La Diputación de Salamanca dio un concurso de acreedores a un abogado de Canarias, exdirigente del PP

Los administradores concursales son elegidos por el Juzgado Mercantil de cada provincia. En ciudades pequeñas suelen designarse a abogados y economistas de la propia provincia, según un listado que realiza el Colegio de Abogados. O por lo menos esa es la teoría. En la Diputación Provincial de Salamanca no lo deben haber entendido así, ya que se designó a un administrador concursal de fuera de la provincia, más concretamente de Lanzarote. Y, casualmente, el elegido, un abogado, fue hace años dirigente del PP.

Así lo denuncia el diputado del PSOE en la institución salmantina, Manuel Ambrosio Sánchez, en un libro que él mismo edita y que titula ‘El administrador concursal que surgió de Lanzarote’, que tendrá un valor de dos euros y cuyo recaudación se destinará a una entidad benéfica, según el político socialista.

La Diputación Provincial de Salamanca, a través del organismo autónomo para la Recaudación y Gestión Tributaria (Regtsa), tuvo que nombrar a finales de 2011 un administrador concursal debido a que era acreedor de tres empresas que se estaba tramitando un concurso de acreedores. Las tres sociedades eran parte del grupo empresarial MRS (Mariano Rodríguez Sánchez), uno de los conglomerados empresariales más importantes de Castilla y León, que a principios de los años 90 daba empleo a cerca de mil personas. Las empresas eran PAS (que fue adquirida por uno de los hijos del antiguo propietario), Salamanca Forum Resort y Jamón Salamanca.

Nada más conocer que debería nombrar a un administrador concursal, la Diputación de Salamanca designa, en enero de 2012 y a través de un decreto de Presidencia, firmado por el presidente Javier Iglesias (que también es el presidente provincial del PP en Salamanca) a Rafael de León Expósito, un abogado de Lanzarote (Las Palmas) que fija su domicilio en un edificio de oficinas de Salamanca.

Casualmente este letrado fue diputado en el Parlamento Insular, entre 1999 y 2001. Además, fue presidente Insular del PP en Lanzarote desde 1990 hasta 2000, diputado regional desde 1995, viceconsejero de Pesca y consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias hasta 1997. También estuvo en el Centro Canario Nacionalista (CCN) y en 2011 volvió al PP.

El libro de Manuel Ambrosio Sánchez revela que la diputada de Economía, Chabela de la Torre, “no ha facilitado en ningún momento información sobre los honorarios de este profesional en el ejercicio de la representación de Regtsa en el proceso concursal citado”. El diputado socialista también denuncia que se hubiera designado a un profesional externo, cuando la Ley de Administración Concursal posibilitaba que se nombrara a un funcionario, sin que pudiera percibir emolumentos.

Fuentes judiciales aseguran a La Meseta, que el administrador concursal nombrado por la Diputación de Salamanca podría haberse embolsado unos emolumentos cercanos a los 200.000 euros, aunque desde el PSOE salmantino se habla de “miles de euros”.

Para Manuel Ambrosio, esta decisión es más que una “sospechosa”, ya que además de la “afinidad política, ¿qué pudo influir en la designación de Rafael de León como Administrador Concursal para defender la causa de Regtsa? ¿Cuál es el hilo conductor entre De León, por un lado y Javier Iglesias y Chabela de la Torre por otro? ¿Intereses o pasatiempos comunes, amistad. Acaso estudió Rafael de León en Salamanca en sus años mozos...?”.

“Y ahora bien, ¿deben los ciudadanos (además de irritarse) desenmarañar una posible madeja de intereses que se expanden y se mezclan y se funden quién sabe en qué punto? ¿No basta con la evidencia de la ocultación de datos o de las designaciones peregrinas llevadas a cabo por quienes, en virtud del cargo que ocupan, debieran comportarse con una ética irreprochable en sus actos y en su imagen?”, concluye el libro.