La ONU propone financiar acciones críticas con dinero proveniente del lavado de dinero

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El mundo se encuentra en un momento crítico y las problemáticas globales no pueden resolverse a nivel local. La lucha contra el cambio climático, el colapso sanitario y la pobreza extrema exige una labor conjunta de todos los países.

Para elaborar y ejecutar una agenda de desarrollo sostenible orientada a dar solución a estos conflictos se necesita realizar una inversión millonaria. En el contexto actual, los países no se encuentran en condiciones de afrontar esos gastos, ya que están experimentando serios desequilibrios en su economía.

La ONU creó hace un año el Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financieras Internacionales, conocido como FACTI por sus siglas en inglés. Este Panel ha trabajado distintos proyectos de financiamiento de las medidas necesarias para responder a la crisis mundial.

Recientemente los expertos de la ONU han elaborado un informe sobre el tema, en el que realizan catorce recomendaciones y proponen la creación de un Pacto Mundial de Integridad Financiera para el Desarrollo Sostenible. Este acuerdo tiene como ejes centrales la reforma del sistema financiero global, la lucha contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, y la creación de fondos públicos.

Blanqueo de capitales

El FACTI propone la creación de normas e instituciones más sólidas para prevenir el blanqueo de capitales, comúnmente llamado lavado de dinero. Según las cifras que arrojan las investigaciones de la ONU, estas operaciones ilegales representan un 2.7% del Producto Ingreso Bruto mundial por año.

Luis Chabaneix, abogado penalista fundador del despacho especializado en el blanqueo de capitales, dice que este fenómeno opera a nivel internacional y que el dinero procedente de la comisión de delitos normalmente transita por múltiples jurisdicciones. Explica que este ilícito es cada vez más frecuente en países como España debido a las reformas normativas que ampliaron el tipo penal.

Este incremento de hechos delictivos no se debe a que haya aumentado el número de personas que colocan en el mercado legal dinero precedente de actividades ilícitas graves, como el terrorismo, la venta de armamento o el tráfico de drogas. Lo que ocurre es que a lo largo de los años se ha expandido el ámbito de aplicación del tipo penal hasta el punto de abarcar una gran cantidad de situaciones que antes no se contemplaban.

En sus orígenes el delito de blanqueo de activos exigía dolo de parte del actor, pero actualmente las conductas imprudentes y negligentes graves también quedan subsumidas en el tipo penal. Eso implica que alguien que no ha cometido un delito, pero que al recibir dinero no ha constatado la legalidad de su procedencia, puede ser condenado si se descubre que el capital proviene de un ilícito penal.

La audiencia nacional se ha manifestado a favor de una interpretación restrictiva de la norma. De hecho, en el 2019 absolvió a Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona, expresando que el blanqueo de capitales requiere un delito antecedente que no estaba debidamente acreditado y aplicando el principio de in dubio pro reo.

Sin embargo, Chabaneix dice que: “Según el Tribunal Supremo el tipo penal no exige la previa condena por el delito del que proceden los bienes, que se aprovechan u ocultan, sino que basta con establecer su relación con actividades delictivas como conclusión razonable, dados los indicios disponibles.”

La situación de los intermediarios

La ONU sugiere que se establezcan sanciones para los facilitadores de estos delitos. En España ya hay una Ley de prevención de blanqueo de capitales, que impone penas pecuniarias y de prisión a los operadores que incumplen con la obligación de verificar la existencia de actividades económicas lícitas que respalden los fondos.

Es recomendable que las entidades de crédito y los contadores se asesoren preventivamente con algún abogado especialista en blanqueo de dinero. Así podrán informarse sobre la normativa vigente y evitar muchos problemas a futuro.

Creación de un régimen tributario unificado

Sepúlveda, integrante del FACTI, ha manifestado que el sistema fiscal actual es injusto, ya que oprime a los ciudadanos y no a las empresas de gran envergadura. Ha expresado que las regulaciones actuales son obsoletas y deben modificarse para que sean las corporaciones las que carguen con los impuestos necesarios para llevar a cabo las políticas públicas.

Las empresas multinacionales evaden el pago de ciertos impuestos mediante la apertura de filiales en jurisdicciones con regímenes beneficiosos. Se estima que estas maniobras de ingeniería fiscal podrían privar a los países de 600.000 millones de dólares anuales.

Por lo tanto, una de las recomendaciones del panel de expertos es que se establezca un impuesto mínimo internacional a las sociedades, que oscile entre el 20 y 30% de los ingresos. De esta forma las organizaciones tributarían por sus ganancias globales, independientemente de su localización física.

La ONU promueve la creación de fondos públicos para impulsar medidas de impacto global. Estos estarían conformados por el impuesto mínimo percibido y el dinero proveniente de la sanción del delito de blanqueamiento de activos.

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