El conflicto por el 'oro púrpura' de Brasil: los terratenientes se niegan a salir de las 10.000 hectáreas que ocupan ilegalmente

Alfredo Batista Cunha delinea el mapa con los dedos para mostrar la tierra reclamada en un juicio por la comunidad del quilombo de Gurupá, en la Isla de Marajó, situada en la costa atlántica de Brasil. Se conoce como quilombo a las poblaciones de América Latina herederas de los antiguos esclavos negros. Se trata de un territorio de más de 10.000 hectáreas disputado entre los quilombolas y los granjeros blancos.

A pesar de que los quilombolas ya han conquistado la titularidad de la propiedad en los tribunales, todavía falta desalojar a los hacendados del territorio. La lentitud del proceso agrario ha aumentado las tensiones en ese conflicto que involucra la disputa por el fruto de la palmera açaí, conocido como el “oro púrpura” de la región de Pará.

Para mostrar una de las consecuencias de esa disputa, Alfredo acompaña al reportero de la Agência Pública en un viaje de más de media hora de rabeta –pequeñas embarcaciones con motor– hasta un campamento en la orilla del río Arari.

Allá, el recolector de açaí Gilberto Amador, un hombre tímido, de voz casi inaudible, muestra una cicatriz en la cadera, donde hasta hoy se encuentra alojada una bala disparada tres años antes por el administrador de la hacienda São Joaquim Agropecuária Ltda, Assis da Silva Leal. Gilberto cuenta que cerca de 30 hombres de seguridad de la hacienda llegaron en barcos, disparando con pistolas y escopetas de doble cañón. “Decían: mata a ese hijo de puta”, cuenta.

Amador es una de las víctimas de una disputa de más de medio siglo con la hacienda São Joaquim, de la que también salieron los asesinatos de dos quilombolas y otro que quedó parapléjico en silla de ruedas.

Además de eso, la comunidad cuenta haber recibido, a lo largo de los años, innumerables cargos por robo del açaí en tierras que la hacienda dice que le pertenecen –al contrario de lo que ha decretado la justicia–. A pesar de haber conquistado el título de demarcación, la comunidad de Gurupá continúa amenazada por la hacienda São Joaquim, según afirman los entrevistados en este reportaje.

La historia de la comunidad, localizada en los márgenes del río que le da nombre, el Gurupá, se remonta a la fuga de personas esclavizadas a mediados del siglo XIX en una hacienda en la orilla opuesta del río Arari, donde el Gurupá desemboca.

Durante décadas, las tres familias originarias de la comunidad se han convertido en un grupo de 47 familias, cuya subsistencia siempre fue la selva amazónica, utilizando el açaí para consumo propio. A principios de los años setenta, la llegada del hacendado Liberato a la región lo cambió todo, explica Alfredo.

El fallecido Liberato Magno de Castro y sus herederos, se autodenominaron propietarios de casi la mitad del área titulada, incluyendo todas las plantaciones de açaí que bordean el río Arari. Informes públicos apuntan, sin embargo, a que el área fue ocupada de forma ilegal por Liberato. El principal lucro de la hacienda venía del ganado, del caucho y de la extracción de palmito. Por eso el açaí continuaba en manos de los quilombolas, principalmente para su alimentación.

El conflicto por el control del territorio rico en açaí se ha intensificado durante la última década con la revalorización del precio del fruto, cuya pulpa es responsable de la subsistencia y principal fuente de ingresos de la comunidad quilombola. En las últimas décadas, el açaí ha ganado notoriedad por sus propiedades antioxidantes y vitaminas y ha pasado a ser exportado de Pará, donde es consumido como acompañamiento en las comidas, aotras regiones brasileñas y otros países en forma de helados, barras energéticas y suplementos alimenticios.

En 2018, Pará, el mayor productor nacional de açaí con el 95% de la producción del país, exportó 2.300 toneladas de oro púrpura, cuya ruta llega a casi todos los continentes, según información de la Federación de las Industrias del Estado (Fiepa). Estados Unidos es el destino final del 40% del total.

La cosecha de açaí comienza en el mes de julio y llega hasta diciembre. Entonces es cuando los quilombolas consiguen sacar la mayor parte de sus ingresos. Anualmente, la hacienda arrienda los campos de açaí a trabajadores venidos de otras comunidades, que trabajan a medias, es decir, dejando la mitad de los ingresos a los propietarios de la hacienda.

Si antes las familias vivían esparcidas por distintas riberas repletas de açaí, hoy decenas de casitas bordean las curvas del Gurupá, el único lugar liberado por el hacendado para la explotación del açaí.

Para la Fiscalía brasileña, este es uno de los conflictos más graves que afecta a los quilombolas en todo el estado de Pará. Sin embargo, la comunidad de Gurupá espera, desde hace casi dos años, que el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) realice el desalojo del territorio, ya atrasado varias veces por falta de presupuesto.

Como explica el procurador de la Cámara de Comunidades Tradicionales y Pueblos Indígenas de la Fiscalía de Belém, Felipe de Moura Palha e Silva, la ausencia de recursos no sirve para justificar la no retirada de la propiedad de los herederos de Liberato. “El desalojo tiene que ocurrir ya porque mientras no la retiren [a la hacienda] los conflictos continuarán sucediendo en esta cosecha de açaí”, explica.

Según el fiscal Silva, el retraso del Incra está relacionado con la falta de recursos para la política de demarcación de comunidades quilombolas. “A fecha de septiembre no se había transferido un real de presupuesto para dar continuidad a los procesos. Están parados desde el 1 de enero”, denuncia.

Más allá de eso, otro gran problema de la situación es la “fuerza política local que las personas tienen para impedir la tramitación de los procesos de reconocimiento y propiedad de la comunidad”, afirma.

El administrador de São Joaquim, Assis, apodado por los quilombolas como el ejecutor, tendría, por ejemplo, la ayuda de la seguridad de la hacienda y de la Policía Civil del municipio de Cachoeira do Arari, donde está la comunidad, para proteger la hacienda, según denuncian Alfredo, hoy presidente de la Asociación Restante de Quilombo de Gurupá (Arquig).

“Nuestra lucha se libra desde hace más de cien años y, en el caso de ese hacendado que se dice dueño del área, hace 47 años. Hoy la tierra está decretada como de los ribereños y de los quilombolas, pero las personas que pierden no saben perder”, afirma Alfredo.

“Ellos siempre han hecho eso: traer a la policía para coaccionar. Fue una práctica constante durante mucho tiempo. Cuando la policía comenzó a dejar de venir, él trajo a la milicia”, denuncia Analu Batista dos Santos, estudiante de Derecho y una de las referencias de la comunidad. “Personas encapuchadas que bajaban de un helicóptero en una hacienda cercana. A veces con la seguridad de la hacienda también. Eso es recurrente”, añade.

Traducido por Diajanida Hernández