“Responsabilidad de proteger”: el concepto ensayado en Libia que empieza a sonar en Venezuela
Nicolás Maduro logró el sábado su objetivo: impedir el acceso de la ayuda humanitaria solicitada por el autoproclamado presidente Juan Guaidó y enviada por sus aliados. Un mensaje que para algunos opositores venezolanos, políticos estadounidenses, exmandatarios de varios países –entre ellos José María Aznar– e influyentes centros de política exterior internacionales justifica una intervención militar de acuerdo con el principio de la responsabilidad de proteger (R2P).
La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en 2005 este concepto, definiéndolo como “la aceptación clara e inequívoca de todos los gobiernos de la responsabilidad colectiva internacional de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. La disposición a tomar medidas colectivas de manera oportuna y decisiva para tal fin, por conducto del Consejo de Seguridad, cuando los medios pacíficos demuestren ser inadecuados y las autoridades nacionales no lo estén haciendo manifiestamente”.
Traducido de forma más sencilla: el Consejo de Seguridad puede aprobar una intervención militar en un país donde se esté cometiendo genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica o crímenes de lesa humanidad y en el cual el Gobierno no esté protegiendo a la población o sea el responsable de estos crímenes. En la práctica, este concepto no introduce ningún cambio revolucionario ya que a excepción de la legítima defensa, el Consejo de Seguridad debe autorizar siempre el uso de la fuerza contra otro Estado.
El 17 de marzo de 2011 se utilizó por primera vez el concepto R2P en una resolución del Consejo de Seguridad para autorizar una intervención militar contra un gobierno. Rusia y China, que a menudo han vetado otras propuestas alegando el principio de no injerencia, se pusieron de perfil, se abstuvieron y permitieron la intervención de EEUU y la OTAN en Libia. Muamar al Gadafi fue asesinado y el resto es de sobra conocido. “Vinimos, vimos, murió”, bromeó la entonces secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, parafraseando el famoso “vine, vi y vencí” de Julio César.
El senador estadounidense Marco Rubio se acordó de Maduro y le mandó un mensaje claro tan solo un día después de que este bloquease la entrada de ayuda humanitaria. Su mensaje era una foto de Gadafi moribundo. Rubio no es cualquier senador, es uno de los grandes impulsores de la estrategia de Trump en Venezuela. Un día antes de que Guaidó se proclamase presidente y estallase la crisis, Rubio y el congresista Mario Díaz-Balart se reunieron con el presidente. Por la noche escribía el siguiente tuit: “Mañana será un día muy bueno (e importante) para la democracia y el orden constitucional en Venezuela”.
Mientras Trump y su gobierno insisten en la baza de “todas las opciones están sobre la mesa” y Guaidó y su equipo hablan sobre uso de la fuerza sin hacer una petición expresa, el término R2P cada vez está más presente.
“Quiero dirigirme en público tal y como he hecho en privado a nuestro presidente Juan Guaidó para pedirle que hoy mismo, sin titubeos, haga el planteamiento que corresponde en el Grupo de Lima y dirigido a toda la comunidad internacional. Ya es hora de invocar el principio de injerencia humanitaria conforme al concepto de responsabilidad de proteger aprobado el 16 de septiembre de 2005 en la ONU. Presidente Guaidó, actúe. Tiene nuestro respaldo”, afirmó el destacado opositor Antonio Ledezma poco antes de la reunión del Grupo de Lima.
El opositor Julio Borges, cercano a Guaidó, afirmó: “Vamos a presentar posiciones firmes que signifiquen una escalada en medidas diplomáticas, políticas y de uso de la fuerza en contra del régimen por bloquear la ayuda humanitaria y generar una violencia sin presentes en la frontera”.
Llegado su turno en la reunión del Grupo de Lima este lunes, Guaidó señaló: “Hemos ejercido todas las vías institucionales políticas y diplomáticas. Estamos buscando una salida a la crisis y por eso es el momento de toda la región de actuar con determinación y seguir construyendo esas capacidades con todos los escenarios internacionales posibles en respeto a la constitución de Venezuela toda la fuerza para que cese esa situación dramática en nuestro país. Dada la crisis, hoy no podía ser sutil con los términos”.
Este martes, 16 expresidentes de varios países, entre ellos José María Aznar y Felipe Calderón (México), han pedido a los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la UE, a los integrantes del Grupo de Lima y a la Asamblea Nacional de Venezuela “disponer de las distintas medidas colectivas que contemplan el derecho internacional y la obligación conocida como responsabilidad de proteger”.
Richard Haass, presidente del think tank Council of Foreign Relations, entre los 10 más influyentes de EEUU y entre los 15 de todo el mundo, también ha solicitado una intervención. “Lo que el régimen de Maduro está haciendo al pueblo de Venezuela es contradictorio con las obligaciones que supone ser un Estado soberano. Ha llegado la hora de que la ONU, la OEA o el Grupo de Lima consideren cómo aplicar la doctrina de la responsabilidad de proteger”.
Sin embargo, ninguno de estos defensores de la intervención militar hace referencia a la responsabilidad de proteger tal y como la definió la ONU en 2005, sino a una corriente nacida desde entonces que alega que se está gestando una nueva excepción al uso de la fuerza (como la legítima defensa o la autorización del Consejo de Seguridad) en el que no hace falta autorización del todopoderoso órgano de la ONU para iniciar una intervención militar –en el caso de que la intervención militar en Venezuela llegase al Consejo, Rusia ejercería su derecho a veto por su alianza con Maduro–.
Dentro de esta corriente, académicos y expertos en derecho internacional público como Antonio Cassese, primer presidente del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y primer presidente del Tribunal Especial para el Líbano, sostienen que para aplicar la R2P sin autorización de la ONU se deben dar varios criterios: ha de existir una situación de violación muy grave, masiva y reiterada de los derechos humanos fundamentales; el Consejo de Seguridad ha de haber conminado repetidamente al fin de dicha situación sin resultados; han de haberse demostrado inútiles todos los intentos de solución diplomática del conflicto; el empleo de la fuerza ha de realizarlo un conjunto de Estados; la mayoría de los miembros de la ONU no se ha de oponer al uso de la fuerza.
En definitiva, la responsabilidad de proteger sugiere que la soberanía no es solo el derecho a controlar un estado sin injerencias externas, sino que conlleva unas obligaciones básicas para con la población. Sin embargo, la R2P no está lo suficientemente desarrollada para determinar con claridad qué ocurre si el Consejo de Seguridad de la ONU no aprueba el uso de la fuerza.
A día de hoy, la legislación internacional no recoge la posibilidad de intervenciones militares sin la autorización del Consejo de Seguridad (a excepción de la legítima defensa). Aunque pudiesen ser legítimas en el plano moral, no lo son de acuerdo con la legalidad vigente. Sin embargo, que una intervención militar no esté amparada explícitamente en el derecho internacional no significa que no se haga, tal y como ocurrió con la campaña de bombardeos de la OTAN en 1999 contra el régimen de Milosevic en el marco de la guerra de Kosovo.
