La derrota de la Cañada Real después de tres años sin luz: “Pasará lo que ellos quieran que pase”
Es cinco de octubre de 2023 y hace un calor que no es natural para esta época del año. Cien niños y niñas bailan, dibujan y saltan a la comba bajo un sol de justicia. Explota la alegría por los altavoces que cantan por Rocío Jurado –“como una ola, tu amor llegó a mi vida”–. Si esto fuera una película, la escena quedaría así: sector VI de la Cañada Real Galiana. Exterior. Día. Pero en un reportaje es más bien así: estamos en el sector VI de la Cañada Real Galiana, uno de esos lugares donde en los últimos tres años se han superado los márgenes de lo posible.
Es el tiempo –tres años y tres días para ser exactas– que las 2.000 personas que habitan este trozo de mundo llevan viviendo sin luz eléctrica. Este jueves de octubre es un día de fiesta. La fiesta de los niños. La acogida ha sido estupenda: el campo de fútbol es un hormiguero de humanos grandes y pequeños dispuestos a hacer un pacto con la realidad por un rato. Por eso, ante las preguntas, la mayoría prefiere no responder.
Varias mujeres de procedencias, edades y experiencias vitales diferentes –Cañada Real es lo contrario a lo homogéneo– finalmente toman la palabra en un aparte. Muchas de ellas prefieren aparecer en este reportaje con una inicial y de espaldas a la cámara. “Salimos en las páginas y aquí no pasa nada”, dice una chica de la que solo podremos contar que tiene unos grandes ojos oscuros y pestañas larguísimas. Ellas se abren, cuentan su vida a desconocidos –que son los periodistas– con la esperanza de que a cambio de ese acto mejore algo; consigan un objetivo; vuelva la luz. Forma parte del trato, piensan. Pero la segunda parte nunca se cumple.
“Es una sensación y es una realidad. Estamos derrotadas”, dice al fin Houda Akrikez, presidenta de la asociación cultural Tabadol y vecina del sector VI. “No hay solución –añade N.– y pasará lo que ellos quieran que pase”. “¿Quién se quiere quedar pudiéndose ir?”, dice otra, que mece a su bebé de 11 meses en el carro. Los últimos tres años se les han venido encima como si fueran veinte, coinciden. Y bromean con las arrugas retirándose el hiyab de las sienes.
Las mujeres de la Cañada Real han empujado las movilizaciones desde 2020: han llevado su problema al centro de Madrid, al Ayuntamiento y también a Bruselas. El Comité Europeo de Derechos Sociales admitió una reclamación colectiva contra España y pidió medidas inmediatas a las autoridades españolas ante los riesgos para la salud de las personas. Pero tampoco pasó nada.
Personalmente vivo en la contradicción: ¿me quedo cuando esto se está haciendo invivible o me voy y renuncio a lo que soy y a lo que he construido? Es más un pensamiento mágico pensar que si resisto me van a legalizar
Por este lugar que es un inframundo para los estándares de la forma de vida en un país desarrollado y, sin embargo, un hogar cierto para sus habitantes han pasado periodistas internacionales y cámaras de grandes agencias de noticias. También olas de calor insufribles y temperaturas de 13 grados bajo cero con una nevada, Filomena, que colapsó el asentamiento; e incidentes que parecen de otro tiempo: incendios en las casas por descuidos con las velas o hipotermias debido al frío en las viviendas. Hace unos días explotaron las baterías de las placas solares de una vecina. La fachada de la casa de ladrillo luce con grandes manchones negros. Quien ha podido pagarlo, ha instalado este método para autoabastecerse. El resto pasa los días con generadores de gasóleo que huelen y suenan, también, a otro tiempo.
Una historia de poderes públicos y privados
La historia del apagón es compleja. Está repleta de tramas y personajes. De poderes públicos y privados.
En las primeras semanas, allá por octubre de 2020, el Gobierno madrileño relacionó la falta de suministro con las plantaciones ilegales de marihuana de una parte del asentamiento. El Defensor del Pueblo tiró de las orejas al equipo del PP, liderado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, “al apreciar que se estaba pretendiendo hacer pasar el problema de la falta de electricidad en estos asentamientos como el resultado exclusivo de un fenómeno generalizado de producción masiva de marihuana, actividad ilegal cuya responsabilidad se estaba extendiendo al conjunto de las personas que habitan en estos enclaves”.
Los propios habitantes admiten que hay una zona problemática con la droga pero se lamentan de que se tome la parte por el todo. Más heridas.
Las asociaciones de vecinos llevaron la situación a los juzgados y en 2022 un peritaje encargado por el juez instructor permitió conocer que los cortes eléctricos eran “consecuencia de la instalación de unos reconectadores en la línea de alta tensión” por parte de Naturgy que “en la práctica hacen de limitadores de potencia”.
La compañía eléctrica dispuso de ellos por un “gran incremento de demanda” entre agosto y octubre de 2020 y argumentó que necesitaba hacerlo para continuar dando servicio correctamente a sus cinco clientes del asentamiento. Los que tenían legalizada la luz. Desde entonces un grupo numeroso de habitantes ha pedido regularizar su situación, terminar con los enganches –peligrosos en ocasiones– y firmar contratos normales con Naturgy.
Un portavoz de UFP, la distribuidora de Naturgy, asegura que la compañía “está plenamente implicada en colaborar en la resolución del problema y a plena disposición de los afectados para asesorarles” aunque mantiene los limitadores aludiendo a la seguridad.
La eléctrica ha pedido autorización a la Comunidad de Madrid para mejorar la red pero todo apunta que es para los clientes. Es decir, para los vecinos que tienen un contrato, que son una minoría. La Consejería de Medio Ambiente concreta que se trata de seis líneas eléctricas y un centro de transformación en el sector VI.
A lo largo de estos años, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid se han escudado en que no pueden entrar en contratos privados entre clientes y empresas a la vez que esgrimen que no es posible vivir con las condiciones materiales que hay en la Cañada.
Existen tres comisionados –uno por administración y otro más en representación del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid– encargados de coordinar la respuesta a corto y a largo plazo. Las administraciones han centrado sus esfuerzos en un proceso que es muy lento, el realojo, sin que nada cambie sustancialmente para sobrevivir al día a día sin luz.
No solo es la oscuridad, recuerdan las vecinas, sino la dificultad para lavar la ropa o para conservar alimentos. “Apenas comemos cosas frescas, usamos latas porque es lo que podemos conservar”, apunta una de las mujeres marroquíes que prefieren no identificarse, la que acuna a su bebé.
A lo largo de estos años, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid se han escudado en que no pueden entrar en contratos privados entre clientes y empresas a la vez que esgrimen que no es posible vivir con las condiciones materiales que hay en la Cañada.
La Comunidad de Madrid, en respuesta al Defensor del Pueblo, alegó en febrero de 2021 que para disponer de suministro había que partir de una situación legal. Y que la Ley del Suelo impide, por cuestión urbanística, que las empresas distribuidoras lo contraten. Una pieza más del laberinto normativo que permite a la Comunidad apartarse de la cuestión porque la suya no es una “labor regulatoria” y poner la pelota en el Pacto Regional que no es de nadie y es de todos.
“Resulta inaceptable que la ley 9/2001 haya de ser un obstáculo para restablecer un suministro eléctrico en la zona porque esa Administración es competente para promover la remoción de los obstáculos que dice tener”, le recuerda el Defensor del Pueblo. En la maraña burocrática, los comisionados también se han declarado incompetentes para “la celebración de los contratos” ante la recomendación de formalizar los suministros.
Según los datos ofrecidos por la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, se ha realojado a 232 familias desde 2018 en viviendas de alquiler social y hace pocas semanas se firmó una ampliación del convenio de 2021 para extender el proceso a otras 180.
Los realojos no siempre son bien aceptados por toda la población. La Comunidad de Madrid minimiza este hecho: solo el 5% de las familias residentes no presentaron solicitudes para entrar en el proceso, según sus cifras. Una parte de los vecinos manifiesta que prefiere quedarse en sus casas y pide que se legalice el asentamiento dotándolo de unas condiciones más habitables apelando a cuestiones de arraigo. Las viviendas de realojo están diseminadas por toda la región.
Sin embargo, esto no parece estar en los planes de los gobiernos y muchos asumen ya que la Cañada Real terminará desapareciendo. En cinco, diez o quince años. La administración no dispone de un censo actualizado sobre el número de personas que viven hoy en el sector VI, el más vulnerable y el que es sujeto de la política de realojos.
Sigue llegando gente pese al apagón
El asentamiento supera los márgenes de lo posible, entre otras cosas, porque ha seguido llegando gente pese al apagón. Nuevos habitantes que han heredado casas –en mejores o peores condiciones– de las familias realojadas. Es el caso de Noemí, su marido y los tres hijos de ambos. Se mudaron hace un año y aseguran que aquí “al menos tienen agua”. Estaban ocupando un piso en Getafe, según el relato de ella. Otras dos mujeres marroquíes, con poco tiempo en España, han llegado hace unos meses también.
“Se han ido muchos pero han llegado otros tantos”, explica con naturalidad una de las vecinas. No todos los vecinos, por vivir en la Cañada Real, pueden solicitar un alquiler social: deben estar empadronados allí desde antes del 31 de diciembre de 2011 y no superar unos ingresos mínimos, inferiores a 3,5 veces el IPREM (7.200 euros anuales).
Salud Vargas y Yolanda Navarro viven puerta con puerta. Son nuera y suegra, y podrían solicitar el realojo porque tienen solera en el asentamiento: más de treinta años en los que han sido madres y abuelas. Salud prefiere que la llamen María aunque tampoco sabe muy bien por qué un día le cambiaron el nombre. “Por la virgen, supongo”, dice riéndose. En la familia ven con reservas los realojos, pese a que Yolanda asegura que lo ha solicitado por la vía ordinaria. Dice que se lo han denegado porque deberá entrar en el cupo específico de Cañada Real y no en la lista general.
“Personalmente vivo en la contradicción: ¿me quedo cuando esto se está haciendo invivible o me voy y renuncio a lo que soy y a lo que he construido? Es más un pensamiento mágico pensar que si resisto me van a legalizar”, reflexiona Akrikez. Es la brecha abierta de los vecinos, ahora que los realojos avanzan a cuentagotas. En breve se abrirá un nuevo plazo de solicitud y en muchas casas, donde el nivel económico es muy bajo y hay muchos miembros, se hacen la misma pregunta: ¿pueden a estas alturas rechazar una vivienda digna, aunque eso suponga un desarraigo, y fiar su suerte a mantenerse en un sitio que parece condenado a desaparecer?
En la entrada del sector VI unas guirnaldas luminosas destacan en la oscuridad. “Seguimos luchando”, dicen las letras, aunque parece que nadie sabe ya muy bien cómo ni para qué.
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