Francisco Caamaño rechaza rotundamente la propuesta del PP para instaurar la cadena perpetua

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, defendió hoy que la cadena perpetua revisable es contraria a la Constitución y criticó que el PP “se ha sacado esta nueva figura para puentear este problema de constitucionalidad” que además es “absolutamente incoherente” con el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. Además, confió en que todos los grupos parlamentarios se sumen al diálogo para sacar adelante la reforma del Código Penal y conseguir que se “equilibre” con la realidad española.

En declaraciones a la Cadena Ser, Caamaño expresó que espera que la modificación del Código Penal tenga “apoyo suficiente” en la Cámara al haber una “amplia mayoría” que ha aceptado entrar en el diálogo de tramitación del proyecto de ley y así conseguir que la normativa de derecho penal sea “equilibrada y adecuada a la realidad de España”.

Respecto a la propuesta de establecer la cadena perpetua revisable solicitada por el PP, el ministro de Justicia destacó que la postura del Gobierno y del grupo socialista es “muy clara” y considera que choca con el artículo 25.2 de la Constitución que dirige las penas a la reinserción social de los presos. “Esta nueva figura que el PP se ha sacado para puentear un poco este problema de la constitucionalidad que ellos mismos han detectado, esta llamada a la prisión revisable es absolutamente incoherente con otro principio que el PP defiende que es el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas”, argumentó.

“Si las penas han de cumplirse de manera íntegra y efectiva entonces no son revisables y si tenemos ya condenas de 20 o 30 años en delitos muy graves que tienen que cumplirse de manera efectiva no parece normal que haya otras pretendidamente más largas pero revisables”, prosiguió.

Además, el ministro advirtió del “problema de multirreincidencia” en algunos núcleos urbanos, donde sus mandatarios están “preocupados” por la delincuencia menor que se produce en “lugares muy puntuales” como zonas turísticas o el metro. A su juicio, es necesario buscar soluciones para solventar esta situación aunque admitió las dificultades técnicas. “Si queremos juicios rápidos para estos delitos menores es difícil establecer la regla que acumulando varias faltas se convierta en delito porque se va juzgando cada una de ellas y una vez están juzgadas ya no computan”, explicó, para dar así dos opciones: “Juicios rápidos o acumulaciones”.

De todos modos, precisó que el Gobierno se ha puesto en contacto con grupos como CiU para alcanzar soluciones “aceptables y coherentes” con el derecho penal y destacó que, entre las fórmulas propuestas, se sugiere aumentar el control sobre grupos de carteristas que se reúnen en zonas, como, dijo, puede ser el Museo del Prado “y no precisamente para ver los Goya”.

Ley de Enjuiciamiento Criminal

Preguntado por la necesidad de aprobar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, Caamaño afirmó que es “la gran ley procesal de 2.000 artículos” de una “enorme complejidad” pero que es necesario abordar de manera “ineludible” ya que data de “mediados del siglo XIX” que “no responde en absoluto a la realidad” española.

Destacó que el Gobierno es partidario de que el peso de la investigación recaiga sobre los fiscales y los jueces sean quienes se ocupen de la “garantía” y “el control de lo que hace el fiscal en defensa de los derechos de los ciudadanos”. Además, advirtió de la importancia de agilizar los trámites de la fase intermediaria y probatoria del proceso penal y evitar que la “pena de banquillo sea tan larga”, a la vez que confió en que se pueda aprobar la nueva norma durante esta legislatura.

Finalmente, se refirió a la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y afirmó que realizar “un gran esfuerzo” por mantener un consenso en “la gran mayoría de los temas” aunque en otros inevitablemente hay posiciones desencontradas al haber “una composición variada” en el órgano. Manifestó que desde fuera puede haber circunstancias que el propio ministro como cualquier ciudadano puede ver “con preocupación” pero que también es “consciente” de las dificultades que se pueden plantear dentro del órgano de gobierno de los jueces y expresó la importancia de que su “normalidad institucional”.