UGT pide que los profesores interinos cobren en verano
El Sector de Enseñanza de FeSP-UGT reclama la equiparación salarial y de los servicios prestados de los docentes interinos con sus compañeros funcionarios. En la actualidad las diferencias existentes entre ambos grupos han generado una situación “francamente discriminatoria, puesto que unos y otros ejercen las mismas funciones con una consideración muy desigual, que se acentúa también, dependiendo de la Comunidad Autónoma donde se ejerza, tal y como nos recuerdan continuas sentencias judiciales ante recursos individuales”. La última, la de un juez de Madrid, dando la razón a un interino.
Como cada verano, desde el año 2012, los profesores interinos de los cuerpos docentes tienen que enfrentarse a una situación que se repite en la mayor parte de las Comunidades Autónomas: “su despido el 30 de junio”.
En La Rioja hasta el año 2012, el profesorado interino que tenía vacante para todo el curso y el profesorado que trabajaba 168 días a lo largo del curso, “cobraba los meses de verano”. Durante los años 2012 y 2013 dejaron de percibir esas retribuciones iniciándose un sinnúmero de reclamaciones judiciales.
A partir del año 2014 se recuperó el cobro del verano para el profesorado que ocupa una vacante durante todo el curso, pero el reconocimiento al profesorado interino que trabaja 168 días a lo largo del curso sigue sin recuperarse. Además de las cuestiones económicas también es importante la pérdida de derechos administrativos.
“Las madres interinas sufren una importante discriminación, que desde FeSP-UGT La Rioja hemos llevado a los tribunales: si están de permiso por maternidad el 1 de septiembre no se les hace el nombramiento, tampoco pueden acumular las horas de lactancia, ni disfrutar de 18 semanas del permiso de maternidad que tienen el resto de empleados públicos”.
Una vez más, la crisis económica ha sido el principal argumento para precarizar las condiciones laborales y deteriorar la calidad del servicio público educativo.
El Sector de Enseñanza de FeSP-UGT exige la equiparación de las condiciones económico-laborales del profesorado interino con las del resto de los funcionarios y plantea a la Administración la restitución de los derechos perdidos con el pago de los meses de vacaciones y el reconocimiento de los servicios prestados a todos aquellos que han trabajado 168 días durante el curso, tal y como ocurre en otras CCAA.
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