Un jubilado evita 'in extremis' su desahucio en Madrid a cargo de una orden religiosa que intentó aplicar subidas ilegales

A sus 65 años y recién jubilado, Mariano pide solo una cosa: “No quedarme en la calle”. Pese a que ha pasado toda su vida en el número 1 de la calle Carnero, en el entorno de Puerta de Toledo y en el barrio de Lavapiés, se conforma con una alternativa habitacional ante la amenaza de desahucio que se cierne sobre él desde hace año y medio. Una opción que la Venerable Orden Tercera de San Francisco (VOT), rebautizada recientemente como la Orden Franciscana Seglar, tampoco le ofrece. De hecho, este lunes 12 podría haberse materializado su desalojo. Por suerte para él, la asesoría del Sindicato de Inquilinas y el trabajo de su abogado de oficio han culminado en una orden de suspensión del lanzamiento en los tribunales.

“Sigo sin dormir tranquilo”, apostilla Mariano en conversación con Somos Madrid. Pese a la resolución judicial, que posterga la expulsión como mínimo hasta el 31 de diciembre de 2024, la VOT ya prepara un recurso que le permita intervenir antes. No en vano, la entidad religiosa ni siquiera ha desconvocado oficialmente el desahucio de este lunes. “Y eso que nací aquí y en mi familia llevamos 65 años pagándoles”, protesta.

Mariano dejó de abonar el alquiler en 2022, cuando ya vivió su primera amenaza de desahucio. Pero en 2023 la situación se recrudeció todavía más: cobraba 480 euros de paro y las mensualidades habían llegado ya a los 620: “Me negué a pagar si el contrato no era acorde acorde a lo que yo ganaba”, afirma. Ahora que está a punto de empezar a recibir la jubilación, que le repercutirá en menos de 1.000 euros al mes, quiere volver a abonarlas acordando una cantidad que le permita vivir con dignidad.

Pero los franciscanos, pese al carácter religioso de su labor (y a las exenciones fiscales que les eximen de impuestos como el IBI), le reclaman la deuda pendiente si quiere librarse del desalojo. La única oferta de la orden religiosa es fijar el alquiler en 420 euros mensuales mientras abona otros 21.000 en concepto de deuda en varios plazos. “Yo no tengo posibilidades para eso”, denuncia el afectado.

La orden religiosa, con más de 300 pisos en el centro de Madrid, no negocia

Fuentes del Sindicato de Inquilinas lamentan además la escasa voluntad de interlocución de la orden religiosa. La organización sindical trató de de entablar contactos y negociaciones una vez detenido el primer intento de desalojo, paralizado con un acuerdo extrajudicial, para alcanzar una solución en forma de nuevas cuotas adaptadas a la realidad de Mariano. La VOT nunca les respondió y la primera noticia que tuvieron de ella fue la carta que este vecino recibió en su buzón, la misiva en la que le comunicaban la nueva solicitud de desahucio a los juzgados. El letrado de Mariano ha podido detener el proceso tras presentar la documentación que acredita que su cliente cumple los requisitos para acogerse al decreto para la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.

En el caso de Mariano se conjugaron diabólicamente dos variables. A la vez que se quedó en paro durante la pandemia después de trabajar desde los 14 años en la hostelería, el alquiler comenzó a dispararse. Durante décadas fue de renta antigua, que limita las alzas de precio, ya que aquí se trasladó su abuela en los años cuarenta. Cuando falleció pasó a su padre, y cuando este murió a su madre. Los arrendamientos de renta antigua no permiten más de dos surrogaciones, así que dos años después de que Mariano asumiera la titularidad los precios pasaron a estar sujetos a la vorágine del mercado inmobiliario en Madrid: “Ha subido con cada renovación cada cinco años, y encima había que sumarle unos servicios de comunidad de los que nos acabábamos ocupando los vecinos por la dejadez de la orden”.

Yo me voy donde sea, el único sitio donde no quiero meterme es en la calle

De hecho, tanto el Sindicato de Inquilinas como Mariano denuncian que los franciscanos han tratado incluso de aumentar las mensualidades por encima del límite del 2% que el Gobierno fijó para 2023 y del 3% en 2024: “Hacen un contrato de cinco años, los tres primeros a un precio más o menos módico y los dos últimos doblándolo, siendo esta una subida que no cumple con la Ley de Vivienda. Y luego cuando trascurren los cinco años lo vuelven a aumentar”, critica.

“La orden cuenta con más de 300 pisos solo en el centro de Madrid y en la mayoría de ellos han intentado aplicar estas prácticas abusivas propias de un fondo buitre”, señalan desde el Sindicato de Inquilinas a este medio. Han trasladado estas prácticas poco cristianas a la Archidiocesis de Madrid, pero no han obtenido respuesta alguna del Arzobispado.

Mientras tanto, Mariano apenas puede celebrar el balón de oxígeno que supone no dejar su casa: “Soy consciente de que sigo en peligro. Y lo peor es que no sé qué hacer. La VOT no me quiere recibir ni me ofrecen otro alojamiento, porque repito que este piso tiene 68 metros cuadrados y yo con una de 30 tengo suficiente. Intento acudir al Ayuntamiento por si pueden ayudarme con viviendas sociales más asequibles y tampoco me contestan. Yo me voy donde sea, el único sitio donde no quiero meterme es en la calle. Y lucharé al máximo para evitarlo”.