Más de 25 artesanos se quedan sin trabajo en un mercadillo hippie de Ibiza y acusan al PP de irregularidades: “Es injusto”

La cultura hippie trajo a Eivissa, durante la década de los años 70, los famosos mercadillos artesanales donde, a día de hoy, se sigue vendiendo ropa, artículos de joyería y cuero con diseño propio, cosmética natural, productos de decoración o instrumentos musicales, entre otros. No todo es original o de fabricación propia: también hay quien compra a bajo coste para luego vender a precio más alto con el objetivo de conseguir buenos márgenes de beneficios.

Desde hace más de una década, Sant Joan de Labritja, en la zona norte de la isla, acoge cada domingo su propio mercadillo, donde unos 95 comerciantes venden sus productos. “Eivissa tiene una submoda, que es la de los mercadillos, de la cual se han inspirado grandes diseñadores. Incluso Zara tiene colecciones inspiradas en la moda hippie”, explica Paola Podesta, que tiene más de 25 años de experiencia en la venta no sedentaria.

Ella es una de las más de 25 personas que, desde la reapertura del mercadillo el 20 de agosto de 2023 (se anunció su cierre temporal en octubre del año pasado), se ha quedado sin su puesto de vendedora en Sant Joan, después de que el gobierno municipal del Partido Popular sacara, por primera vez, a concurso público la instalación de las paradas. En un primer momento, tanto Paola como el resto de sus compañeros afectados fueron admitidos provisionalmente en una primera resolución de alcaldía del 18 de julio de 2023, según consta en el expediente para la concesión de las autorizaciones del Ajuntament de Sant Joan al cual ha accedido elDiario.es.

En la resolución definitiva de agosto, sin embargo, quedaron fuera del proceso. “Me siento realmente afectado”, lamenta Carlos Yáñez, vocal de la Asociación de Vendedores de Sant Joan, para quien la pérdida de su puesto de trabajo supone una reducción del 80% de sus ingresos. “Tengo 61 años y estoy en una situación delicada”, reconoce Carlos, quien se plantea abandonar la isla después de casi cuatro décadas. “Se ha cometido una injusticia. Hay que buscar una solución para todo este desaguisado”, afirma con emoción Lola Hernández, una de las más veteranas. Lola está a punto de jubilarse, pero tendrá una pensión muy baja, lo cual la dejará en una situación precaria. “El mercadillo me iba bien para ponerme al día”, asegura.

Paola, que ha tenido licencia en el mercadillo desde 2016, hace muchos años que viaja a la India, donde hace sus propias producciones. “Cada colección que hago para cada temporada tiene un sello personal mío”, detalla. Ahora es madre, por lo que tiene menos tiempo para ausentarse de la isla. Hace sus colecciones, sobre todo, con seda de la India, y las termina en unas tres semanas de trabajo frenético. “También trabajo con algodón ‘block print’, que es una forma de imprimación de la ciudad de Jaipur”, que se produce de manera artesanal, con bloques de madera.

Entre las afectadas también hay quien realiza producciones mixtas. Violeta Kaul, con licencia desde el año 2015, tenía un puesto mixto. “Fabrico ropa en la India pero también tengo un taller artesanal en casa. El 90% del cuero que utilizo es de curtición vegetal con denominación de origen y certificado ecológico”, destaca. “Esto no se ha tenido en cuenta”, lamenta. Esta artesana considera, además, que no se ha priorizado la artesanía frente a la compraventa. “Cuando inauguraron el mercado (...) comprobé que había muchísimos puestos con compraventa”, asegura, y añade que la selección de los puestos ha sido llevada a cabo por personas que no tienen “las suficientes nociones para distinguir si algo está hecho por un artesano o por una fábrica”. Ni siquiera han distinguido, considera, el tipo de material o su procedencia. 

Esto le ocurrió, por ejemplo, a Savina Vaquero, quien asegura que pese a vender “joyas de plata y plata chapada en oro”, ha sido asignada en la categoría de bisutería, cuando debería estar en la de joyería. “En mis antiguas licencias constaba como joyería. Si hubiera estado en la categoría que me corresponde hubiera tenido más posibilidades de entrar”, asevera. Carlos, por su parte, vende dos líneas. “Elaboro una en hierro para el herraje tradicional de la casa payesa”, explica. Además, empezó a viajar por el norte de África (Marruecos y Argelia) y el continente asiático en busca de mercancía exclusiva para “vestir puertas y ventanas”. “Siempre he pensado que vendo un producto singular”, manifiesta Carlos, quien dice tener clientes europeos que acuden exclusivamente a él porque “no encuentran este material”. “Nadie recopila tanto en una sola línea”, indica.

Los artesanos denuncian presuntas irregularidades

Los nueve comerciantes y artesanos afectados han narrado a este diario, además, una serie de presuntas irregularidades que se habrían producido durante la adjudicación de las autorizaciones, motivo por el cual han presentado un recurso de reposición en el Consistorio. El documento, al cual ha tenido acceso este diario, asegura que se han vulnerado los artículos 40.2 y 88.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, así como la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior. Por este motivo, han solicitado la adopción de una medida cautelar que permita la admisión inmediata de los nueve recurrentes, “cuánto menos de forma provisional hasta la resolución definitiva del presente recurso”.

En dicho recurso, el letrado de los afectados argumenta que cuando finalizó el proceso de adjudicación, dicha resolución municipal no especificaba “los recursos ni los plazos para recurrirla”, lo cual genera, según lo establecido por el Tribunal Supremo, “indefensión e invalidez” del acto administrativo. El artículo 40.2 de la Ley 39/2015 señala que toda notificación deberá cursarse “dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado”, junto al texto íntegro de la resolución, indicando si pone fin o no a la vía administrativa, qué recursos se pueden presentar y, si procede, el órgano al que pueden presentarse y en qué plazos, en caso de querer acudir a la vía administrativa y/o judicial, entre otras cuestiones.

Del mismo modo, el artículo 88.3 insiste en que las resoluciones “expresarán (...) los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno”. Por otro lado, el recurso apunta a que el Ajuntament ha infringido normas que “protegen la continuidad y expectativa de negocio de las autorizaciones”, ya que, si no hay causa de revocación, son por un mínimo de 15 años, periodo que se considera como el mínimo para “amortizar la inversión”, según el marco legislativo de la Directiva Comunitaria 123/2006/CEE, así como “por la jurisprudencia que legitima el derecho”.

La cuestión de la duración de las licencias es compleja. La Ley 11/2014, de 15 de octubre, de comercio de las Illes Balears, establece en su artículo 49, para el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria en mercados periódicos, que la duración de la autorización “no puede ser superior a un año”. Excepcionalmente, afirma, la autorización puede ser superior a este plazo, “en caso de inversiones, en los supuestos establecidos por cada ayuntamiento”. Sin embargo, añade, “no puede ser superior a siete años”.

En este sentido, el letrado argumenta que la legislación balear implica “pérdida de inversión y clientela” y recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya estableció que las ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Málaga “perdían su validez cuando limitaban a menos de quince años la duración de las autorizaciones”. Asimismo, el abogado señala que sus representados obtuvieron autorización de venta en el mercadillo con anterioridad, los más veteranos en 2012, año de su inauguración. Además, solicitaron la renovación de dicha licencia en 2022 (...) “previo abono de cien euros, pago que la totalidad de los recurrentes realizaron infructuosamente, para la renovación anual de sus autorizaciones”, ya que no recibieron, según su testimonio, “respuesta de dicha solicitud de renovación”. Posteriormente, el Consistorio fijó unas bases para la ya solicitada renovación, “entre las cuales existen dudas, a criterio de la propia jurisprudencia, de que no sean susceptibles de ser consideradas discriminatorias”.

Entre ellas, señalan especialmente una: la especial puntuación por ser residente en el municipio (como se establece en las bases reguladoras) cuando “la venta no sedentaria tiene especialmente prohibido el establecimiento de condiciones al acceso de la autorización que discriminen”, ya sea por razón de raza, procedencia, religión, etc. En cuanto a los criterios de adjudicación, establecidos en el artículo 6 de las bases reguladoras, las solicitudes se valoraron con un máximo de 100 puntos: tipología del producto a vender, hasta 40; formación del vendedor, 30; creación de empleo, 20 (si el solicitante es residente del municipio también obtiene 20 puntos); y experiencia, 10.

Los artesanos critican que el Ayuntamiento de una especial puntuación por ser residente en el municipio, cuando “la venta no sedentaria tiene prohibido establecer condiciones al acceso discriminatorias”, ya sea por raza, procedencia, religión, etc.

Los afectados tenían licencia

Los problemas en el mercadillo de Sant Joan empezaron en el año 2022. Los dos años anteriores fueron complicados debido a la pandemia sanitaria de la COVID-19, ya que el mercadillo permaneció cerrado durante largos periodos de tiempo. Cuando estuvo abierto, en estos dos años, los artesanos trabajaron sin licencia, según cuentan a este diario. Sin embargo, durante los años anteriores, siempre contaron con su correspondiente licencia. En una notificación del Ajuntament de Sant Joan a la Asociación Cultural de Mercaderes del municipio, a cuyo expediente ha accedido esta redacción, el Consistorio reconoce que se eximió a los comerciantes del pago de la tasa municipal, “con el fin de ayudar a los mercaderes a recuperarse económicamente después de los largos periodos de inactividad y sin ingresos”.

El Ejecutivo local anunció, en dicho comunicado del 31 de enero de 2022, la reapertura del mercado para el 27 de febrero, “manteniendo ciertas limitaciones mientras perdure la incidencia de la COVID-19 y la situación sanitaria lo permita”. El Consistorio, en dicha notificación, autorizaba a la Asociación de Comerciantes y Vendedores de Sant Joan (diferente a los que reclaman su vuelta al mercadillo, integrados en otra asociación) llevar a cabo la gestión cultural del mercado. Mediante dicho acuerdo, la entidad debía encargarse de recoger toda la documentación requerida para la “solicitud y tramitación de las licencias de venta artesana para la temporada 2022”, previo pago de 100 euros en concepto de “gestión, tramitación de expedientes y gastos de apertura”.

El Consistorio, por su parte, debía emitir las “licencias definitivas”, una vez finalizado el proceso de “distribución y ubicación de los puestos”, además de cobrar los 80 euros de la tasa municipal correspondiente a la ocupación de la vía pública. Todos los artesanos y comerciantes consultados para este reportaje abonaron los 100 euros en concepto de tramitación de expedientes y otras gestiones, pero, según su testimonio, no les fueron tramitadas las licencias por parte del Ejecutivo local. Por este motivo, el letrado de los recurrentes considera que siguen vigentes, ya que no les consta que hayan sido “revocadas”.

Todos los artesanos y comerciantes consultados para este reportaje abonaron 100 euros en concepto de tramitación de expedientes y otras gestiones, pero, según su testimonio, no les fueron tramitadas las licencias por parte del Ejecutivo local

Cierre temporal del mercadillo

El Ajuntament aprobó el cierre temporal del mercadillo el 29 de agosto de 2022, durante la celebración de un pleno municipal. Según consta en el expediente, al que ha tenido acceso este diario, el Consistorio justificaba que “se considera conveniente el cierre temporal de la actividad del mercadillo con el fin de reorganizar los puestos, su ubicación y gestión”. El gobierno municipal aseguraba, aunque no detallaba los motivos, que por diferentes razones los lugares habilitados para los puestos de venta “no podrán ocuparse”, por lo que se debían buscar “alternativas”. El acuerdo se hizo efectivo a partir del 2 de octubre de ese mismo año. El mercadillo no volvió hasta el 20 de agosto de 2023, una vez finalizado el proceso de adjudicación de autorizaciones para la venta no sedentaria, que ha acabado con más de 25 artesanos y comerciantes veteranos sin su puesto de trabajo.

“No nos cabe ninguna duda de que con voluntad política esto se va a poder solucionar porque nuestro recurso es de carácter amistoso”, afirma Paola, que insiste en que no tienen intención de ir a un “choque de trenes” con el Consistorio. “Estamos pidiendo, de buena fe, resolver esta situación tan problemática para nosotros”, defiende Paola. Y es que tanto para ella como para el resto de sus compañeros afectados quedarse sin el mercadillo les supone, afirman, perder al menos la mitad de sus ingresos.

“Se inicia una etapa con más transparencia”

elDiario.es se puso en contacto el lunes 4 de septiembre con el Ajuntament de Sant Joan para recoger, a través de la portavoz, Carmen Rodríguez, o la alcaldesa del municipio, Tania Marí, la versión del gobierno municipal respecto al contenido del recurso de reposición que han presentado los recurrentes y que señalan una serie de presuntas irregularidades. El Ajuntament respondió que no les constaba haber recibido dicho recurso, que fue enviado por carta certificada el viernes 1 de septiembre. Esta redacción no ha recibido la versión municipal en el momento en que se publica este reportaje. “El mercado de Sant Joan inicia una nueva etapa con más transparencia, seguridad jurídica y originalidad”, afirmó Tania Marí, alcaldesa del municipio, en redes sociales, el día de la reapertura.