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El plan de PP y Vox para desmantelar la escuela en catalán en Balears: los “desdoblamientos” del 20% del alumnado

Imagen de archivo de una alumna.

Nicolás Ribas

Eivissa —

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El Govern conservador de Marga Prohens (PP), que se sostiene gracias a un acuerdo de legislatura de 110 medidas pactado con Vox, ha presentado este martes nuevos detalles de su política educativa. Debido a la influencia de la ultraderecha en el gobierno autonómico, mediante su apoyo externo, el PP ha terminado cediendo ante Vox y ha hecho suyo lo que los ultraderechistas llaman la “libre elección de la lengua”. Es decir, que las familias puedan elegir si sus hijos estudian en catalán o castellano durante las primeras fases educativas de la enseñanza, así como aumentar el castellano en los colegios e institutos. La mayor parte de la comunidad educativa, en cambio, defiende que se trata de un plan para “segregar” al alumnado en función de la lengua.

La Mesa Sectorial de Educación de las Illes Balears, donde están representados los diferentes sindicatos y organizaciones educativas, ha sido convocada este martes por el conseller de Educación y Universidad, Antoni Vera (PP), quien ha explicado más detalles de cómo será el plan piloto voluntario de la “libre elección de la lengua” y que se implementará a partir del curso 2024-2025. La mayoría de los sindicatos, no obstante, han pedido que se retirara del orden del día porque la documentación relativa a esta cuestión, apuntan, “no se ha presentado en tiempo y forma”. “Se estaba elaborando el borrador, que vino un poco precipitado de tiempo y han faltado unas horas”, reconoce Vera y avanza que dará a los sindicatos “el tiempo que haga falta para que presenten las enmiendas necesarias”.

“No es un derecho de las familias”

El conseller Vera ha afirmado que “segregación” no es la palabra idónea para referirse al nuevo plan educativo. “Esa no es la palabra”, valora, apuntando a que se utilizarán “las metodologías, que ya están establecidas en la LOMLOE, para hacer agrupamientos flexibles de alumnos o desdoblamientos de aulas”. Por otro lado, Vera también insiste en que aquellos centros educativos que están conformes con su proyecto lingüístico podrán continuar con él. “No es un derecho de las familias” adherirse al plan, afirma Vera, sino que el derecho es “poder elegir la lengua de primera enseñanza”.

Del mismo modo, solo los centros en los que haya un 20% de alumnos de cada nivel y etapa educativa que quieran sumarse al nuevo plan lingüístico podrán adherirse a él. “Serán los centros los que den a las familias la oportunidad de elegir, en las dos o tres materias que éstos propongan para el plan, en qué lengua vehicular quieren que sus hijos estudien”, señala Vera. “Es en este punto en el que se ha puesto un mínimo de un 20% de alumnos”, añade. Además, los colegios e institutos que quieran sumarse al plan deberán garantizar que disponen de las instalaciones idóneas. “Para hacer los desdoblamientos hace falta espacio. Por tanto, es claro que los centros que no dispongan de éste no podrán adherirse al plan”, concluye Vera. Si se trata de un grupo reducido será de un mínimo de cinco alumnos por grupo.

La dirección de los centros decidirá el modelo

Una de las cuestiones que más polémica ha generado es que el Govern traslada a la dirección de los centros la responsabilidad de aplicar o no este plan. Esto es así porque, según afirma el borrador de la resolución que regulará el plan piloto, al cual ha tenido acceso elDiario.es, serán los centros educativos quienes “voluntariamente” podrán adherirse (o no) al proyecto. Si así fuera, el centro recibirá los recursos y la dotación presupuestaria correspondiente para “ofrecer determinadas áreas o materias en las dos lenguas, a elección de los padres y madres de los alumnos”.

“Toda la presión mediática que se pueda recibir, incluso por las familias, será para los docentes. Y esto será un problema. Es una irresponsabilidad del Govern cargar esta responsabilidad a los centros educativos”, valoró a este diario Miquel Àngel Guerrero, portavoz de la Federación de Asociaciones de Familias de Mallorca (FAPA). “La comunidad educativa ha mostrado su preocupación unánime porque se traslada el conflicto a las direcciones de los centros”, coincidió Joan Miralles, entonces presidente de la Obra Cultural Balear (OCB).

La comunidad educativa se opone

Según la resolución del borrador, el Ejecutivo autonómico justifica la nueva política lingüística en el hecho de que las instituciones deben “promover una educación que se base en la integración y el diálogo, la convivencia y el respeto y el intercambio real de todas las culturas que conviven en las mismas islas”. En este sentido, señalan, “si hablamos de inclusión, tenemos que tener en cuenta que las Illes Balears son una comunidad autónoma en la cual convive la cooficialidad de dos lenguas, la catalana y la castellana”. “El ejercicio pleno de la ciudadanía reclama un sistema educativo que garantice que, al acabar la educación obligatoria, todos los alumnos sean capaces de utilizar con habilidad las dos lenguas oficiales”.

El problema es que, según ha señalado la mayor parte de la comunidad educativa a este diario, la mayoría de los alumnos del archipiélago balear son menos competentes en cuanto al dominio oral y escrito del catalán que del castellano. Es decir, según gran parte de los docentes, el problema podría empeorar si se reducen las horas de catalán mientras se aumentan las dedicadas al castellano. “Muchos alumnos no tienen competencias para expresarse en catalán, pese a que tenemos un sistema que asegura el 50% de las asignaturas en dicho idioma”, afirmó a elDiario.es Mario Devis, secretario general de la rama educativa de CCOO en Balears. “La Conselleria de Educación tiene informes sobre cuáles son los resultados del conocimiento de las lenguas en diferentes periodos. No hay un mayor conocimiento del catalán sobre el castellano”, aseguró a este diario Miquel Àngel Guerrero, portavoz de la FAPA.

El Govern se apoya en la educación “religiosa y moral”

No obstante, según consta en el borrador de la Conselleria de Educación y Universidades, que servirá de base para el futuro proyecto educativo, el ejercicio pleno de la ciudadanía balear reclama un sistema educativo que garantice que, al acabar la educación obligatoria, “todos los alumnos sean capaces de utilizar con habilidad las dos lenguas oficiales”. Para justificar el texto citan el artículo 27.3 de la Constitución, que establece que los poderes públicos “deben garantizar el derecho que asiste a las familias para que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. El Govern de Prohens interpreta que, para que se haga efectivo este artículo constitucional, las familias tienen que poder escoger -dentro del marco jurídico de la Comunitat Autònoma- la lengua con la cual se implementará la enseñanza de sus hijos, sea el centro “concertado, privado, religioso o laico”.

En cualquier caso, el Ejecutivo balear insiste en que el proyecto piloto respetará tanto la Ley de Normalización Lingüística como la Ley de Educación y el Decreto de Mínimos (que implica que la mitad de la enseñanza se imparta en catalán), en relación a los conocimientos de las dos lenguas oficiales que debe tener todo el alumnado cuando termina la educación obligatoria. Así, el borrador cita lo que establece la Ley 1/2022, de 8 de marzo, de Educación de las Illes Balears, que afirma que el objetivo del modelo lingüístico debe garantizar que los alumnos “puedan utilizar normalmente y correctamente el catalán y el castellano, así como cumplir los objetivos propios del proceso de normalización lingüística”. Este objetivo implica que el alumnado debe tener un dominio pleno y equivalente de las dos lenguas oficiales: es decir, implica adquirir y desarrollar las habilidades y las competencias relativas a la expresión y la comprensión oral, escrita y lectora. Asimismo, el texto recuerda que el actual marco normativo “establece que los centros educativos deben asegurar que la mitad del cómputo lectivo se impartirá en catalán”.

Así, el plan piloto se pondrá en marcha el próximo curso 2024-2025, y se espera que esté vigente hasta el 2027-2028. Durante el primer curso, el plan se iniciará para los centros de educación primaria que lo soliciten. El plan continuará durante los dos siguientes cursos. Para el curso 2025-2026, se iniciará en los centros de educación secundaria que así lo pidan y se aplicará durante los dos siguientes cursos. En ambos casos podrán adherirse al proyecto tanto los centros públicos como los concertados. El calendario de gestión y aplicación del plan para los centros que se adhieran correrá a cargo de la directora general de Planificación y Gestión Educativas de la Conselleria de Educación. Al final del plan, el Govern evaluará los resultados del mismo.

La OCB anuncia “acciones judiciales”

La OCB pedirá la suspensión cautelar para que “el plan de segregación lingüística no pueda aplicarse el próximo curso” como pretende la Conselleria de Educación, asegura la entidad cultural balear. “El Plan Vera no se ajusta al marco legal actual, ya que pretende separar a los alumnos por razón de lengua y va en contra del modelo lingüístico que ha estado vigente en los últimos 25 años, que se ha demostrado que es un factor de éxito de nuestro sistema educativo”, valora Antoni Llabrés, presidente de la OCB. “Y vulnera el Decreto de Mínimos en relación con las materias que se tienen que impartir en lengua catalana”, añade Llabrés.

El presidente de la entidad opina que el Govern de Prohens debería “replantearse la puesta en marcha de este plan de segregación lingüística porque es rechazado por toda la comunidad educativa y por todos los partidos políticos de la oposición”. “Es un plan que no sigue ningún criterio pedagógico, no tiene carácter normativo por la forma en que se ha tramitado y va en contra de la autonomía de los centros educativos”, insiste Llabrés y añade que es una propuesta “engañosa” porque va “disfrazada” de recursos humanos y económicos para intentar captar la “adhesión voluntaria de las escuelas y los institutos”.

“Es una propuesta que privilegia que los centros se adhieran vulnerando los principios de igualdad y equidad del sistema educativo”, zanja Llabrés, motivo por el que solicita la “rectificación” del Govern en la aplicación del plan. En su opinión, “responde a la necesidad de satisfacer los proyectos de su socio de extrema derecha y su obsesión por dejar en una presencia residual, en la escuela, la lengua propia”. La OCB alerta, en su opinión, que la aplicación del plan del Govern “haría imposible el objetivo de que los alumnos, al acabar su etapa formativa, tengan un dominio de las dos lenguas oficiales, ya que la escuela es el único elemento corrector que puede garantizarlo, debido a la situación de desventaja que hay en el uso social del catalán”.

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