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El Gobierno de Ortega despide a decenas de médicos que atendieron a manifestantes heridos en Nicaragua

Aunque cuando les notifican el despido no aluden a ninguna razón política, todo apunta a que el Ministerio de Salud está llevando a cabo una purga

Por el momento, ya han sido despedidos de manera arbitraria 135 médicos, según indica en un informe la organización Human Rights Watch

"No nos dan ningún motivo, únicamente te entregan una carta en la que dicen que no van a necesitar más tus servicios", explica en eldiario.es Gabriel Guzmán, uno de los cirujanos despedidos

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Autoconvocados de Nicaragua se citan en apoyo a médicos destituidos

Autoconvocados de Nicaragua se citan en apoyo a médicos destituidos EFE

El personal sanitario nicaragüense denuncia que el Gobierno de Daniel Ortega está despidiendo a médicos y enfermeros de manera arbitraria. Según ha podido saber este diario y confirma la organización Human Rights Watch, muchos de los trabajadores apartados de sus puestos habían participado en labores sanitarias durante el estallido de la violencia tanto en las trincheras como en hospitales privados.

"Después de reprimir brutalmente las manifestaciones en todo el país, el Gobierno de Ortega está dirigiendo sus represalias contra todos aquellos que se atrevieron a cuestionar su poder", asegura José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. "El despido de médicos que criticaron al Gobierno es otra prueba de que al Ejecutivo le interesa más asegurarse un poder absoluto en el país que garantizar los derechos básicos de los nicaragüenses".

Antes de las revueltas que sacudieron al país en abril, el acceso a la Sanidad pública de Nicaragua era relativamente normal aunque con muchas listas de espera y, en ocasiones, con escasez de material médico, según explica Gabriel Guzmán, uno de los primeros cirujanos despedidos. Ahora todo ha cambiado. "Los primeros pacientes heridos en el conflicto eran autoconvocados (contrarios al Gobierno). Los hospitales públicos tomaron los datos de estos pacientes, se los dieron a la policía, les siguieron y capturaron", prosigue el especialista.

Los pacientes que resistieron en las trincheras y en las universidades dejaron de acudir al circuito sanitario público y empezaron a depender de médicos que, como Guzmán, atendieron a los heridos a pie de calle y en hospitales privados o semiprivados. "Yo estuve involucrado en las movilizaciones desde el primer momento", explica Guzmán, que tiene 38 años y también enseña en la universidad. "El primer día tuve que atender a una persona a la que habían herido en la cabeza", el especialista asegura que las juventudes sandinistas les atacaron con "piedras y tubos".

"Lo que más atendí fueron heridas de bala"

"Me uní a mis estudiantes y, después, en una iglesia armamos un centro de acopio en el que recibíamos donaciones. La cantidad de donaciones fue impresionante", añade. Sin embargo, los que estábamos preparados para operar o para atender heridas más graves eran pocos. "Tanto en los hospitales como en las trincheras lo que más vi fueron heridas por armas de fuego en tórax, en abdomen y en miembros. También recibimos algunas fatales en cráneo y de esos pacientes tan solo uno sobrevivió, milagrosamente".

Toda esta infraestructura ya se ha desarticulado. En parte, porque ya no hay el mismo nivel de violencia en las calles. Pero esto, apuntan los activistas, es porque ahora Ortega lo controla todo. Por el momento, sostienen desde HRW, el Gobierno ya ha despedido a 135 trabajadores médicos.

"Me despidieron un viernes. Estaba todo normal, ni siquiera el jefe del servicio sabía que me iban a despedir. Llamaron al jefe del servicio para comunicarse conmigo, y me dijo que pensaba que estaban enojados. Así que me dijo que esperase, que iba a ver qué pasaba y que me avisaría", recuerda. Después de hablar con las autoridades del hospital, el jefe de servicio le comunicó a Guzmán que le iban a despedir, que le darían una carta en la que ponía que ya no necesitaban sus servicios. "Me dijo que no sabía lo que estaba pasando. Cuando pregunté el motivo, no me dieron ninguno".

Ejemplar de una de las cartas de despido que el Gobierno está haciendo llegar a médicos de manera arbitraria / Cedida por Gabriel Guzmán

Ejemplar de una de las cartas de despido que el Gobierno está haciendo llegar a médicos de manera arbitraria / Cedida por Gabriel Guzmán

Después de ser despedidos, los trabajadores no intentan entrar de nuevo en el circuito público porque saben que es casi imposible. Una vez apartados, no tienen derecho a casi nada. "Los médicos tienen derecho a una liquidación que es determinada en función de su antigüedad como empleados, pero varios médicos expresaron serias dudas sobre si alguna vez les pagarían lo que les corresponde", dice Vivanco. "Por ejemplo, tras entregarle la carta de despido, las autoridades del hospital se negaron a decirle a una radióloga que entrevistamos cuando le desembolsarían el monto de su liquidación".

A día de hoy, los pacientes autoconvocados ya no van a los hospitales estatales porque corren peligro. "En los hospitales públicos se atiende a heridos, pero solo pro-gobierno. Es verdad que también los hay, pero en un número mucho menor", apunta Guzmán.

"Hasta el sistema de salud público ha sido instrumentalizado para la cacería de opositores de Ortega. Desde el principio de las protestas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó numerosos casos en las cuales los hospitales se negaron a atender a personas heridas en el marco de la violenta represión perpetrada por la policía y las pandillas armadas al servicio de Ortega", concluye Vivanco, aunque Guzmán asegura que no conoce ningún caso en el que un doctor se haya negado a atender a un herido.

Este lunes, el Gobierno de Nicaragua actualizó el número de muertos durante las protestas contra la reforma de la seguridad social y por cese del presidente a un total de 198 personas fallecidas. "Son 198 hermanos nicaragüenses los que han asesinado, 198 vidas irreemplazables", dijo la vicepresidenta Rosario Murillo ante los medios que apoyan a su marido.

Sin embargo, esta cifra es mucho menor a la que aportan las organizaciones humanitarias. La Comisión de la Verdad la sitúa en 266, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos habla de 305 y la Asociación de Nicaragüenses Pro Derechos Humanos dice que la cifra de muertos asciende a 448.

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