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Almeida prescinde de 27 trabajadores sociales que atienden a los inquilinos de las viviendas públicas de Madrid

Almeida prescinde de 27 trabajadores sociales que atienden a los inquilinos de las viviendas públicas de Madrid.

Sofía Pérez Mendoza

El nuevo Ayuntamiento de Madrid empieza a dejar su impronta en la gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS). La primera decisión de la corporación que codirigen PP y Ciudadanos ha sido prescindir de casi una treintena de trabajadores, educadores y mediadores sociales que atendían a los inquilinos de las viviendas públicas y se encargaban de “prevenir, acompañar y mediar” en los problemas de convivencia en los vecindarios. La Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid tiene un servicio similar.

En el caso de la EMVS, se prestaba de manera indirecta a través de una empresa, Provivienda, que conoció la semana pasada la decisión. Fuentes de la concesionaria aseguran a eldiario.es que la comunicación del Ayuntamiento se hizo verbalmente y fue “una sorpresa”. El contrato estaba blindado hasta noviembre de 2020: la anterior corporación había dejado firmada una prórroga de un año que iba a empezar a funcionar en dos semanas, pero la nueva gerencia de la EMVS ha rescindido el acuerdo.

“Nos preocupa que nos lo hayan comunicado con tan poco margen para resolver qué hacemos con una plantilla de 27 personas –un coordinador, cinco trabajadores sociales, 14 educadores sociales, cinco mediadores sociales y dos administrativos–. También que estamos dejando intervenciones a medias. Hemos visitado 5.000 viviendas”, señalan las mismas fuentes de Provivienda. 

Fuentes de la EMVS explican a eldiario.es que la intención es volver a sacar a concurso el servicio para que vuelva a prestarse, con el mismo presupuesto, en el año 2020 y justifican su decisión en la reorganización de las áreas y el presupuesto destinado a cada una de ellas. “Esta partida estaba en Equidad y ahora estará en Desarrollo Urbano”, precisan estas fuentes. 

El contrato inicial se extendía por dos años con uno extra de prórroga y un coste anual de 840.000 euros que ya estaba consignado. “Nos dijeron que las áreas de Servicios Sociales y Vivienda se habían separado con la nueva corporación y que el crédito para pagar el servicio no estaba asignado a vivienda”, explican fuentes de Provivienda. 

El equipo de mediación empezó a trabajar para la EMVS en noviembre de 2017. El Gobierno de Manuela Carmena anunció el servicio como un impulso al carácter social de la EMVS y un refuerzo a los 12 trabajadores sociales municipales con una treintena de profesionales más dedicados “a la prevención, el acompañamiento y la mediación”, especialmente en las promociones de alta vulnerabilidad con personas que pasan por una situación económica delicada, han sufrido un desahucio o son víctimas de violencia de género. 

“El nuevo equipo de Gobierno entiende que la EMVS debe funcionar más como una inmobiliaria que como una empresa pública que gestiona un parque de alquiler habitado y que trabaja por los madrileños”, crítica el exdelegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, área de la que dependía la empresa municipal en el anterior mandato. 

Con Carmena, la EMVS dejó de vender viviendas. Todos los pisos se pusieron a disposición del alquiler, lo que cambió sensiblemente el perfil de los inquilinos. “Las actividades con las comunidades comprenderán, entre otras, la acogida de los nuevos inquilinos e inquilinas y la atención de sus necesidades básicas de información sobre la vivienda y el entorno, así como la intervención social y residencial con aquellas familias alojadas en situación de mayor vulnerabilidad”, explicó en un comunicado en su web la EMVS en 2017

En Provivienda resumen así el trabajo que hacían con los vecinos: “Se trata sobre todo de mejorar la convivencia vecinal para que se generen redes de ayuda mutua en promociones con personas en situación de vulnerabilidad”. La empresa también actuaba como primer filtro para dar la voz de alarma a los servicios sociales municipales en el caso de que fuera necesario. “Detectamos casos de extrema vulnerabilidad, identificamos problemas familias, dificultades económicas, damos apoyo para que pidan prestaciones y ayudas”, enumeran. El resultado, defienden, es que al final disminuyen los casos de impago al tener acceso más directo a ayuda. 

Más cambios en los departamentos

La nueva gerencia, comandada por José A. Acosta, también propondrá una reorganización del organigrama de la empresa municipal. Lo hará en el Consejo de Administración convocado este jueves, en el que se votará la iniciativa de integrar la jefatura de Servicios Sociales en una Dirección General más amplia y compartida con Atención a la Ciudadanía, según confirman fuentes oficiales de la EMVS. Este cambio no comporta, en principio, una reducción de la plantilla asociada a esta jefatura: 12 trabajadores sociales. “No se va a limitar el apoyo social a las familias”, aseguran desde la EMVS.

La Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo dependía hasta ahora del Área de Servicios Sociales y Equidad, dirigida la exteniente de alcalde Marta Higueras. Con el cambio de gobierno, la empresa municipal cuelga de una concejalía delegada de Vivienda gestionada por el PP pero que pertenece a un área que depende de Ciudadanos: Desarrollo Urbano. 

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