Activistas anti Trump que enfrentan penas de hasta 75 años denuncian la persecución del Gobierno

Cuando Yvette Felarca salió de su vuelo en Los Ángeles, había una docena de oficiales de policía esperándola. La profesora de 47 años fue esposada, encarcelada y, para su sorpresa, acusada de agresión, de incitar disturbios y de formar parte de una revuelta después de participar en una manifestación antifascista en la capital de California hace más de un año.

“Obviamente, las acusaciones tienen una motivación política detrás. Está claro que es una caza de brujas”, aseguró Felarca a the Guardian durante su primera entrevista tras ser liberada, la semana pasada, después de pagar una fianza de 25.000 dólares y pasar dos noches entre rejas. “Esta es una respuesta al hecho de que el movimiento contra Donald Trump es fuerte y la resistencia también lo es”.

Felarca es una de los cientos de activistas contrarios a Trump en todo EEUU que están enfrentándose a persecuciones por protestar contra la Casa Blanca, contra el supremacismo blanco y contra los grupos neonazis que se están organizando, cada vez con más frecuencia, entre la ciudadanía. Los procesos penales –entre los que se incluyen muchos en los que los manifestantes podrían enfrentarse a décadas de prisión– ha provocado acusaciones de que el Gobierno está pisoteando la primera enmienda y de que, en líneas generales, se está dirigiendo a sus críticos en un agresivo intento por silenciarlos.

“Hemos visto una verdadera represión sobre las manifestaciones y la disidencia”, asegura Sam Menefee-Libey, un integrante de Dead City Legal Posse, un grupo activista que apoya a más de 200 manifestantes que han sido arrestados y acusados de delitos graves después de la toma de posesión de Donald Trump. “Todas las ramas del sistema penal siguen las indicaciones de la administración Trump... Están intentando incrementar su poder y ser lo más represivo posible”.

Felarca, una profesora de Berkeley y, desde hace mucho, líder de la organización By Any Means Necessary (Bamn), formó parte de un grupo de activistas que se reunieron en Sacramento, California, el 26 de junio de 2016 para protestar contra una manifestación a favor del nacionalismo blanco. La reunión, organizada por el partido Tradicionalista de los Trabajadores, el cual tiene lazos con neonazis y skinheads, rápidamente se convirtió en un enfrentamiento violento entre las dos partes y terminó con siete personas apuñaladas. Una de ellas, un afiliado al partido Tradicionalista de los Trabajadores.

Shanta Driver, abogada de Felarca y presidenta nacional de Bamn, dijo que los nacionalistas blancos eran agresores armados y que la policía “permitió que los nazis y los seguidores de Trump golpeasen y apuñalasen, y causasen la hospitalización de los pacíficos y desarmados oponentes de Trump”.

Felarca, una de las contramanifestantes más visibles, asegura que participó aquel día para protestar en contra de la propagación del supremacismo blanco y del discurso del odio. Felarca, cuyo nombre de pila legal es Yvonne, ha sido desde entonces blanco de espacios en Fox News, en los que se le ha tildado de “líder radical de izquierdas” y ha emitido secuencias borrosas de sus enfrentamientos en Sacramento.

Durante una conversación telefónica desde Los Ángeles, Felarca cuenta que la apuñalaron en un brazo y la golpearon en la cabeza, heridas que requirieron más de 20 puntos de sutura. Le costó semanas recuperarse, explica.

Una portavoz de la Fiscalía de Sacramento rechazó hacer comentarios sobre estos casos, que se dieron a conocer la semana pasada, con cargos presentados similares contra otros dos contramanifestantes y un hombre que, al parecer, está asociado con los nacionalistas blancos.

“Tratan de asustarnos”

Felarca dijo que no dejaría que la intimidasen: “Una de las razones por las que fui arrestada fue para intentar desmoralizarnos; asustarme a mí y a otras personas para que dejemos de oponernos a Trump y a sus seguidores neonazis. Desde luego, no voy a parar de organizar reuniones y de hacer discursos”.

Los cargos se repiten en investigaciones y procesos contra personas anti-Trump y activistas progresistas en todo el país. Hay casos en Nueva Orleans, otras partes de California y acusaciones federales de alto nivel contra activistas del movimiento de Standing Rock que protestaron contra el oleoducto de Dakota Access (que cuenta con el apoyo de Trump).

Concretamente, las acusaciones contra aquellos que protestaron el día de la toma de posesión de Trump han levantado preocupaciones por el hecho de que la administración Trump esté apuntando de lleno contra sus críticos. La oficina de la Fiscalía de EEUU para Washington DC ha interpuesto una gran cantidad de cargos contra más de 200 personas, entre los que se incluyen disturbios, conspiración, destrucción de la propiedad y asalto a un policía. Los abogados defensores han argumentado que la policía humilló a los manifestantes, esencialmente deteniendo y atrapando en masa a todo aquel que estaba en la zona sin importar si había o no pruebas de delito.

Periodistas, observadores legales, médicos y otros muchos fueron capturados en los arrestos, aunque después de amplias críticas, los cargos contra algunos de los miembros de los medios fueron retirados. Aunque 20 casos han sido retirados, la mayoría de los cargos siguen en pie, con algunos de los acusados enfrentándose a penas de 75 años de prisión.

“Es realmente difícil asumir que 217 personas hicieran exactamente lo mismo, y acusarles a todos de conductas prácticamente idénticas va en contra del sentido común”, asegura Mark Goldstone, un abogado que ha representado a algunos de los manifestantes. “En los 30 años que llevo haciendo esto, nunca había visto algo parecido”.

Un portavoz de la oficina de la Fiscalía de EEUU no quiso hacer comentarios.

Acuerdos para aplacar a la disidencia

La Fiscalía ha ofrecido acuerdos entre las partes a los manifestantes, los cuales permitirían a algunos evitar tiempo en prisión a cambio de admitir su culpabilidad, pero la gran mayoría se ha declarado no culpable y tendrán que ir a juicio.

“No puede ser que el hecho de intentar hacer del mundo un lugar mejor y de intentar ayudar a la gente en tu comunidad deba ser un crimen”, dice Olivia Alsip, una acusada de 24 años. “No me voy a declarar culpable de nada cuando yo solo trataba de ayudar”.

Alsi, residente en Chicago, rechazó un acuerdo que le habría obligado a declararse culpable de un delito menor, a pagar una multa de 500 dólares, a hacer servicios para la comunidad y a estar en régimen de libertad vigilada.

Como los casos se están alargando, los acusados han sufrido graves consecuencias. Algunos han llegado a perder su trabajo, asegura Menefee-Libey. Otros han tenido dificultades para continuar con sus labores activistas por miedo a que sus juicios se compliquen.

Erin Lemkey, otra manifestante de Washington DC que se enfrenta a décadas de prisión, asegura que todos estos casos se parecen al encarcelamiento masivo de activistas que llevan a cabo en países como Rusia.

“Me aterroriza lo que está pasando aquí”, dijo la editora de vídeo de 35 años, que vive en Nueva York. “Esta es la realidad en que viven muchas personas que hacen protestas políticas alrededor del mundo”.

De todas formas, Lemkey dijo que era importante luchar en los tribunales para impedir que el gobierno de EEUU siga procesando de manera similar: “Están utilizando los acuerdos declarando culpabilidad como un mecanismo para hacer que la gente se someta a las acusaciones del estado y acepte su narrativa”.

Traducido por Cristina Armunia Berges