora), sus conclusiones no tanto: la Xunta de Rueda se dedica a la oposición de la oposición. No únicamente por los exabruptos comunicativos y medias verdades contra los nacionalistas, que él define como una “estrategia antagonista y contenciosa en medios y redes sociales”.
“El PP reduce la centralidad del Parlamento y así desvaloriza los espacios de representación de BNG y PSdeG. Impulsa una ola de mociones de censura en numerosos ayuntamientos. No coopera con los gobiernos locales de izquierda y nacionalistas”, enumera. Y, por primera vez, se informa de los planes, carencias y contradicciones internas y externas del BNG para apuntalar sus ataques. El diagnóstico de Barreiro es que el PP ha encontrado algunos puntos débiles y sobre esa base pretende “identificar socialmente al BNG de Pontón”. El primero, su falta de autonomía interna como líder. “Ya no es la que fue en otros momentos”, asegura. Los populares insisten en esa idea, y el propio Rueda la sacó a pasear en la última sesión de control: “Los que de verdad mandan en su partido”, en referencia a la Unión do Povo Galego (UPG), organización núcleo del actual BNG –un frente de formaciones– y a la que pertenece la propia Pontón.
Las dificultades para que el trabajo parlamentario, donde los nacionalistas son la segunda fuerza con 25 de 75 diputados y a mucha distancia de la tercera –el PSdeG, con 9–, tenga eco social son elevadas. Y, a su juicio, existe cierta falta de “porosidad social” del BNG, lo que le impide aparecer como alternativa de gobierno. Sobre esa parte de realidad, el PP edifica su discurso, “blinda su espacio electoral y mantiene al Bloque a la defensiva”. En un escenario de aplastante dominio mediático, además. Es al fin y al cabo esta última clave la que permite a Alfonso Rueda reducir multitudinarias manifestaciones –contra el genocidio en Palestina, contra la instalación de la celulosa Altri– a “un clima social crispado y de pancarta, el camino para equivocarse”. A pesar de que justo en esos dos casos, las protestas, con enorme seguimiento social, hayan contribuido a la rectificación al menos parcial de algunas decisiones y posicionamientos gubernamentales.