Adiós a uno de los últimos chiringuitos asequibles de Ibiza: “Solo quedarán sitios 'aesthetic' con cervezas a 18 euros”
En 1972 se construyó, junto a las playas de es Pouet y es Pouetó, entre el primer y el cuarto hito del término municipal de Sant Josep, un chiringuito revestido de blanco, rótulo con letras azules (“Es Puetó”), junto a un embarcadero de esta zona de la costa suroeste mediterránea de Eivissa. Durante casi cinco décadas ha atendido a sus clientes sobre la arena, con los pies descalzos sobre el muelle en el que está edificado mientras los camareros servían mojitos por cinco o seis euros, cerveza fría y platos combinados por precios asequibles tanto para turistas como para trabajadores.
Se trata de un rara avis en la oferta de restauración actual, sobre todo en la costa, que se ha ido pervirtiendo año tras año casi desde el boom turístico. Primero, edificando hasta no dejar casi ni un hueco disponible y, segundo, transformando las construcciones erigidas casi en los mundos de Poseidón en un proceso de elitización y viraje hacia el lujo: hasta hoy, en es Puetó se sirve y se come en mesas y sillas de plástico, 96 en total esparcidas por 54 metros cuadrados de sombrajo del dominio público marítimo-terrestre.
El dueño del chiringuito –donde finaliza el municipio de Sant Antoni– lo puso a funcionar mediante una concesión administrativa otorgada en 1969, casi de la mano de la turistificación –recién se había estrenado tres años antes, en 1966, el aeropuerto–, y después de que esa concesión se extinguiera en 1984, el explotador continuó funcionando con autorizaciones temporales.
La última solicitud que hizo a la Delegación de Costas de Eivissa, para un periodo de dos años (cuatro temporadas, de 2018 a 2021), fue en 2017. Pero en 2018 Costas rechazó la petición. En la resolución, del 31 de julio, la Demarcación consideró el alto nivel de saturación de servicios e instalaciones de temporada en el litoral balear y además –en referencia al chiringuito en concreto– que existían dos peticiones de autorización: la de la parte recurrente y otra solicitada por la entidad Vicente Blay S.A, como recoge el auto del caso al que ha accedido elDiario.es.
Una “amplia oferta de restauración”
Ahora, esta decisión de Costas ha sido ratificada ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), que ha rechazado el recurso presentado en 2023 por la viuda del antiguo explotador, fallecido en 2022, y da la razón a la Administración. El TSJIB sostiene en su resolución que las obras fijas ocupaban una superficie de playa que ya no se consideraba necesaria, al existir una “amplia oferta de restauración” fuera del dominio público. También aprecia la existencia de instalaciones no autorizadas en el chiringuito. Entre ellas, líneas eléctricas aéreas, almacenes y una ocupación superior a la contemplada en la concesión original, la de 1984.
La Justicia considera que el chiringuito ocupa una superficie de playa que ya no se considera necesaria, al existir una “amplia oferta de restauración” fuera del dominio público
Entre sus alegaciones, la parte recurrente –tras la negativa de Costas de otorgar la concesión– incluía la vulneración del principio de confianza legítima, debido a la larga historia del quiosco, que ha funcionado durante décadas bajo el conocimiento de la Administración. El principio responde a la idea de que la actuación de la administración no puede ser alterada arbitrariamente y tiene importantes consecuencias en el ámbito de la responsabilidad.
Sin embargo, el fallo del TSJIB, dictado el pasado marzo, recoge que ocupar el dominio público marítimo–terrestre no constituye un derecho adquirido, sino una autorización que la Administración puede denegar cuando considera que afecta al interés general o a la protección del litoral. Avala, así, los argumentos de Costas y justifica el cierre por la saturación de servicios de temporada en la zona, la existencia de obras fijas cuya retirada ya había sido acordada y la presencia de instalaciones no autorizadas.
“Nos quedamos sin sitios emblemáticos”
Con esta decisión, el tribunal desestima íntegramente el recurso presentado por la propiedad, que además está obligada a pagar 3.000 por los costes del juicio. “Da mucha pena, sobre todo porque nos quedamos sin sitios emblemáticos, con los que hemos crecido”, expresa Sandra Fernández, de 33 años, quien especula con los motivos que suele haber detrás de estos cierres: la inversión extranjera o la interrupción del relevo generacional en un ámbito laboral duro y difícil de mantener, sobre todo por los elevados costes insulares.
“Va a haber un momento en que solo vamos a tener sitios aesthetic donde vendan té matcha o donde la cerveza te cuesta 18 euros”, lamenta, remitiéndose a los procesos de gentrificación que viven otros lugares (sobre todo turísticos), como Madrid o Barcelona. “Uno se plantea si realmente esto es todo lo que se puede hacer al respecto –para mantener los negocios familiares a flote–. No puede ser”, añade. Maria Concepción Riera, de 60 años, al enterarse de la notícia sintió una leve decepción. Su horario laboral durante la temporada no le permite disfrutar en gran medida de los atardeceres que se ven desde es Puetó, pero recuerda, de cuando ha ido, “lo bien que se estaba allí”.
Va a haber un momento en que solo vamos a tener sitios aesthetic donde vendan té matcha o donde la cerveza te cuesta 18 euros
Los explotadores del chiringuito han explicado a elDiario.es que, de momento, continúan trabajando “con normalidad” mientras el procedimiento administrativo y judicial queda en manos de su defensa legal. Por ahora, cabe contra la resolución del TSJIB recurso de casación y, mientras tanto, vecinos, clientes y personas vinculadas al local han impulsado una recogida de firmas en apoyo al chiringuito “de manera espontánea”, sin tener nada que ver con la propiedad, detallan las mismas fuentes.
Es Puetó ha recibido esta semana incluso la visita del presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, que ha abogado por la “continuidad” de los chiringuitos de gestión familiar y ha apostado por buscar fórmulas que permitan conservarlos sin renunciar a la protección del litoral y al cumplimiento de la normativa. En paralelo, la Junta de Gobierno Local de Santa Eulària –municipio del que Marí había sido alcalde– ha aprobado la demolición de otro de estos negocios de toda la vida en Cala Llonga, como publica La Voz de Ibiza.
El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, también ha querido defender que establecimientos como es Puetó forman parte de la memoria colectiva de residentes y visitantes y sostuvo que la protección ambiental puede ser compatible con la continuidad de estos negocios familiares.
La costa, cada vez más enfocada al lujo
Los cierres proyectan un futuro negro para los negocios de estas características en el litoral ibicenco. Son pocos los que quedan en pie. Sobreviven, como bastiones, a un mercado cada vez más carcomido por la búsqueda de una subida de categoría para atender a un turismo que experimenta –o busca experimentar– también estos cambios: un modelo de mayor “calidad” y menor “cantidad”, por el que apuesta la Administración.
Los chiringuitos familiares sobreviven a un mercado cada vez más orientado al lujo
Una muestra de ello es el aterrizaje del turismo estadounidense en Balears, que empezó siendo una promesa, pero que cada vez es más una realidad que se impone. El perfil del turista de esta nacionalidad, muy atractivo para el sector por sus estancias largas y mayor capacidad de gasto, ha hecho que no solo Eivissa, sino el archipiélago en general, voltee hacia una estrategia turística para captar a este visitante y cualquier otro cuyo perfil involucre un nivel económico elevado, independientemente del origen.
Por otro lado, en las playas, a pesar de las concesiones y la normativa que regula en teoría precios de hamacas y sombrillas, las adjudicatarias someten luego a los equipamientos de playa a condiciones abusivas que repercuten en el bolsillo de los clientes o directamente, excluyen a cierto sector de la población. Sobre todo a los residentes y trabajadores.
Es el caso de Cala Jondal –una playa que ha visto desembarcar de sus yates a Jeff Bezos o Leonardo DiCaprio, entre otros– donde cuatro de las empresas que gestionan estas concesiones obligan a los consumidores a pedir comanda para poder acceder a los servicios. Se trata de lugares donde la sangría de cava, por ejemplo, asciente a 80 euros y donde los precios, además, “cada año suben”, como declaró un trabajador de estos beach clubs a elDiario.es para un reportaje realizado en junio de 2025. Se arremolinan, así, sobre la arena de casi todas las playas de Eivissa, camas balinesas de grandes dimensiones que no dejan apenas hueco para los que simplemente quieren disfrutar del espacio público sin consumir.
Las camas balinesas de grandes dimensiones proliferan en la isla y dejan apenas hueco para los que simplemente quieren disfrutar del espacio público sin consumir
Las casetas de pescadores: también amenazadas
Los chiringuitos más antiguos de Eivissa no son lo único tradicional amenazado alrededor del litoral, sino que la Justicia también ha acechado los últimos meses a casetas de pescadores tradicionales. En concreto, once edificaciones de este tipo en la playa de Portinatx –en el término municipal Sant Joan– construidas sobre Dominio Público Marítimo–Terrestre, como ya informó este diario. La situación es casi la misma: el tribunal cerró la puerta a la legalización del conjunto de casetas y de la terraza del hostal situado justo encima al considerar que incumplían la Ley de Costas.
El Consistorio alegó, para defender la continuidad de las construcciones, el carácter tradicional y etnológico de las casetas varadero, que aseguraba tener intención de incorporar al catálogo municipal de patrimonio. En este caso, al ser parte del patrimonio de Eivissa, para protegerlas existe la posibilidad de declarar las edificaciones como Bien de Interés Cultural (BIC). De hecho, hay algunas, como las de sa Punta des Molí, cerca de es Pouet, o las de Formentera, declaradas como tal.
La gestión depende de la administración local y, en el caso de un chiringuito, solo podría darse de manera muy excepcional –únicamente la construcción, no la empresa– y de poder demostrarse su alto valor etnográfico o social ante la Ley. “Nosotros, por ahora, seguimos trabajando mientras los abogados se encargan de la parte burocrática”, señala la propiedad de es Puetó, que se muestra “muy agradecida” por el apoyo ciudadano y seguirá atendiendo este verano.
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