El Gobierno de España es el que ha mantenido una posición más dura contra la operación de Trump en Venezuela. De hecho, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha reconocido que le hubiera gustado que el comunicado a 26 de la UE -no lo ha rubricado la Hungría del ultraderechista Viktor Orbán, como viene siendo habitual- fuera “más contundente”. Los gobiernos europeos evitan calificar como violación del derecho internacional la captura de Maduro y se limitan a llamar a la contención y a la necesidad de respetar ese precepto, como hizo en un inicio Pedro Sánchez.
Tras las palabras de Trump, Sánchez condenó el ataque y se refirió a él como una vulneración del derecho internacional. Posteriormente, rubricó un comunicado con los países progresistas de América Latina (Brasil, Colombia, México, Chile -aún gobernado por Gabriel Boric hasta que tome el poder el ultraderechista José Antonio Kast tras su victoria electoral- y Uruguay) en el que también se refieren a la operación en esos términos y emplazan a una negociación. Albares ha rechazado, no obstante, que esa posición vaya a tener represalias por parte de Trump: “No temo ni espero nada. España es un país soberano. A nadie le sorprenderá que España es un país que defiende el derecho internacional”.
Por Irene Castro