La Xunta sustituye los informes municipales por el certificado de una empresa privada para dar licencias urbanísticas
La Xunta concederá, a través de un decreto, la misma validez a los informes municipales y a los certificados emitidos por un tipo de entidad privada especializada para que los ayuntamientos puedan otorgar licencias urbanísticas. La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, anunció que la nueva regulación estará en aplicación en cuestión de semanas y va a fijar que los documentos que elaboran las entidades de certificación de conformidad municipal (las Eccom, una especie de gestoría) sustituyan a los informes municipales para el trámite de dar este tipo de permisos.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, presentó, acompañado de Allegue, la nueva norma, que se va a remitir al Consello consultivo. El objetivo es, según el jefe del Gobierno gallego, “facilitar los trámites para acceso a la vivienda” y evitar atascos en los permisos urbanísticos, que son competencia municipal. “Queremos y tenemos que ayudar a los Ayuntamientos para reducir los plazos en el otorgamiento de licencias”, aseguró la conselleira.
Cuando entre en vigor el decreto, las solicitudes que se presenten con un certificado de una Eccom deberán recibir respuesta del ayuntamiento en un plazo de un mes. Hasta ahora, el plazo para resolver era de tres meses. Los municipios que no quieran formar parte de este sistema pueden salir del mismo, pero tendrán que hacerlo mediante ordenanza municipal. Incluso en ese caso, si no resuelven en tres meses, el solicitante podrá entregar un certificado de una Eccom pasado ese tiempo y se activará ese máximo de un mes para responder, explicó.
La conselleira asegura que la medida es “muy demandada” también por los ayuntamientos. Que se alarguen los plazos para las licencias en este momento en el que la Xunta asegura que apuesta por un aumento de la oferta de vivienda “no se puede permitir”, añadió Allegue, que recordó que este sistema funciona en otras comunidades autónomas. Las Eccom, añadió, deberán estar inscritas en un registro autonómico.
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