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El funcionario que alertó de la cláusula del 1% de Aguirre ratifica ante el juez que informó de ella a un concejal de Almeida

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con Andrea Levy y Borja Carabante. / EP

Uno de los funcionarios de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid que alertó sobre la cláusula del 1% en los contratos de construcción de carreteras ha declarado este martes como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga la trama Púnica, Manuel García Castellón. Francisco Barrueco ha ratificado ante el magistrado su denuncia ante la Consejería en 2013 y ha relatado su reunión con el actual concejal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, tal y como publicó eldiario.es el pasado 23 de septiembre.

Funcionarios de la Comunidad alertaron por escrito al Gobierno de Ignacio González de la corrupción del 1% en los contratos públicos

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García Castellón sospecha que durante los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González –actualmente imputados– la cláusula del 1% se incluyó en las adjudicaciones de obra pública para desviar dinero que acabó pagando la campañas electorales del PP o en el bolsillo de algunos políticos.

Funcionarios de la Consejería de Transportes, en su mayoría ingenieros, encontraron pruebas de esta supuesta malversación. A principios de 2013, estos trabajadores públicos enviaron dos cartas denunciando los "pagos exigidos a determinados adjudicatarios de obras" al menos desde 2009, al entonces consejero de Transportes de Madrid, Pablo Cavero. Posteriormente, mantuvieron una reunión con su número dos, Borja Carabante, actual concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid que preside José Luis Martínez-Almeida. Todas aquellas alertas fueron ignoradas, y negadas, aunque a los pocos meses la cláusula desapareció de los contratos.

Francisco Barrueco era entonces secretario de la Junta de Personal, una suerte de comité de empresa del funcionariado. Según ha podido saber eldiario.es de fuentes judiciales, Barrueco ha ratificado este martes ante el magistrado las sospechas que entonces tenían los directores de obra, que manifestaron ante la Junta de Personal su miedo a que se les estuviese obligando a certificar gastos irreales, pues comprobaron que algunas de esas campañas de publicidad no se estaban realizando. También porque las empresas adjudicatarias comenzaron a pedirles permiso por esos gastos.

Las fiscales del caso Púnica se han interesado durante el interrogatorio por el encuentro, tras la alerta de los funcionarios, que se produjo con el viceconsejero Borja Carabante, actual concejal del Ayuntamiento de Madrid, que recibió con gritos a los denunciantes, según publicó este periódico y ha reconocido Barrueco ante el juez.

La reunión con Carabante se produjo el 22 de abril de 2013, según confirmaron a este periódico cuatro de los asistentes. Los trabajadores públicos expusieron de nuevo sus dudas por el cobro del 1% que llevaba produciéndose durante años. Por parte del Gobierno regional también estuvieron Matilde García Duarte, entonces secretaria general técnica de la Consejería, y Eva García Camaño, subdirectora de personal (cargo que continúa ostentando).

"Borja Carabante fue clave en la gestión de la cláusula del 1%. Es imposible hablar del 1% en los contratos de la Consejería de Transportes sin tener en cuenta su papel", aseguró el funcionario sobre el actual concejal del PP en Madrid en una entrevista con este diario el pasado mes de diciembre.

Barrueco relató su reunión con Carabante en esta entrevista: "Fue una reunión muy extraña porque, según nos sentamos, el señor Carabante se puso muy nervioso. Empezó con reproches. A mí no se me olvida aunque han pasado muchos años, que empezó diciendo "es que la junta de personal no tiene otra cosa de qué ocuparse, ¿no tenéis otra cosa de la que preocuparos?", unos hechos que ha ratificado este martes ante García Castellón, confirman a eldiario.es fuentes judiciales presentes en el interrogatorio.

Barrueco también ha señalado ante el juez a Arturo Rodríguez Escribano, asesor de Carabante. Escribano era el encargado, según relató, de presionar a los funcionarios para que las constructoras pagasen el 1% del presupuesto de la obra pública a empresas de publicidad escogidas a dedo por los Gobiernos de Aguirre y González.

No hubo preguntas sobre la posible implicación de Esperanza Aguirre, aunque el juez, detallan fuentes judiciales, quiso indagar sobre años anteriores y no se limitó a preguntar por el año 2013 cuando se produjo la denuncia sino que se remontó a actuaciones de 2007.

Antes que Barrueco, declaró ante el juez el pasado mes de noviembre Enrique López, presidente de la Junta de Personal, otro de los funcionarios que denunciaron el funcionamiento del Gobierno de Aguirre y González con la clausula del 1%.

En todo tipo de contratos

La cláusula del 1% en la obra pública de la Comunidad de Madrid, que obligaba a las empresas adjudicatarias a destinar ese porcentaje a publicidad, se extendió a todo tipo de contratos públicos. Tuviera sentido o no. No solo se reservaba una partida de fondos públicos para anunciar hospitales o carreteras, los Gobiernos de Esperanza Aguirre generalizaron de tal manera su propaganda que se pagaron fondos públicos incluso para publicitar meros trámites administrativos. Lo demuestra un documento al que tuvo acceso eldiario.es y que prueba que la cláusula se incluyó incluso en contratos a empresas que se dedicaban a la redacción de proyectos.

Las empresas que se llevaban ese 1% de los contratos públicos eran escogidas a dedo por el PP: no había ningún concurso previo, aseguran los funcionarios. Su tesis coincide con la del magistrado que investiga la trama Púnica en las piezas que aluden al desvío de fondos públicos hacia el Partido Popular. Fueron los Gobiernos de Aguirre primero y después el de González quienes decidieron qué empresas de comunicación cobrarían ese porcentaje de la contratación pública.

Varias adjudicaciones de diferentes consejerías están siendo fiscalizadas, entre ellas Sanidad, Transportes y Hacienda. En el último auto judicial, García Castellón describe un desfalco de 3,07 millones de euros de las arcas públicas a través de estos supuestos contratos de "publicidad simulada" por la construcción de hospitales y centros sanitarios. En el caso de los fondos de publicidad asignados a la construcción de carreteras que denunciaron los funcionarios en 2013, la investigación se encontraba todavía en una fase preliminar hace apenas unas semanas. "Se investiga qué personas se situaron detrás de las adjudicaciones e introducción de la cláusula de reserva del 1% en los pliegos de las licitaciones de transportes", recoge el último auto judicial del pasado 2 de septiembre, el mismo día que fueron imputadas las expresidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.

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25 de febrero de 2020 - 19:19 h

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