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El excalcalde de Navalcarnero se sentará en el banquillo por el desfalco de 30 millones

El juzgado de instrucción número 4 abre juicio oral al exregidor del PP por una construcción realizada bajo el casco histórico sin proyecto ni presupuesto

La Fiscalía considera que Baltasar Santos y la técnica Teresa Hermida incurrieron en delito de prevaricación y les pide nueve años de inhabilitación 

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El alcalde de Navalcarnero, Baltasar Santos, en una imagen de 2011 / Foto: PP

El alcalde de Navalcarnero, Baltasar Santos, en una imagen de 2011 / Foto: PP

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Navalcarnero ha dictado apertura de juicio oral contra el exalcalde de Navalcarnero Baltasar Santos (PP) y la antigua interventora municipal Teresa Hermida por el caso de las 'Cuevas del Concejo', una construcción realizada bajo el casco histórico del municipio que presuntamente no contaba ni con proyecto técnico ni presupuesto y que, según valora la actual Corporación, habrían supuesto un desfalco a las arcas municipales de cerca de 30 millones de euros.

En el auto de apertura de juicio oral, fechado a 13 de febrero y al que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado de Navalcarnero declara órgano competente para tomarles declaración al Juzgado de lo Penal de Móstoles correspondiente, señalando para el próximo 27 de febrero a partir de las 10 horas el interrogatorio de ambos.

A Santos y Hermida se les ha fijado una fianza de 1,5 millones euros que tendrán que depositar en el plazo de un día después de ser notificados "para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérsele". En caso de no presentarla les serán embargados bienes suficientes para hacer frente a esta cantidad.

En el auto de calificación del delito, el Ministerio Fiscal considera que ambos acusados son responsables de un delito continuado de prevaricación, por lo que reclaman sendas penas de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

La denuncia fue interpuesta por los concejales del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Navalcarnero en febrero de 2011. Tras la entrada del PSOE en el nuevo Gobierno (en coalición con Cambiemos y un concejal independiente) y tras ser aprobado por el Pleno, el Ayuntamiento tomó el relevo como acusación particular.

El Consistorio ha pedido también nueve años de inhabilitación por cada uno de los delitos continuados de prevaricación; cuatro años de prisión y un día e inhabilitación absoluta de diez años por un presunto delito de malversación de especial gravedad; un año de prisión y tres meses y multa a razón de 200 euros diarios por un presunto delito urbanístico, así como un año de prisión y tres meses de multa a razón de 200 euros diarios por el delito urbanístico.

Además, también reclaman un año y tres meses de prisión y multa de dieciocho meses a razón de 200 euros diarios por un delito sobre el Patrimonio Histórico; un año y tres meses de prisión y mula de dieciocho meses a razón de 200 euros diario por el delito de daños en bienes de valor histórico y en yacimientos arqueológicos; y pena de prisión de tres años e inhabilitación especial de dos años para Baltasar Santos por un presunto delito de falsedad en documento público.

La nueva fianza contra el exalcalde se suma a la conocida la semana pasada en la que el Tribunal de Cuentas solicitó a Santos, a cuatro concejales de su Gobierno, a un antiguo técnico municipal, una empresa y un director de obra que depositaran más de 10 millones de euros por diversas irregularidades en su gestión y ante un posible delito de alcance por responsabilidad contable, entre ellos el caso de un polideportivo pagado pero sin edificar y de pagos no justificados a la concesionaria de la Plaza de Toros.

El Tribunal de Cuentas dio un plazo de 10 días a Baltasar Santos y al resto de los acusados para depositar de forma solidaria esta cantidad.

El Ayuntamiento de Navalcarnero, tras el cambio de Gobierno, puso en marcha una Comisión de Investigación permanente para determinar las causas y los responsables del "expolio y saqueo al que fue sometido el municipio durante los 20 años de Gobierno del Partido Popular", según ha detallado a través de un comunicado el propio Consistorio.

Como resultado de estas investigaciones, señalan que están en marcha nuevas querellas cuyo objetivo fundamental es "recuperar el dinero que nunca tendría que haber salido de las arcas municipales", y que el actual ejecutivo cifra en cerca de 700 millones de euros.

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