Los capitanes Luis Daoiz y Torres y Pedro Velarde y Santillán fueron dos de los grandes protagonistas en el levantamiento del 2 de mayo de 1808 en Madrid contra la ocupación de las tropas francesas. Oficiales de Artillería en el cuartel de Monteleón, en el corazón de lo que hoy es Malasaña, resistieron hasta la muerte sin apoyo de la Junta de Gobierno ni del propio Ejército. Su lucha no fue en balde, ya que se convirtió en todo un acicate para la oposición popular y militar frente a las tropas napoleónicas.
Daoiz y Velarde dan hoy nombre a plazas, monumentos y centros culturales de la capital. Pero también a un espacio del barrio de Pacífico, en el distrito de Retiro, donde ese sentimiento de indignación ante la ocupación y los posibles abusos ha comenzado a emerger, salvando las distancias. El lugar no es otro que un parking.
Vecinos de Pacífico sostienen que en el aparcamiento mixto de Daoiz y Velarde se están produciendo “cobros irregulares” a quienes ostentan plazas municipales para residentes (PAR), un total de 253. Los pagos van a parar a Sacyr, la empresa que gestiona en la misma instalación la zona de rotación para 235 vehículos, disponibles para usuarios no residentes que abonan otras tarifas muy superiores.
Denuncian que la compañía concesionaria, una de las mayores constructoras del país y con negocios en todo el mundo, cobra “pequeñas cantidades” a los residentes por el hecho de levantar la barrera de salida, ya que ambas áreas de estacionamiento comparten acceso y es necesario atravesar la de rotación (plantas -1 y -2) para llegar a la de residentes (plantas -3 y -4).
El presidente del PAR Daoiz y Velarde traslada a este medio que, desde el origen del aparcamiento, existía un software compartido que levantaba la barrera al introducir la tarjeta de usuario del aparcamiento. Ese sistema se instaló en 2006 y se compartía pagando al 50% el coste. Sin embargo, afectados denuncian que “están sufriendo un boicot” desde que el máximo responsable del PAR de concesionarios denunció a la empresa por “supuestas facturas engordadas o no justificadas”.
La situación actual, “ilegal ya que el único acceso posible es a través de la zona de rotación”, está provocando el “secuestro” de los vehículos de la zona de residentes, con más de 200 afectados. “No queda otra alternativa que recurrir a la buena voluntad de los empleados del área de rotación para que faciliten un recibo para levantar la barrera, previo pago de una pequeña cantidad”, afirman. De lo contrario, su tratamiento sería análogo al de cualquier vehículo que aparcase en la zona de rotación y estarían sujetos a esas tarifas “mucho más elevadas” (hasta 36,30 euros por un estacionamiento durante 24 horas).
Aunque los residentes no concretan el precio que abonan por sus plazas y estas cantidades varían en función del distrito, según algunos portales inmobiliarios en esta zona suelen moverse entre los 100 y 120 euros mensuales. La horquilla de precios se fija partiendo del valor inicial del derecho de uso a la fecha de puesta en funcionamiento del aparcamiento, que disminuirá en función de los años transcurridos y se revalorizará conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) o al baremo que lo sustituya. Unas mensualidades que, en principio, deberían darles libertad para disfrutar de estas plazas sin cobros añadidos.
Choca mucho la permisividad con una empresa importante como Sacyr, frente al control exhaustivo a los beneficiarios de plazas de residentes que las subarrendan al no poder deshacerse de ellas
Desde la comunidad aseguran que pusieron en conocimiento del Ayuntamiento de Madrid la situación hace más de un año. Por entonces solicitaron una reunión con el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, dirigida por Borja Carabante, “no habiendo recibido contestación hasta la fecha”. Por parte de la administración del parking se les insta a “adquirir una tarjeta” para poder salir del aparcamiento “libremente” mediante el nuevo sistema de barreras.
Ignacio Benito, concejal socialista y portavoz del PSOE en la Comisión Ordinaria de Medio Ambiente y Movilidad, pone el foco en “la responsabilidad inspectora por parte del Ayuntamiento, que conoce las irregularidades”. En su opinión, “choca mucho la permisividad con una empresa importante como Sacyr, frente al control exhaustivo a los beneficiarios de plazas de residentes que las subarrendan al no poder deshacerse de ellas”. Desde el Ejecutivo municipal no responden por el momento las preguntas de este diario acerca de este asunto.
Sacyr lo justifica en una “actualización de los sistemas operativos”
Regina López, gerente de Comunicación Externa e Interna de Sacyr, justifica este nueva forma de operar en declaraciones a Somos Madrid, bajo el argumento de que “los sistemas de control de acceso a aparcamientos requieren actualizaciones periódicas para adaptarse a los sistemas operativos vigentes”. Y añade: “Con motivo de esta actualización, era necesario cambiar la actual tarjeta de salida de los usuarios residentes, o bien, que los usuarios faciliten el número de matrícula del vehículo para que el sistema lo detecte y permita su salida automática”.
“Para aquellos usuarios que no quieran dar voluntariamente sus datos de matrícula asociados a sus datos personales, la concesionaria ha facilitado gratuitamente una tarjeta electrónica de salida por residente. Además, les permite la salida automática a los usuarios de los vehículos cuyas matrículas hayan sido identificadas por los residentes, sin necesidad de recoger ni utilizar tarjeta física, ni se les factura coste alguno por esta gestión”, expone López. Indica que “el 94% utiliza la salida automática y el 6% de usuarios ha solicitado la tarjeta gratuita”.
“Al usuario residente que no desee identificar una matrícula y quiera disponer de más de una tarjeta se le facilita una adicional por importe de 10 euros, como se hace habitualmente en los aparcamientos de residentes, para disuadir la posibilidad de fraudes o duplicidades de usuarios”, dice López. Asegura que los cambios han sido “debidamente comunicados a los usuarios por el personal permanente del parking y al administrador de la comunidad con anterioridad a que se efectuara el cambio del software”. La compañía niega que los residentes deban pagar cantidad alguna para que se levante la barrera: “A quienes no han pasado aún a identificarse o retirar tarjeta física se les abre manualmente la barrera simplemente con pulsar un timbre ”.
Un parking con polémica ya desde su origen
Desde su apertura en 2006, este aparcamiento ha estado rodeado de un contexto de tiranteces y reclamaciones. En 2011 las dos primeras plantas, destinadas a las plazas de rotación, todavía estaban desiertas y fuera de servicio. Era la respuesta de Sacyr a las cuentas que le presentaba el Ayuntamiento, por entonces liderado por Alberto Ruiz-Gallardón, con las que no estaba de acuerdo: un canon inicial y único de 1,2 millones de euros y el pago de los sobrecostes de la obra que la empresa imputaba al consistorio, según detalla El Mundo en una pieza de la época.
Por aquel entonces, desde el área de Movilidad defendían que la decisión de Sacyr perjudicaba “gravemente el interés de los usuarios, el servicio y el interés público”. El Ayuntamiento y la constructora mantuvieron un litigio que llegó hasta los tribunales. Un juez decretó en febrero de 2010 que Sacyr no debía pagar el canon, que ya había alcanzado los 2,4 millones de euros por los intereses de demora, hasta que el aparcamiento se abriera en su totalidad. Pero eso no sucedió hasta que ambas partes llegaron a un acuerdo económico, que se materializó con la puesta en marcha de las plazas de rotación en 2016.