Antoni Llabrés, nuevo presidente de la Obra Cultural Balear: “La extrema derecha nos ha puesto en la diana”
Antoni Llabrés (Palma, 1968) se convertirá este miércoles en el nuevo presidente de la Obra Cultural Balear (OCB). Licenciado en Derecho por la Universitat de les Illes Balears (UIB), es profesor de Derecho penal desde el curso 2019/2020 y previamente estuvo vinculado a la Universitat de València (UV). Especialista universitario en Criminología por la Universitat de Barcelona (UB) y doctor en Derecho por la UV, ha sido miembro del Instituto de Criminología y Ciencias Penales (ICCP) y del grupo de investigación ‘Tendencias actuales en el Derecho penal y la Criminología: prevención y garantías penales’. Llabrés, además de contar en la Junta Directiva con la mayor parte de los miembros que estuvieron con su antecesor, Joan Miralles, llega respaldado por más de cien representantes de los ámbitos de la cultura, la universidad, la enseñanza, el derecho, la empresa, los sindicatos y otras entidades del tejido asociativo isleño. En este sentido, Llabrés seguirá la línea iniciada hace dos años por Miralles.
Llabrés define la situación lingüística con el actual Govern del PP, que cuenta con el apoyo externo de Vox en virtud del acuerdo rubricado por ambas formaciones a inicios de legislatura, como “un escenario peor que el cuatrienio negro de José Ramón Bauzá”, en referencia al anterior gobierno autonómico de los conservadores que agitó la conocida como marea verde. En una entrevista con elDiario.es, Llabrés afirma que la OCB seguirá ejerciendo su función de “centinela”, es decir, vigilar y controlar las políticas lingüísticas de los poderes públicos que, en estos momentos, define como “regresivas” en lo que se refiere a las instituciones en las que gobiernan los populares a través de su pacto con la extrema derecha.
¿Cuál es la línea que seguirá la OCB después de la renuncia de Joan Miralles?
La OCB, en estos dos años de presidencia de Joan Miralles, ha recuperado el papel que tenía como entidad de referencia de la sociedad civil organizada en defensa de la lengua, la cultura y el país. El equipo que ahora encabezo está formado por la Junta Directiva de los últimos dos años. Se incorporan cinco personas nuevas cubriendo algunas bajas que ha habido para reforzar los principales ámbitos de actuación que tenemos. Como entidad de referencia, el papel principal que tenemos como sociedad civil, es el de “centinela”: vigilar y controlar las políticas lingüísticas de los poderes públicos. Esta es la principal función de la OCB.
Se están llevando a cabo iniciativas respaldadas por la OCB como la Plataforma de Sanitaris per la Llengua, que reúne a profesionales del ámbito sanitario que defienden el catalán pero que no se inmiscuyen en el terreno ideológico. Sin embargo, la extrema derecha sigue vinculando a la OCB como una plataforma de ideología independentista. ¿Estas iniciativas buscan también ampliar el espacio de la organización dentro de la sociedad civil balear?
La OCB es una entidad plural y transversal, es decir, es un espacio de encuentro donde se tiene que poder sentir cómoda cualquier persona que se sienta concernida y comprometida con este denominador común: la lengua, la cultura y el país, que son los valores que justifican su existencia. Mi equipo y yo nos esforzaremos para que esto sea así y para que en la OCB se sientan identificadas y cómodas todas las sensibilidades del mallorquinismo. Son comentarios, probablemente, malintencionados, aquellos que pretenden identificar a la OCB con algún tipo de opción política determinada: más o menos soberanista, más o menos autonomista, más o menos de izquierdas o más o menos de derechas. En el eje de coordenadas izquierda-derecha, hay unos límites que no se pueden sobrepasar, que son los límites de los derechos y las libertades civiles. Aquí lo que no cabe es el fascismo y la extrema derecha, que justamente estos años nos ha puesto en la diana.
Se ha llegado a un acuerdo en la Mesa del Parlament, donde PP y Vox tienen mayoría, para que las comunicaciones en la Cámara autonómica también se puedan hacer oficialmente en castellano. ¿Cómo lo valora?
Supone arrinconar el catalán en aquellos ámbitos en los que durante los últimos 40 años había podido alcanzar algunas cotas de normalidad. Efectivamente, el catalán se había convertido en la lengua de uso normal en el Parlament. De hecho, el artículo 6 de la Ley de Normalización Lingüística dice que el catalán es la lengua propia de la Comunitat Autònoma y de sus instituciones. Y cita expresamente el Parlament como una institución cuya lengua propia es el catalán.
Con esta medida se rompe con un consenso que había durado 40 años y que, incluso, se había mantenido e impulsado por anteriores presidentes del Parlament del Partido Popular y de Alianza Popular. Entre ambas formaciones han llegado a tener hasta cinco presidentes del Parlament, anteriores al actual presidente de Vox [Gabriel Le Senne]. Y los cinco habían participado de este consenso. Con la irrupción de la extrema derecha en las instituciones, este consenso se rompe, pues tienen la capacidad de condicionar la acción gubernamental. Es una concesión más del PP para poder mantenerse. Es un episodio más: una medida regresiva más en este sentido. Se ataca al catalán allá donde ha podido alcanzar unas cotas de normalidad más elevadas: en primer lugar, en el ámbito institucional y administrativo.
[Con la implantación del castellano en las comunicaciones del Parlament] se rompe con un consenso que había durado 40 años y que, incluso, se había mantenido e impulsado por anteriores presidentes del Parlament del Partido Popular y de Alianza Popula
De este modo, intentan darle la vuelta a los usos lingüísticos de las instituciones o de las administraciones públicas. Lo han hecho en el Parlament y lo intentan en otras instituciones, como el Ajuntament de Calvià, con la aprobación inicial de un Reglamento de Usos Lingüísticos contra el cual hemos presentado alegaciones. También lo intentan en el Ajuntament de Palma sin modificar el Reglamento de Normalización Lingüística porque nos plantamos y amenazamos con llevarlo a los tribunales. Sin embargo, de facto, sí que hacen este cambio de usos lingüísticos.
O se hace, por ejemplo, eliminando el requisito del catalán en la sanidad pública y anunciando que continuarán en otros ámbitos de la administración, lo cual hace que el ciudadano vea que su derecho a la opción lingüística de comunicarse con la administración en su lengua de preferencia se convierta en papel mojado. Si no hay un funcionario capacitado lingüísticamente para atender a los ciudadanos en ambas lenguas el derecho a ser atendido en catalán se convierte en algo imposible.
Por otro lado, tienen el catalán en el punto de mira en el segundo ámbito donde esta vía había podido tener más avances durante estos años, que es el ámbito educativo. Por eso formulan este plan de segregación lingüística que reducirá la presencia del catalán en los centros educativos.
Este plan piloto dirigido a implementar en el primer cuatrimestre del curso 2024-2025 lo que PP y Vox llaman “la elección de la primera lengua”, ¿a quiénes perjudica más, a los hijos de las familias catalanoparlantes o a los hijos de las familias castellanohablantes?
Esto perjudica sobre todo a aquellas personas que no tienen el catalán dentro de su entorno inmediato. Niños que no tienen el catalán como lengua inicial ni tampoco tienen contacto con el catalán en su entorno (familiar, de barrio o social). La escuela ha jugado todos estos años un papel compensatorio, es decir, compensa con una mayor presencia del catalán la ausencia del catalán en la vida diaria de los niños. Las Illes Balears son una tierra que ha experimentado una llegada de migrantes muy elevada en las últimas décadas. Es un porcentaje muy alto de población nueva. Y muchos de estos niños tienen el sistema educativo como su único contacto con el catalán.
Por tanto, esto permite una presencia preponderante del catalán como lengua vehicular de la enseñanza. Cuando acaban la escolarización obligatoria, los niños están en condiciones de tener un dominio suficiente de las dos lenguas oficiales. Consideramos que una reducción de la presencia del catalán no garantizará este dominio. Los niños continuarán, como hasta ahora, con un dominio del castellano y, en cambio, el dominio del catalán se verá afectado por esta reducción de su presencia.
La escuela ha jugado todos estos años un papel compensatorio: compensa con una mayor presencia del catalán la ausencia del catalán en la vida diaria de los niños. Balears ha experimentado una llegada de migrantes muy elevada en las últimas décadas
Solo tenemos datos sobre la competencia oral de estudiantes de un estudio de 2016-2017 de alumnos de sexto de Primaria que reflejan 20 puntos porcentuales de diferencia entre el dominio del castellano y el dominio del catalán. Dominaba el castellano satisfactoria o muy satisfactoriamente más de un 70% de los alumnos; mientras que en el caso del catalán, el porcentaje se situaba en el 50%. El objetivo, cuando los alumnos terminan la escolarización -y así consta en la ley educativa balear-, es que dominen ambas lenguas. Según estos datos, lo que se debería reforzar es la presencia del catalán en los centros educativos en los que se han quedado en el 50% del Decreto de Mínimos [que establece que al menos la mitad de las asignaturas deben ser impartidas en catalán]. Hay que incrementar el catalán y reducirlo, que es lo que pretende este Govern.
¿El plan piloto del Govern incumple el Decreto de Mínimos y la Ley de Normalización Lingüística?
El plan lo que dice es que no modificarán la Ley de Normalización Lingüística, ni la Ley de Educación, ni tampoco el Decreto de Mínimos. Necesitamos que concreten cómo articularán normativamente este plan. Es decir, ¿será a través del decreto de escolarización, de una orden de la Conselleria o de una resolución del conseller? No lo sabemos porque todavía se mueven en un terreno ambiguo. Todavía no han concretado cómo lo piensan aplicar. Por tanto, una vez que muestren sus cartas nosotros decidiremos qué acciones se pueden emprender. De momento, lo que sí podemos constatar, por las explicaciones del conseller [de Educación, Antoni Vera], es que es un plan que resulta difícil de contabilizar con el principio de no segregación de los alumnos por razones lingüísticas, que figura en la Ley de Normalización y en la Ley de Educación.
El Govern todavía no ha puesto negro sobre blanco con un texto articulado: cómo piensan aplicar lo que en estos momentos es un acuerdo con Vox. No sabemos cómo se concretará, ni qué forma jurídica adoptará: si será un decreto o figurará en el decreto de escolarización que se hace cada año; si será una orden o resolución del conseller… Todavía no sabemos cómo se concretará. El espíritu de lo que se está anunciando, si efectivamente va hacia adelante, puede vulnerar este principio de no segregación porque en la práctica lo que supone es una separación de los niños por razones lingüísticas, no pedagógicas. Por tanto, por motivos estrictamente ideológicos.
Hay un debate dentro de la sanidad pública sobre la eliminación del requisito del catalán como condición imprescindible para que los profesionales puedan conseguir una plaza fija en el Servei de Salut Balear (IB-Salut). Quienes están en contra afirman que el catalán no es un “requisito”, sino una necesidad dado que los pacientes deben comunicarse en la lengua que mejor dominan, mientras que quienes están a favor piensan que el conocimiento del catalán es un obstáculo para la llegada de profesionales a las Islas.
Es una dicotomía falaz. Es una gran falacia. Está constatado empíricamente que el catalán no es un obstáculo para captar sanitarios. Es tan fácil como acudir al proceso de estabilización de interinos que ha puesto en marcha la administración a todos los niveles de todo el Estado y también en la sanidad pública de las Illes Balears. Salieron 2.200 plazas a concurso y en unas 2.000 plazas hubo más candidatos capacitados lingüísticamente que plazas ofertadas. Es decir, el catalán no es un obstáculo. En el 10% restante, unas 200 plazas, se eximió excepcionalmente el conocimiento del catalán porque se consideró que eran categorías de difícil cobertura.
Está constatado empíricamente que el catalán no es un obstáculo para captar sanitarios. Es una dicotomía falaz. Es una gran falacia
Por tanto, es una auténtica falacia: no están contrapuestos la exigencia del conocimiento del catalán a una buena calidad asistencial. Una buena calidad asistencial, justamente, exige que los sanitarios estén capacitados para atender a su paciente en su lengua. El derecho de opción lingüística no comprende únicamente el derecho activo a comunicarme con las administraciones en la lengua que quiera, sino también el derecho pasivo: que la administración me responda en mi lengua de preferencia. En el caso de la sanidad pública de las Illes Balears, muy modestamente, nos conformamos con lo primero y nos basta con que el sanitario nos entienda pero yo también quiero recordar que, en puridad, también debería significar que el sanitario nos responda en nuestra lengua de preferencia.
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