¿Vivienda social o plaza pública para todos los vecinos? El dilema que divide a un pueblo de Mallorca
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“Me he 'tirado' tres meses, los sábados por la mañana, en una mesa recogiendo firmas”. Antònia Maria Oliver atraviesa la plaza Teixidores, en el municipio mallorquín de Sóller, mientras relata el conflicto que en los últimos meses mantiene a los vecinos en vilo: la pretensión del Ayuntamiento de ceder la zona -destinada en la actualidad a aparcamiento, recinto ferial y punto de encuentro vecinal- para la construcción de un bloque de viviendas sociales que, aseveran, transformarían de forma irreversible uno de los últimos espacios abiertos de este pueblo enclavado en plena Serra de Tramuntana. Antònia Maria lanza una aclaración: “Nos parece muy bien que se construyan viviendas porque es algo necesario, pero no a costa de un espacio como este”.
El debate trasciende lo meramente local y plantea una cuestión de fondo: cómo -y dónde- construir vivienda pública, especialmente en una localidad donde acceder a una casa se ha vuelto casi imposible. En estos momentos, el precio medio de una vivienda de menos de 100 metros cuadrados se sitúa en los 578.125 euros -un 159,23% respecto a hace un año-, de acuerdo a los datos de Fotocasa. Respecto al alquiler, la situación no es menos significativa: según el mismo portal inmobiliario, un estudio o un piso con una sola habitación cuesta de media 1.578 euros. La escalada sostenida en los últimos años revela hasta qué punto Sóller, en línea con la tendencia general de Balears, se ha convertido en un mercado fuertemente tensionado marcado por una elevada presión de la demanda -especialmente vinculada al negocio turístico y a los compradores internacionales-: el resultado es un encarecimiento que no solo eleva el coste de vida, sino que consolida un acceso cada vez más restrictivo a la vivienda para la población local.
En plena emergencia habitacional, el Consistorio, gobernado por el PP, anunció la cesión de la céntrica plaza Teixidores -clasificada como zona libre pública en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sóller- para que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) -dependiente del Govern balear- pudiera construir dos edificios con 24 viviendas de protección oficial, lo que recibió una fuerte contestación de los vecinos al considerar que el proyecto arrasaba con uno de los escasos espacios diáfanos que quedan en Sóller. El Ayuntamiento redefinió la propuesta, planteando la edificación de un solo bloque en forma de 'L' y la construcción de un parking subterráneo exclusivo para residentes, aseverando que el proyecto no supone una pérdida del espacio público, sino una mejora sustancial del mismo al hacerlo “más grande, más atractivo y más funcional”.
El espacio público, reducido “a menos de la mitad”
Vecinos y arquitectos critican, sin embargo, que las recreaciones presentadas por el Consistorio no se corresponden con la realidad física del lugar y generan una expectativa difícil de sostener: “Si se construye, necesariamente tendrá que hacerse disminuyendo el espacio libre”, asevera a elDiario.es el arquitecto Joan Soler, quien estima incluso que éste quedaría reducido “a menos de la mitad”. No solo eso. La solución, a juicio de afectados y urbanistas, traslada además el conflicto bajo tierra: el aparcamiento subterráneo ya había sido explícitamente descartado en la propuesta original debido al riesgo de inundación asociado a la proximidad del Torrent de Fornalutx, que discurre soterrado bajo la zona.
Bajo ese conflicto local late, además, un cambio legal de mayor calado: el introducido por la conocida como ‘ley de liberalización del suelo’, la amnistía urbanística aprobada por PP y Vox que permitirá legalizar viviendas construidas de forma ilegal en suelo rústico so pretexto de facilitar el acceso a la vivienda. El detonante radica en la Disposición Final Novena, que permite que promociones de vivienda pública declaradas de “interés autonómico” se tramiten por la vía rápida, con procedimientos simplificados y menor capacidad de intervención municipal. Es decir, convierte la emergencia habitacional en una herramienta jurídica para acelerar proyectos incluso en suelos controvertidos. Al respecto, especialistas técnicos alertan de que el nuevo proyecto podría sentar un peligroso precedente que abriría las puertas a transformar plazas y espacios protegidos en parcelas edificables.
Bajo el conflicto late un cambio legal de mayor calado: el introducido por la conocida como ‘ley de liberalización del suelo’, cuya Disposición Final Novena permite que promociones de vivienda pública declaradas de "interés autonómico" se tramiten por la vía rápida, con procedimientos simplificados y menor capacidad de intervención municipal
La protesta vecinal, por su parte, se ha materializado en una petición planteada a través de Internet y en una recogida de firmas impulsada, por un lado, por Antònia Maria, y, por otro, por el arquitecto y residente de la zona Rafel Cortès, quienes suman hasta el momento más de 500 apoyos. Su discurso no niega el problema habitacional -al contrario, lo reconoce como urgente-, pero sí cuestiona la ubicación elegida. “Si lo único que tenemos lo quieren quitar…”, lamenta Antònia Maria.
Esta vecina recuerda que la plaza no es solo el lugar donde se instalan las ferias, las tradicionales atracciones de Sant Bartomeu o las actividades comunitarias, sino que también sirve para que los vecinos puedan estacionar sus vehículos, teniendo en cuenta los atascos y problemas de aparcamiento que Sóller arrastra desde hace años y que también han llevado a sus residentes a la movilización. Hasta los años noventa, llegar a esta localidad de 14.000 habitantes implicaba atravesar las 70 curvas de la sinuosa carretera que cruza la Serra d'Alfàbia. Sin embargo, la construcción del túnel de Sóller supuso un antes y un después para esta localidad resguardada entre montañas: la infraestructura, de tres kilómetros de longitud, mejoró con creces las conexiones con este municipio e, irremisiblemente, el lugar se abrió en canal al incremento del tráfico, la presión turística y los problemas de congestión que hoy marcan su día a día.
Rosa, amiga de Oliver, insiste en la dimensión social del lugar: en su opinión, como en la de otros vecinos, el proyecto no solo supondría una transformación urbanística, sino también una pérdida de usos sociales consolidados en el tiempo: “Lo que tienen que hacer es buscar una solución para que esto sea una plaza de verdad, una zona de encuentro para mayores y niños”. Y añade: “Parece que con este proyecto lo que buscan es poder decir que han construido viviendas antes de las elecciones”. Entre otros puntos, los vecinos proponen el despliegue de la Unitat d’Execució prevista en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), lo que permitiría desarrollar suelo de forma ordenada sin necesidad de eliminar espacios ya consolidados como esta plaza, o la construcción de vivienda pública en otros lugares como el solar municipal de Cetre, el antiguo cuartel de la Guardia Civil, el solar municipal de Son Angelats.
De uno de los edificios de la plaza sale Pedro Suau, de 84 años, quien observa el espacio con la perspectiva de quien ha visto transformarse Sóller duranate décadas. Para él, el debate no es solo urbanístico, sino profundamente ligado a la memoria del lugar y a su función en la vida cotidiana del municipio, y muestra su preocupación ante la posibilidad de perder definitivamente este punto de encuentro abierto, vinculado a la actividad social y a las dinámicas del pueblo. Desde la experiencia acumulada, advierte de que decisiones como esta no solo afectan al presente, sino también al futuro de Sóller, al condicionar el uso de un espacio que considera esencial para la identidad colectiva del municipio.
Asimismo, advierte de los problemas técnicos que podría acarrear el proyecto. “Si no la tocan no se inundará. Si se quieren bajar tres metros para hacer un parking…”, apunta, dejando en el aire la incógnita sobre qué sucedería al construir en el subsuelo. La plaza de les Teixidores se asienta sobre un espacio históricamente vinculado al sistema hidráulico del valle de Sóller, atravesado por el curso del torrente de Fornalutx, lo que complica cualquier intervención profunda. Los riesgos de inundación -los episodios de lluvias intensas han provocado históricamente desbordamientos puntuales- y las limitaciones constructivas llevaron precisamente al Ibavi a descartar en sus pliegos iniciales la construcción de aparcamientos subterráneos y viviendas en planta baja en esta parcela.
Entre el derecho a la vivienda y a la ciudad
Joan Soler, una de las voces técnicas que se han posicionado en contra del proyecto, sitúa el debate en la naturaleza misma de la zona. “Es un espacio público con muchas posibilidades para uso público”, sostiene, advirtiendo de que la construcción de viviendas -aunque sean protegidas- supondría, en la práctica, “privatizarlo” y limitar de forma irreversible su potencial futuro. No en vano, Soler no cuestiona la necesidad de que se promueva vivienda social, pero sí su ubicación: intervenir en la plaza de les Teixidores implica “hipotecar” uno de los pocos espacios abiertos del centro de Sóller y, a su juicio, la actuación responde más a una lógica de urgencia que compromete la planificación a largo plazo: “Se está tomando una solución inmediata que elimina otras posibilidades de uso”.
Es un espacio público con muchas posibilidades para uso público. Se está tomando una solución inmediata que elimina otras posibilidades de uso
Desde una perspectiva urbanística, el arquitecto defiende que el futuro de la plaza debería abordarse mediante un concurso de ideas que permita definir su función como espacio público. Aunque en el día a día el lugar funciona como aparcamiento, insiste en que su valor radica precisamente en su potencial para acoger zonas verdes, equipamientos y usos sociales vinculados al centro urbano y a la futura rehabilitación de la Fàbrica Nova. “Es un espacio muy grande, muy céntrico, con muchas posibilidades”, recalca. Soler también pone en cuestión el relato institucional que acompaña al proyecto. Critica que las recreaciones difundidas por el Ayuntamiento resultan “engañosas” y no se corresponden con la realidad del espacio. “El papel lo aguanta todo, pero luego la realidad es otra”, señala. En su opinión, la idea de que no se perderá superficie pública es insostenible: “Si construyes, ese espacio no queda en el aire”.
En relación con el aparcamiento, advierte de un cambio sustancial en su naturaleza: aunque se mantengan plazas, éstas dejarían de ser públicas. “Las que estén debajo de los edificios se alquilarán o venderán”, explica, lo que, en la práctica, supone sustituir un uso colectivo por uno restringido. El proyecto actual prevé mantener además parte del aparcamiento -unas 70 plazas- en ambos lados de la plaza, junto a los edificios, lo que, a juicio de los residentes, no resuelve el problema de movilidad y añade presión urbanística al entorno.
En esta línea, un grupo de arquitectos integrado por Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena y Rafel Cortès, ha cuestionado públicamente el proyecto de viviendas al considerar que supone una alteración de los criterios básicos del planeamiento urbano. Recuerdan que este espacio está clasificado como zona libre pública, lo que, a su juicio, lo hace incompatible con cualquier edificación. Los firmantes advierten además de que la intervención afectaría al entorno inmediato de la Fàbrica Nova, uno de los principales símbolos del pasado industrial del municipio y elemento patrimonial de primer orden -fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2018-. El Ayuntamiento plantea integrar urbanísticamente el entorno de la fábrica dentro de su proyecto urbanístico, defendiendo que la nueva ordenación permitirá conectar ambos espacios y reactivar la zona.
Un grupo de arquitectos integrado por Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena y Rafel Cortès ha cuestionado públicamente el proyecto de viviendas al considerar que supone una alteración de los criterios básicos del planeamiento urbano. Recuerdan que este espacio está clasificado como zona libre pública, lo que, a su juicio, lo hace incompatible con cualquier edificación
Sin embargo, esta idea también ha despertado las críticas entre vecinos y oposición, que ven en ello una contradicción: mientras se apuesta por preservar y dignificar un conjunto histórico protegido -el Consell de Mallorca, propietario del edificio, está impulsando su rehabilitación para convertirla en un museo textil de referencia, se aboga al mismo tiempo por la construcción de viviendas en su entorno inmediato. A su juicio, levantar un bloque residencial junto a la Fàbrica Nova supone alterar su espacio de protección y su perímetro de visibilidad desde la plaza, desvirtuando el valor patrimonial que se pretende recuperar y evidenciando una falta de coherencia en la planificación urbana del municipio.
Construida en 1921 por la sociedad Rullan y Mayol, sobre el solar de una antigua central eléctrica, la Fàbrica Nova comenzó a funcionar en 1922 como fábrica textil y permaneció activa hasta 1970. Durante décadas fue el corazón económico y social del valle: un complejo industrial donde trabajaban decenas de obreros -en su mayoría mujeres- y que concentraba todo el proceso productivo del tejido.
Los arquitectos sostienen que la necesidad de ampliar el parque de vivienda pública no puede servir de argumento para ocupar espacios públicos consolidados, al tiempo que critican la falta de transparencia en la tramitación del proyecto y reclaman una reflexión más amplia sobre el modelo urbano del municipio. En este sentido, defienden la búsqueda de alternativas en suelos ya previstos para edificar, evitando así sentar un precedente que, a su juicio, podría abrir la puerta a futuras intervenciones similares en otros espacios libres de Sóller y de otros municipios.
“Hay motivos para rechazar la propuesta”
Desde el ámbito político, la regidora y portavoz de Més per Sóller, Laura Celià, enmarca el rechazo al proyecto dentro de una crítica más amplia a la estrategia de vivienda impulsada por las administraciones. La formación, asegura, no se opone a la construcción de vivienda pública, pero sí a hacerlo “a cualquier precio” y sin atender a las consecuencias urbanísticas y sociales. “No es una postura infantil de decir no por no: hay motivos jurídicos, urbanísticos y políticos detrás”, subraya en declaraciones a este periódico.
La regidora ecosoberanista advierte, además, de que la operación en la plaza de les Teixidores no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica más amplia de cesión de espacios públicos al Ibavi. En este sentido, señala que el Ayuntamiento ya ha transferido otros inmuebles municipales para este fin y prevé nuevas cesiones, lo que, a su juicio, compromete el futuro del municipio al reducir la disponibilidad de equipamientos públicos. “Si en el futuro necesitamos un centro de día, una escoleta o un casal cívico, no tendremos espacios”, alerta.
La portavoz también cuestiona el enfoque de las políticas de vivienda, al considerar que responden más a una lógica de cifras que a una solución estructural del problema. “Se busca poder decir que se han activado cientos o miles de viviendas, pero sin importar dónde ni cómo”, sostiene, criticando una estrategia que, en su opinión, prioriza el impacto político sobre la planificación a largo plazo.
Frente a ello, Més plantea un diagnóstico basado en los datos del propio municipio: en Sóller existen más de 1.100 viviendas vacías, a las que se suman alrededor de 500 segundas residencias y unas 600 destinadas al alquiler vacacional, cifras que, a juicio de Més, evidencian que el problema no es únicamente la falta de suelo. “La solución no pasa por construir más, sino por movilizar las viviendas que ya existen”, afirma, defendiendo medidas para sacar al mercado el parque vacío y regular los usos turísticos.
Por su parte, el portavoz de la formación local Seny i Sentit, Sebastià Aguiló, señala que su formación se ha opuesto al proyecto “desde el minuto uno”, aunque recalca su apoyo a la búsqueda de soluciones que ayuden a solventar la crisis de la vivienda. “Estamos totalmente a favor de construir pisos de protección oficial, pero no a cualquier precio”, subraya. Aguiló defiende que la plaza de les Teixidores, pese a su uso actual como aparcamiento, cumple una función mucho más amplia como espacio público. “Es el único balón de oxígeno que nos queda en el centro de Sóller”, afirma en declaraciones a elDiario.es.
Estamos totalmente a favor de construir pisos de protección oficial, pero no a cualquier precio
El dirigente político critica lo que considera una falta de alternativas por parte de las administraciones. “No entendemos esta necesidad de construir sí o sí sin plantear otros sistemas”, sostiene, al tiempo que reclama explorar otras vías, como la recalificación de suelos que ya están integrados en el centro del municipio o la habilitación de nuevos espacios para vivienda social fuera del núcleo más tensionado. En este sentido, contrapone la facilidad con la que, según denuncia, se han promovido cambios normativos para habilitar aparcamientos en suelo rústico frente a la falta de iniciativa para generar suelo destinado a vivienda.
El regidor también pone en duda la transparencia del proceso, al asegurar que no existe todavía un proyecto definitivo. “Lo que hay son fotomontajes que no se ajustan a la realidad”, recrimina, cuestionando la fiabilidad de las imágenes difundidas y el relato institucional que acompaña al proyecto. A su juicio, la propuesta “hipoteca para el futuro de Sóller” y responde más a una necesidad política que a una planificación urbanística sólida.
Por último, introduce un elemento simbólico que, en su opinión, evidencia las contradicciones del discurso institucional: a finales de 2022, el pleno aprobó por unanimidad el cambio de nombre de la plaza -de Teixidors a Teixidores- para reconocer el papel de las mujeres en la historia industrial del municipio y todos los grupos políticos acudieron a descubrir la placa con el nuevo nombre. “Entonces todos reconocían que era una plaza y ahora resulta que ya no lo es”, critica en alusión al hecho de que el alcalde de Sóller, Miquel Nadal, señalase que la zona “no es más que un aparcamiento. Aguiló insiste en que, aunque hoy la plaza se utilice en parte como aparcamiento, el espacio debe preservarse como ámbito público con potencial para usos sociales en el futuro.
La plaza que conmemora a las tejedoras
La plaza de Teixidores, de hecho, no es un vacío casual, es el resultado de un pasado industrial desaparecido: su nombre remite a un pasado en el que las mujeres fueron el verdadero motor de la economía local. Como señala el historiador Plàcid Pérez en su trabajo Les fàbriques de teixits mecànics de Sóller. El patrimoni perdut, la mayor parte de la mano de obra en los telares mecánicos era femenina: trabajadoras sometidas a ritmos intensivos, salarios más bajos y escaso reconocimiento, pero fundamentales para sostener la producción. Aquellas fábricas no solo transformaron el paisaje urbano, sino también la vida de generaciones de mujeres que encontraron en el textil una de las pocas vías de acceso al trabajo asalariado. Hoy, ese espacio vacío es también memoria: la de un trabajo invisibilizado que da nombre a la plaza y que vuelve a estar en disputa.
El portavoz del PSIB-PSOE en Sóller, Jaume Mateu, mientras tanto, expresa el rechazo de los socialistas a la propuesta del equipo de gobierno al considerar que no corrige las deficiencias detectadas en el primer proyecto ni responde a las necesidades reales del municipio. A su juicio, se trata de un emplazamiento inadecuado para albergar un bloque de 24 viviendas, entre otras razones, porque el propio planeamiento urbanístico no prevé edificación en ese espacio, calificado como zona libre pública. “Si el problema es que ahora no es una plaza atractiva, es responsabilidad del Ayuntamiento hacer un buen proyecto para mejorarla”, señala, insistiendo en que esta circunstancia no puede utilizarse como justificación para construir en un espacio que debería preservarse como uso público.
Mateu también critica la insistencia del equipo de gobierno en sacar adelante una iniciativa que, según afirma, carece de consenso social y político. En este sentido, insta al alcalde a “abandonar su obsesión” por este proyecto y a trabajar en un frente común que permita dar soluciones efectivas al problema de la vivienda, tanto a corto como a medio y largo plazo. Entre las alternativas, los socialistas plantean medidas como la declaración de Sóller como zona de mercado residencial tensionado para limitar los precios del alquiler, así como la búsqueda de solares más adecuados para ampliar el parque de vivienda pública. Además, reprochan las formas empleadas en la tramitación del proyecto, denunciando la falta de información a la oposición y alertando de que la propuesta ignora elementos sensibles del entorno, como el área de protección de la Fàbrica Nova, declarada Bien de Interés Cultural.
El Ayuntamiento defiende el proyecto
Desde el Ayuntamiento de Sóller defienden el proyecto de la plaza de les Teixidores y aseguran que la propuesta no es cerrada ni unilateral, sino que incorpora aportaciones externas. En este sentido, aseguran haber tenido en cuenta tanto las opiniones de arquitectos locales como las sugerencias recogidas entre la ciudadanía, lo que, a su juicio, ha permitido mejorar y ajustar el proyecto inicial.
Desde el Ayuntamiento de Sóller defienden el proyecto de la plaza de les Teixidores y aseguran que la propuesta no es cerrada ni unilateral, sino que ha incorporado aportaciones externas, tanto de arquitectos locales como de la ciudadanía, con el objetivo de mejorar y ajustar el proyecto inicial
En relación con una de las principales preocupaciones vecinales, el aparcamiento, el equipo de gobierno asegura que el diseño del proyecto garantiza que no se perderá “ni una sola plaza”. Para ello, plantea la construcción del aparcamiento subterráneo destinado a residentes -un sistema ZAR-: frente a las críticas, asegura que permitiría mantener la capacidad actual y, al mismo tiempo, reorganizar el espacio en superficie.
En esta línea, apelan a la viabilidad técnica de la intervención pese a las dificultades derivadas de las características del terreno. Según sostienen, se han desarrollado soluciones específicas para garantizar que el proyecto cumpla con todos los requisitos, incluidos los vinculados a la gestión de recursos hídricos, aunque reconocen que ello implica un mayor coste y complejidad constructiva. Finalmente, recalcan que la actuación no supondrá un coste directo para los vecinos de Sóller, ya que estará íntegramente financiada por el Ibavi.
Las promociones que tramita el Govern en Sóller
Consultadas por este periódico, fuentes de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad señalan que el Ibavi atiende las propuestas de los ayuntamientos y prepara proyectos de vivienda social, destinadas a ciudadanos residentes en las islas, una vez que un ayuntamiento cede una parcela al ente público. De esta manera, aseguran, “atiende puntualmente las necesidades que exprese un ayuntamiento o cualquier colectivo a través del ayuntamiento de cada municipio”. En Sóller, según especifican, el Ibavi tramita tres promociones que suman 29 viviendas en total: las que se encuentran en fase más avanzada son las del cine Fantasio (once viviendas) y del antiguo Hospici (diez viviendas), mientras que se está desarrollando una tercera en la antigua escuela del carrer Marjades (ocho viviendas).
La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad señala que el Ibavi atiende las propuestas de los ayuntamientos y prepara proyectos de vivienda social, destinadas a ciudadanos residentes en las islas, una vez que un ayuntamiento cede una parcela al ente público
El posible proyecto de Teixidores, como señalan las mismas fuentes -dado que “no se ha concretado una cesión de parcela al Ibavi”-, sumaría otras 24 viviendas, lo que situaría el total en 53 nuevas viviendas de protección pública en Sóller. Se trata de un municipio, subrayan desde la Conselleria, con una demanda de vivienda pública que se ha duplicado en dos años en las listas del Ibavi, hasta alcanzar las 74 familias o unidades de convivencia en las listas de espera, que han registrado un aumento del 40% en el último año frente a las 53 de 2024 y las 34 de 2023.
El caso de la plaza Teixidores refleja un dilema cada vez más frecuente en las Islas: cómo equilibrar la creación de vivienda pública con la preservación de espacios urbanos y la identidad local. Mientras las administraciones defienden la necesidad urgente de ampliar el parque de vivienda protegida, los vecinos reclaman participar en las decisiones y explorar alternativas. “Tomando estas decisiones sin tener en cuenta al pueblo, lo único que se consigue es que la gente se tenga que ir”, lamenta Rosa. La recogida de firmas, mientras tanto, sigue creciendo. Y con ella, una pregunta de fondo que el conflicto ha puesto sobre la mesa: no solo cuántas viviendas hacen falta en Sóller, sino dónde y cómo deben construirse.
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