Europa, punto de partida

Sobre las doce y media de la mañana del 28 de julio de 1977, el entonces ministro de Exteriores, Marcelino Oreja, entregó tres cartas al belga Henry Simonet, en el Palacio de Egmont, en Bruselas. Una por cada organización de la que España quería ser miembro: la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero y la Comunidad de la Energía Nuclear. Lo que se llamaba entonces las Comunidades Europeas. Las cartas estaban escritas en español y firmadas por Adolfo Suárez, que había ganado las primeras elecciones de la nueva democracia unas semanas antes. 

Simonet, ministro de Exteriores que presidía entonces el Consejo, dijo que era un momento “histórico” también para la comunidad europea.

“España ha llegado en el día de hoy al final de un camino que iniciara el 9 de febrero de 1962 y que se vio obstaculizado por una serie de problemas políticos que hoy la joven democracia española ha sabido salvar”, escribía el diario ABC desde Bruselas. La “serie de problemas políticos” era la dictadura, que hacía impensable la integración de España en la organización de los gobiernos democráticos de Europa. El “camino” durante el franquismo se había quedado en la negociación de un acuerdo comercial. 

Las elecciones de 1977 habían dado al país un aire de esperanza. “Más allá de todas las reservas, parece que hay un amplio optimismo de que España irrumpirá pronto en el mundo como una nación sana, moderna y vital, en paz consigo misma y dispuesta a integrarse en una comunidad de estados avanzados con confianza y amistad”, escribía Flora Lewis, corresponsal del The New York Times desde Madrid.

“Todo está cambiando, rápidamente y con bastante fluidez; casi todo ha cambiado ya”, escribía también el filósofo Julián Marías en The New York Times en octubre de 1977. “Los años de Franco parecen increíblemente lejanos. Casi todo lo que parecía imposible ya ha sucedido. Lo prohibido ocupa ahora el primer plano: los partidos políticos, incluidos los comunistas; las elecciones, las huelgas, la autonomía regional; la Generalitat ya ha sido autorizada; las banderas de las distintas regiones ondean, la televisión gubernamental transmite programas en las lenguas minoritarias que coexisten con el español en algunas regiones”. 

Marías, que fue encarcelado en 1939 por no apoyar al franquismo y a quien el régimen prohibió después ejercer como profesor universitario, hablaba de “un cambio profundo y silencioso en la sociedad española” antes del final de la dictadura. Él creía que la llegada de la democracia era aceptar “la realidad” de “una clase media propia de un país europeo” marcada por las ganas de convivencia pacífica: “La concordia es más fuerte que el espíritu de discordia”.

La idea de que la sociedad ya había cambiado y era equiparable a la de los vecinos europeos era una constante. “La juventud española, entre las más liberales de Europa”, titulaba Diario 16 un artículo en noviembre de 1977. Con datos de una encuesta en grandes ciudades europeas, Diario 16 destacaba que los jóvenes españoles apoyaban más el divorcio, las relaciones sexuales entre solteros y la tolerancia que otros europeos de la misma generación. El artículo destacaba que los jóvenes españoles eran “menos machistas” que los franceses y los británicos porque el 90% decía que los hombres debían hacer “todas las faenas del hogar”, y eran junto a los suecos los que más de acuerdo estaban con la afirmación de que mujeres y hombres debían cobrar lo mismo por el mismo trabajo.

El ímpetu ibérico

La mayoría de la población tenía entonces menos de 35 años y el ímpetu ibérico –también en Portugal– contrastaba con cierta desilusión en otros países de Europa con democracias más veteranas, que sufrían la misma crisis económica que España y las mismas oleadas de violencia, pero sin la ilusión de la novedad. “Todos los días pasaban cosas. Es verdad que en una situación muy mala, con el terrorismo de ETA, con una crisis económica importante, pero vivías la política como una cosa muy positiva”, explica a elDiario.es Jaume Duch, hoy consejero de Exteriores de la Generalitat de Catalunya después de 35 años como funcionario en el Parlamento Europeo, donde empezó como asistente de una de las primeras eurodiputadas y llegó a ser director general de comunicación del Parlamento. 

Duch tenía 13 años cuando murió Francisco Franco y empezó la Universidad en Barcelona en plenas negociaciones de adhesión. Se apuntó al primer seminario universitario sobre las Comunidades Europeas de Barcelona mientras estudiaba Derecho Internacional Público. “La cronología me ayudó muchísimo”, dice.

La promesa de Europa era una inspiración para su generación, que vio un horizonte mucho más amplio del que tenía alrededor. “Lo primero que me atrajo fue la idea de que los europeos podemos hacer las cosas juntos”, recuerda Duch. “En ese momento se soñaba con una Europa mucho más integrada a la que tenemos ahora y la gente hablaba de los Estados Unidos de Europa o de la Unión de los pueblos. Era un lenguaje mucho más ambicioso. Esa idea me fascinaba. Ponía a España y luego a Cataluña dentro de España en una perspectiva diferente, mucho más de futuro, mucho más moderna”.

Las negociaciones de adhesión fueron más largas de lo previsto, en especial por la resistencia de Francia, que recelaba de la competencia de agricultores y pescadores españoles. También había reticencias por la supuesta “avalancha” de trabajadores españoles.

Las negociaciones empezaron formalmente en febrero de 1979 y España entró en el club comunitario en enero de 1986, en una organización que sobre todo ofrecía entonces las ventajas del mercado común, pero donde todavía no existía la libertad de movimiento.

La joven democracia española se había tenido que enfrentar a una deuda exterior récord y una inflación que en 1977 rozaba el 30%. En 1982, cuando Felipe González ganó las elecciones, la inflación todavía rondaba el 14%, el desempleo llegaba al 16% y las cuentas públicas estaban en números rojos inaceptables para Bruselas. En plena crisis, hasta el comercio con los vecinos europeos se había estancado, y España no lograba ya ni vender tanto carbón, su principal exportación. 

Y todo entre la incertidumbre, el terrorismo y el miedo de la vuelta del autoritarismo. 

“Los españoles a los que se les había pedido democratizar su vida política para poder ser admitidos en la Comunidad Europea, se encontraron después con que la Comunidad parecía más interesada en analizar su petición en términos de criterios económicos más que las credenciales constitucionales impecables de Madrid”, escribían Paul Preston y Denis Smyth en un libro sobre la adhesión para el ‘think-tank’ británico Chatham House publicado en 1984. “En contraste, la OTAN ya le había dado la bienvenida a la democratizada España en sus filas en 1982”.

La adhesión era una apuesta económica, pero para España también importaba el espaldarazo político que se concretaba por fin en una realidad. 

“Nuestra historia está en Europa y también fuera de Europa, pero en Europa estaremos todos. España va a acabar definitivamente con el complejo de inferioridad histórica que provocó su aislamiento y va a recuperar definitivamente su curso y su papel en Europa”, dijo en el Congreso de los Diputados en marzo de 1985 Fernando Morán, el ministro de Exteriores que firmó la entrada europea con el Gobierno de Felipe González.

Cuando España entró oficialmente en el club, Jaume Duch trabajaba en el servicio de prensa de Unió Democràtica de Catalunya, y en las elecciones de 1987 tras la entrada de España y Portugal, el partido consiguió un escaño. Su primera eurodiputada, Concepció Ferrer, buscaba a alguien que supiera “algo” de Europa y Duch, recién graduado y profesor en el seminario de Comunidades Europeas, empezó a trabajar con ella en los plenos en Estrasburgo. En 1989, Duch se presentó a las oposiciones para funcionarios de lengua española y portuguesa, quedó el primero y se mudó definitivamente a Bruselas.  

Desembarco en Bruselas

En los primeros años en el Parlamento, más pequeño y menos poderoso, recuerda la buena acogida de los nuevos. “Esa integración se hizo muy rápido. Recuerdo la alegría de la ampliación”, dice Duch. “Yo no vi ni rechazos ni situaciones extrañas. Al contrario, la sensación que tuve fue de que nos estaban esperando”.

Mientras llegaban los primeros funcionarios españoles como Duch a Bruselas y Estrasburgo, la generación que estudiaba entonces tenía a “Europa en el día a día”, como cuenta ahora a elDiario.es Miriam González Durántez, abogada especialista en comercio, que trabajó durante años en la Comisión Europea y fundadora de España Mejor, un proyecto en defensa de la transparencia y las reformas democráticas para 2025. “Fue el momento de la adhesión que tanto cambió España” y ella, que estudiaba en la Universidad pública de Valladolid, recuerda que “lo pedía todo”. Así consiguió una beca para estudiar en el Colegio de Europa de Brujas, cantera de funcionarios europeos, en una de las primeras promociones con España ya dentro de la Comunidad Europea. 

Entre sus primeros recuerdos de la democracia está el reparto de pegatinas naranjas y verdes de la UCD de Adolfo Suárez a las puertas de los cines de los pueblos. Lo que más nítido tiene de aquellos primeros años fue el miedo durante el intento de golpe de Estado en 1981. Su padre había sido uno de los primeros alcaldes de la democracia y eso suponía un riesgo extra.

“En el salón de nuestra casa teníamos puesta la radio, intentando coger Radio París para saber lo que estaba ocurriendo, para saber si teníamos que salir de ahí, si eso ponía en peligro la seguridad de los que habían estado muy activos en esos primeros años de democracia, como era mi padre”, recuerda González. 

El golpe del 23-F había sido, de hecho, un importante recordatorio de que la adhesión era mucho más que una ayuda económica para España, ya que las relaciones comerciales reforzadas con los socios comunitarios no eran, en realidad, tan novedosas.

A pesar de la falta de libertades, el aislamiento político de España no había derivado durante la dictadura en un aislamiento económico total. La imagen de la autarquía no se corresponde con los datos del comercio. 

Carbón, acero... y agricultura

“Pese al embargo político, las relaciones comerciales no se interrumpieron. Ningún país de Europa occidental dejó de comerciar con España después de la guerra civil, y después de 1945 España negoció acuerdos con varios países europeos”, explica Julio Crespo MacLennan, historiador y autor de ‘Spain and the Process of European Integration, 1957-85’, que publicó como académico en la Universidad de Oxford. La escasez después de la Segunda Guerra Mundial de productos agrícolas y materias primas hizo que España no estuviera del todo aislada del mercado común, que no interesaba a Franco cuando estaba centrado en el carbón y el acero, pero sí cuando se movió hacia la agricultura. 

La petición española formal de adhesión al mercado común en 1962 quedó aparcada y derivó en un acuerdo comercial firmado en 1970. Según las autoridades comunitarias, se trataba solo del “comienzo de un acercamiento económico”; según las españolas, era la demostración que “España pertenecía a Europa”. 

Cómo la idea de Europa fue calando se muestra en las encuestas de la época: en 1966, el 60% de los españoles mayores de 21 años ni siquiera tenía opinión sobre si España debía participar en el mercado común, según un sondeo del Instituto de Opinión Pública. Dos años después, los que no sabían o no contestaban eran el 33% y la mayoría estaba a favor de unirse al mercado común.

Pese a algún interés por Europa de sectores reformistas y los empresarios como Ramón Areces y Emilio Botín, el franquismo nunca dejó de rechazar el espíritu europeo de una conciencia común. Desde el primer gobierno, la dictadura “veía el europeísmo como sinónimo de democracia y de liberalismo”, escribe Crespo. En los primeros años de la posguerra, Franco siempre se refería a Europa con una hostilidad que contrastaba con halagos a los potenciales aliados en Estados Unidos y Latinoamérica. 

La oposición en el exilio combinaba a menudo el ideal europeísta con el anti-franquismo. Salvador de Madariaga, entre los fundadores del Colegio de Europa, intentó unificar los grupos alrededor de la idea de Europa. Sus conferencias en París y en Toulouse en los años 50 ayudaron a mantener el interés vivo por España en Europa.

Contra los fusilamientos de Franco

En cierto sentido, la cuestión española fue el primer empujón en la primigenia comunidad europea de nueve a convertirse en una organización más política y que abrazaba su función democratizadora como parte de su esencia.

Unos días después de los últimos fusilamientos de Franco el 27 de septiembre de 1975, los ministros de Exteriores europeos reunidos en Luxemburgo suspendieron las negociaciones comerciales con España como castigo al régimen, y ocho gobiernos retiraron sus embajadores como protesta (no lo hizo Irlanda, que dijo sufrir el terrorismo como España). El Gobierno francés, conservador, era reticente pero al final aceptó el gesto abanderado sobre todo por el Gobierno socialdemócrata de Países Bajos. El primer ministro holandés, Joop M. den Uyl, había encabezado la marcha contra los fusilamientos en Utrecht. 

La presión internacional no sirvió para salvar a los últimos fusilados, y el 1 de octubre el alcalde de Madrid, Miguel Ángel García-Lomas, llamó a la movilización “contra la injerencia extranjera” y Franco habló en sus discursos de la “conspiración masónica”. El eslogan “di ‘no’ a Europa” apareció en muros por la ciudad.

La solidaridad democrática desde las instituciones europeas era una novedad y fue recibida entonces como un cambio y un salto político. 

“De repente, la palabra ‘Europa’, que hasta ahora significaba aburrimiento para los jóvenes, tiene colores más atractivos”, escribía un editorial de Le Nouvel Observateur.

El impulso político que nació entonces a regañadientes arrancó la gran transformación de la Comunidad Europea hacia la integración y la libre circulación. En los años 80, incluso el Reino Unido, que apoyó la ampliación hacia el sur igual que luego la respaldaría hacia el este, ya veía argumentos más políticos que económicos en su defensa de la entrada de España.

“En un mundo incierto necesitamos un área de estabilidad en Europa Occidental, y la Comunidad Europea es la mejor manera de conseguirlo”, dijo la primera ministra británica, Margaret Thatcher, que apoyaba la entrada de España y puso como condición que se abriera el paso hacia Gibraltar.

Los primeros años de España en Europa coincidieron con la ebullición hasta el Tratado de Maastricht, firmado en 1992.

A Franco no le gustaba Europa. Pese al interés de sectores reformistas y de empresarios como Areces y Botín, el franquismo rechazaba el espíritu europeo de una conciencia común

“La sensación generalizada era de que todo iba a ir a mejor. Daba igual que hubiese dificultades, siempre iba a ir a mejor. Y, desde luego, pensábamos que los valores democráticos europeos, de cooperación, de multilateralismo siempre iban a estar ahí. Qué inocencia”, dice hoy Miriam González Durántez, que justo entonces se graduó en el Colegio de Europa, el sueño ideado por Salvador de Madariaga en Bélgica y por el que ya habían pasado varias promociones de españoles llegados de un país en libertad. 

En 1991, cuando ella llegó a Brujas, la democracia española ya no era una novedad, pero “se veía a España con interés, se admiraba la Transición”. Cuenta también que notó la brecha entre su educación universitaria pública de España y el “brillito” que tenían sus compañeros llegados de Oxford, Cambridge y otras universidades europeas. 

En su promoción, que lleva el nombre de Mozart, conoció a Nick Clegg, su futuro marido y viceprimer ministro del Reino Unido, el país que en gran medida impulsó el salto de aquellos años. “Margaret Thatcher empezó a decir que no. No obstante, fueron los juristas británicos los que concibieron la idea del mercado interior. Es decir, que todo iba en la buena dirección”, recuerda. Después de trabajar en la Organización Mundial del Comercio y en otros puestos en el sector privado, Miriam González empezó a trabajar en la Comisión Europea en la segunda mitad de los años 90, en un momento en que –considera– la Unión Europea dejó tareas sin completar antes de correr a la unión monetaria.

González desarrollaba sus funciones para la Comisión Europea en asuntos de comercio y de relaciones exteriores, donde España seguía teniendo un papel limitado. Después de dejar la Comisión, trabajó como abogada dedicada al comercio internacional en Londres, donde se mudó mientras Clegg estuvo en el Gobierno. Ahora, sopesa lanzar un nuevo partido político centrista en España.

¿Tanto tienes, tanto mandas?

Cree que la sensación de periferia de España ya no tiene que ver con los complejos del pasado ni con la posición geográfica. “Es por el nivel de renta per cápita”, explica González. Recuerda que aunque tras la ampliación de 2004 y 2008 España pasó a aportar más fondos de los que recibía, la Unión Europea siempre ha estado para hacer grandes transferencias de fondos a España más allá de los primeros años tras la adhesión, en especial durante la crisis de la zona euro y la pandemia. 

“No somos el peor caso. El peor caso sigue siendo Italia, que a pesar de ser un país fundador se le tiene que seguir haciendo transferencias de recursos del norte al sur”, explica González. “Si no estás entre los que aportan siempre, vas a tener menos capacidad de influir y de decidir. Eso es así. Cuanto más poder económico, más poder político tienes”. 

También duda de que España pueda ayudar a modernizar Europa cuando no es un ejemplo de transparencia y buenas prácticas dentro de casa. Y le preocupa especialmente en un momento en que cree que Europa está en peligro mientras muchos políticos no pasan de las buenas palabras.

Una UE cada vez más politizada

En sus giras por España con su asociación España Mejor, Miriam González suele tener reuniones abiertas con ciudadanos en ciudades y pueblos, con variedad de poblaciones por renta y educación, y dice que encuentra “una preocupación real por la democracia, mucho más que por la economía”. Le ha sorprendido “en un país que sigue siendo tan proeuropeo” cierta animadversión en particular hacia la Comisión Europea y su presidenta, Ursula von der Leyen. “Hay un punto de emocionalidad en esa crítica que es un poco raro”, comenta.

“Si no se empieza a apoyar la democracia, pero de manera básica, de manera organizada, como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, va a ser una etapa muy complicada para los europeos”, dice. 

Jaume Duch comparte esta inquietud de González, en particular por el ascenso de la extrema derecha, que ataca de manera expresa los valores, derechos y “una manera de entender la sociedad” que encarna la Unión Europea. Pero también ve algo “positivo” incluso en la identificación de la presidenta de la Comisión Europea por el nombre.

“En cierto sentido, eso quiere decir que se está consiguiendo esa Europa política. Claro, cuando cuando todos hablábamos es que la Unión Europea tiene que ser política y no solo económica, estamos estamos hablando de que haya un gobierno europeo para lo bueno y para lo malo”, explica Duch. “Si tú quieres criticar a la Unión Europea, al final acabas criticando a Von der Leyen. ¿Por qué? Porque es tu referente europeo. En el fondo, eso es una batalla que ha ganado la politización de la propia Unión Europea”.