Asociaciones de vecinos de Centro piden la paralización de la ampliación del horario de terrazas

La Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Madrid Centro y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) han solicitado al Gobierno regional y a todos los grupos de la Asamblea de Madrid la paralización del adelanto del horario de apertura de las terrazas a las ocho de la mañana anunciado por Cristina Cifuentes.

Una decisión que deberá ser ratificada por los servicios jurídicos y que se tomó, según explican en un comunicado conjunto, sin que los vecinos y los representantes de las Asociaciones de la FRAVM hayan tenido la oportunidad de exponer el impacto que esta medida puede tener en los miles de ciudadanos afectados en su vida diaria por las terrazas.

«El gobierno de la Comunidad de Madrid no ha tenido en cuenta, al tomar esta decisión, el deterioro de los derechos de los vecinos y de la convivencia ciudadana que ha provocado el incremento descontrolado de la actividad hostelera y, en particular, de las terrazas en el centro de Madrid», denuncian.

Ante la publicación en los medios de comunicación de la intención de ampliar los horarios de las terrazas, la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos Madrid Centro se dirigió a la presidenta del gobierno regional para reclamar que diera trámite de audiencia a representantes de las asociaciones de vecinos de la región, en concreto a la FRAVM, para tener en cuenta los intereses y puntos de vista de los vecinos, que no han sido «ni consultados ni escuchados».

Un fenómeno descontrolado

Aunque esta normativa sería aplicable a toda la región de Madrid, cada localidad tendrá la posibilidad de adoptar las restricciones que considere oportunas en su municipio. Por lo que respecta a la ciudad de Madrid, actualmente se rige por la ordenanza de terrazas que comenzó a aplicarse en agosto de 2013.

Desde entonces se han instalado en torno a las 4.500 terrazas, que han transformado sustancialmente la morfología de las calles y plazas madrileñas. Según cálculos de las asociaciones vecinales, podría «traducirse perfectamente en la colocación de más de 50.000 mesas y 200.000 sillas, a lo que habría que añadir sombrillas y un amplísimo abanico de elementos, en cantidad variable» que suponen «una ocupación del espacio público de más de 30 Hectáreas».

En el caso del Distrito Centro, hay autorizadas 645 de terrazas (unas 4.200 mesas y 17.000 sillas) y el 75 % de ellas cuenta con algún expediente por incumplimiento de la ordenanza reguladora, según datos del propio Ayuntamiento. A estas habría que sumar las terrazas pirata que, a pesar de ser un problema reconocido por las propias autoridades municipales, son difíciles de controlar con los medios públicos existentes.

Una actividad casi sin regulación

Desde las asociaciones vecinales señalan la laxitud de los trámites administrativos para la autorización de terrazas «Hasta el año 2006, la instalación de una terraza en la vía pública necesitaba de una Evaluación de Impacto Ambiental previa», un procedimiento que actualmente no es necesario.

«Resulta paradójico que la actividad de hostelería que se desarrolla en los locales a los que está adscrita la actividad de las terrazas deben cumplir con de unos lógicos niveles de exigencia legal en materia de aislamiento térmico-acústico, de seguridad e higiene, etc. para poder ejercer su actividad y, sin embargo, las terrazas que se instalan en el espacio público no tienen que cumplir exigencia alguna», apuntan.

Asimismo, consideran que la actividad de las terrazas colisiona con los derechos y la vida de los vecinos y ciudadanos en dos elementos fundamentales: espacio y horario. «El primero es que el espacio que ocupan es público, lo que supone una pérdida sobre el valor social de ese espacio público común y, en no pocas ocasiones, una dificultad al tránsito peatonal (especialmente en peatones más vulnerables)», denuncian.

«El segundo es el indudable impacto acústico y ambiental que esta actividad genera, allí donde se realiza, y especialmente durante la noche, que afecta a la calidad del descanso de los residentes y sus derechos como ciudadanos», a lo que habría que sumar la suciedad que generan en calles y plazas.

Dada la naturaleza de esta actividad, las asociaciones vecinales exigen «un estudio independiente previo, en el que se mida el impacto de la medida en el descanso de los vecinos afectados y en la convivencia ciudadana y que incluya el coste-beneficio para la ciudad» porque entienden «que una medida de esta envergadura no debería tomarse sin datos y estudios que lo soporten».

Igualmente, solicitan que se abra «un debate sosegado, sin urgencias, ya que la medida no lo requiere, del que queremos ser parte los vecinos, en calidad de claros damnificados», concluyen.