Un “carné de ciudadanía madrileña” y alternativas sociolaborales para los “manteros”

Las áreas de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo y Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid están estudiando una batería de medidas sociales, más allá de la intervención policial, para que los “manteros” tengan alternativas a la venta ambulante ilegal con las que ganarse la vida.

La ampliación y refuerzo con nuevas funciones de la Oficina de Atención a la Población Migrante, la existencia de un “carné de ciudadanía madrileña” que dé acceso a los recursos del ayuntamiento o la puesta en marcha de alternativas sociolaborales son algunas de las ideas que se barajan desde el Ayuntamiento.

Unos estudios que se realizan de manera paralela al diálogo con las asociaciones de “manteros”, con comerciantes y algunos de los otros actores implicados, como los responsables de las Juntas de Distrito, cuyos diagnósticos y propuestas serán la base de las medidas a implementar y que se integrarán en una nueva ordenanza de convivencia en la ciudad.

Por lo que respecta a la Policía Municipal, se ha diseñado un plan de refuerzo a la actividad policial habitual, que podrá ser utilizado en el caso de ser necesario. Este plan se aplicará en paralelo a las medidas sociales que van a ser implementadas, en coherencia con el Plan Director de Policía presentado este año.

El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, destacaba en rueda de prensa que «la experiencia dice, además, como se ha demostrado los últimos años, que un abordaje exclusivamente punitivo está llamado al fracaso. Es imprescindible encontrar respuestas complejas a realidades que también lo son».  Por ello, el objetivo es que la intervención policial se complemente con la de los agentes sociales.

«Situar la centralidad de la cuestión en un conflicto entre “manteros” y comerciantes y/o viandantes no solo es desproporcionado, sino profundamente injusto e ineficaz», apuntan desde el Ayuntamiento. Por ello, la Corporación trabaja desde un enfoque de derechos y, por tanto, por el reconocimiento y la garantía de los derechos de todas las partes (“manteros”, comerciantes, viandantes, etc.), así como por «reducir al máximo un tipo de venta que reproduce las lógicas de exclusión y estigmatización social de poblaciones enormemente vulnerables».