“Invierte en justicia”: un 'crowdfunding' para que David derrote a Goliat (en los tribunales)

Teóricamente, la justicia es igual para todos, pero cuando llega la hora de ir a los tribunales, la capacidad económica de cada parte hace de criba. En Estados Unidos, este hecho resulta especialmente palpable. Según datos recogidos por la Asociación Americana de Derechos de Autor, defender una patente en los tribunales puede costar entre 530.000 dólares y 3,6 millones, en función de la cantidad en juego.

“Las empresas con dinero tienen ventaja respecto a los demandantes con menos recursos”, asegura a HojaDeRouter.com Jay Greenberg. El desembolso que implica un litigio contribuye a que muchas demandas queden sin resolver, se establezcan acuerdos precipitados o el escaso presupuesto obligue a contratar profesionales menos cualificados.

En un intento por cambiar las cosas, Greenberg y su colega Mark Volsky han fundado LexShares. El proyecto, que lleva cinco meses en marcha, permite que inversores particulares financien a empresas y personas con pocos recursos para que puedan afrontar los costes de una causa judicial. “LexShares crea una situación igualitaria entre todas las partes implicadas en un juicio”, explica Greenberg.

La iniciativa comparte algunas características con los ‘crowdfunding’ más habituales. Los demandantes presentan sus casos en la plataforma para que los interesados puedan costear parte de los gastos. “Monetizan sus demandas antes de saber la resolución, lo que les permite asumir los riesgos”, dice el economista y asesor financiero. Junto con Volsky, es también autor del libro ‘Invertir en justicia’ y fundador del fondo de financiación de litigios LexStone Capital, uno de los inversores de LexShares.

Por su parte, quienes hacen el desembolso “acceden a unos activos que no están vinculados con los mercados de capitales”. Aquí radica la principal diferencia con los ‘crowdfunding’ gestionados por otros portales: los casos se tratan como un producto financiero de colocación privada, esto es, se venden a través de la bolsa de valores pero solo están disponibles para un grupo selecto de inversores.

La firma WealthForge LLC actúa como intermediario en la transacción. Se trata de un agente de bolsa acreditado, figura en el registro de la Comisión de Valores estadounidense y está reconocido por el regulador financiero federal.

También difiere de otras plataformas por la naturaleza de los proyectos a financiar: LexShares no acepta casos que denuncien perjuicios personales, solo demandas de carácter comercial. Estas incluyen desacuerdos contractuales, demandas de competitividad entre empresas, disputas con entidades de seguros y bancos, fraudes comerciales, vulneraciones de la propiedad intelectual, negligencias profesionales y pleitos entre accionistas.

“Podría ayudar a pequeños negocios a iniciar acciones legales contra Goliat o poder pagarse la defensa ante estas grandes compañías con las que normalmente no podrían competir”, asegura Orly Lobel, abogada especializada en propiedad intelectual, derecho laboral y económico y profesora de la Universidad de San Diego. Lobel cree que serviría también a emprendedores y ‘startups’ a no temer un enfrentamiento con las grandes marcas que lideran el mercado: “En cierta manera democratiza el procedimiento legal y disminuye la ventaja que tienen siempre algunos actores”, prosigue.

No todo vale

Para que un caso sea incluido en la plataforma, tiene que pasar un filtro inicial. Debe recibir el visto bueno de un comité de expertos en derecho financiero, en el que también participan los fundadores y la empresa que tramita la venta. Analizan la probabilidad de éxito de la acusación, las condiciones legales, la capacidad económica del demandado y la trayectoria del demandante.

Una vez superado este filtro, “utilizamos varias capas de seguridad para que solo los inversores cuya identidad hemos verificado y comprobado puedan acceder a los detalles de los casos”, indica el cofundador de la plataforma. Las causas no tienen por qué estar previstas para el futuro, sino que, según el estado en que se encuentren, quienes aportan el capital pueden elegir el riesgo que quieren correr y obtener beneficios en consecuencia.

La aportación mínima es de 2.500 dólares (unos 2.248 euros), mientras que las causas deben encontrarse entre los 100.000 y el millón de dólares. “El periodo para reunir la financiación suele durar entre 45 y 60 días, aunque algunos casos lo han conseguido en tan solo cinco”, explica Greenberg.

Cuando el demandante ha recaudado la cifra estipulada, abona un 10% de comisión a la plataforma por las gestiones, aunque los inversores tienen que esperar un poco más. “En Estados Unidos, una demanda comercial tarda alrededor de 30 meses en resolverse”. Mientras, los implicados pueden seguir todo el proceso a través de la web.

Si, finalmente, quien ha recibido el dinero llega a un acuerdo económico con la otra parte, o bien los tribunales le adjudican una indemnización, la cifra se reparte entre su abogado y los inversores. En caso contrario, el dueño del capital se va con las manos vacías.

¿Una oportunidad para enriquecerse?

Según Greenberg, en su proyecto no hay lugar para la especulación financiera o para causas fraudulentas, que ni siquiera pasarían el examen inicial. “Hemos consultado a asesores y expertos en ética legal para garantizar que la actividad cumple con los preceptos de la responsabilidad corporativa”, sostiene.

Sin embargo, Lobel tiene dudas respecto a la iniciativa y opina que es necesario observar su evolución: “Existe el peligro de que distorsione el procedimento legal en varios aspectos”, asegura. Plantea, en primer lugar, la posibilidad de que se convierta en un negocio con un fin únicamente lucrativo, y cuestiona si se trata en realidad de una técnica de gestión de riesgos por la que solo causas más solventes o con más posibilidades obtendrían financiación.

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La última imagen de este artículo es propiedad de Michael Coghlan