La grandiosa manifestación del día 30, como escenificación colectiva del estupor causado por las imágenes de miles de peces muertos en el Mar Menor y por la conciencia de que “hasta aquí hemos llegado” ante el enorme desastre ambiental, puede marcar un antes y un después sobre el papel de la agricultura industrial en nuestra región. O, siendo más realista y menos ambicioso, sobre las consecuencias de su desarrollo en el entorno del Mar Menor.
Y es que, toda la sociedad de nuestra región ha comprobado que el Mar Menor ha llegado a convertirse en un gran contenedor de basuras. No solo por una agricultura bulímica que vomita contaminantes a su alrededor, también por un urbanismo incontrolado, balsas con purines que llegan al subsuelo contaminando el agua con nitratos ¡por si había pocos!, contaminación minera con metales pesados, excesiva actividad náutica…
También comprobamos que aquellos avisos de científicos y de grupos de defensa del medio ambiente y ecologistas, de que el llamado cambio climático iba a producir efectos muy perjudiciales para todo el planeta han llegado ya. Ya no es algo ajeno a nuestras vidas diarias: hasta los niños saben que es una DANA y los mayores hablan de récords históricos de temperaturas como el que habla de lo cara que está la vida.
Pero, ¿solo es un desastre ambiental? “Queremos que la Región sea el mayor espacio de libertad económica del Mediterráneo y que los empresarios elijan invertir aquí” decía López Miras en el I Foro Internacional de Innovación, Sostenibilidad y Economía de la Región de Murcia. Y vaya que lo están consiguiendo: una batería de propuestas legislativas puestas en bandeja a la gran empresa que se suma a las estatales, un gobierno de las oligarquías empresariales y unas administraciones modeladas durante décadas a su servicio están haciendo de nuestra región el paraíso de inversores de aquí y de allí.
Y así es, capital especulativo de fondos de inversión y multinacionales que consideran el sector agrícola un negocio muy rentable: el precio de la tierra (declarado) sube año tras año y la región tiene el segundo precio más alto de todo el país para cultivos hortícolas de regadío y el más alto para los arrendamientos de cultivos hortícolas intensivos. Y cada año, las patronales del sector agroalimentario se felicitan de que sus ventas baten récords.
Todo va bien. Hasta que la burbuja agroalimentaria empieza a crecer y a dar síntomas de alarma: las primeras grandes empresas de la región han caído y otras tiemblan. Pero como la codicia no tiene límites y el agua no es un problema, por mucho que se quejen, aquí llegan proyectos de conversión de terrenos de secano en regadío para cultivos de almendra, olivo o pistacho, e incluso de cultivos tropicales de la mano de grandes empresas y la ayuda inestimable de organismos de investigación y de universidades subvencionados por esas mismas empresas. El “agua para todos”, ese trampantojo con el que la derecha ha ganado elecciones, resultó ser agua para unos pocos grandes empresarios, mientras que pequeños agricultores de regadíos tradicionales comprueban día a día como sus acuíferos y manantiales se agotan.
Todo va bien. Hasta que saltan las alarmas por los daños que ocasiona el agronegocio, por las ilegalidades que han llegado a cometer de sobra conocidas y que investiga la justicia y por la continua extorsión al resto de la sociedad para que legitimemos sus prácticas.
¿Libertad económica? Habrá libertad económica, pero solo para los grupos empresariales con más capital; y sí, libertad tienen para aplicar métodos de presión al resto de la sociedad: algunos son más seductores, desde alardear de la enorme riqueza que generan —sobre todo para ellos—, los numerosos puestos de trabajo que proporcionan —la mayoría en condiciones laborales infrahumanas—, de que “somos” la huerta de Europa, y dentro de poco del planeta; y repetir hasta la saciedad que su producción es sostenible, ¡cómo no!. Otras formas de presión se basan en que la sociedad asuma sus problemas y así se quejan continuamente de que sus campos sufren sed —pero cada año producen más—, que tienen pérdidas millonarias por los bajos precios o por las inundaciones o por las heladas o por…. Y si lo anterior no es suficiente pasan a las advertencias, mas bien amenazas, para que no se les estigmatice, ni se les criminalice, ni desprestigie, señalando a quienes hacen la menor crítica a los efectos que producen, incluso directamente a los grupos políticos que intentan introducir algunas medidas para paliar los desaguisados de esa agricultura. Las imágenes de un importante cargo en un sindicato agrario de la comarca amenazando con un garrote a trabajadores que sellaban un salmueroducto es solo un ejemplo de como defienden su modelo agrícola.
Esta libertad económica que pregona el Partido Popular aplicada al sistema agroalimentario no solo afecta al Mar Menor y a la extensa comarca que le rodea, sino a cualquier territorio que se acomode a sus intereses: lo saben bien en el Altiplano, en el Noroeste y en provincias cercanas. En el resto de la cadena agroalimentaria hasta llegar al consumidor final se imponen prácticas mafiosas monopolísticas que consiguen arruinar a los pequeños agricultores, que casi desaparezca el pequeño comercio, que unas pocas multinacionales se apropien de la diversidad vegetal y animal, de los suministros agrícolas y, cada vez más, de los canales de distribución y venta de alimentos; es decir, esa libertad de la que gozan impone a la sociedad un modelo de alimentación para sus intereses, aunque en el imaginario de demasiada gente crean que su consumo es solo una decisión de libertad individual.
Pero hay esperanza: existen muchas iniciativas a nuestro alrededor que vislumbran nuevas formas de producir y consumir alimentos: grupos de consumo de alimentos ecológicos a pequeña escala o cooperativas en grandes ciudades de nuestro país que agrupan a miles de personas; personas propietarias y usuarias de tierras que se asocian para colaborar en la protección de la naturaleza (custodia del territorio); grupos ecologistas y medioambientalistas como Ecologistas en Acción y ANSE que vienen realizando una labor impagable en defensa del territorio y de sus usos compatibles con el cuidado de la vida; asociaciones de educación ambiental, de defensa de la Huerta de Murcia, del patrimonio natural. También, activistas organizados para denunciar el sistema que ha originado la crisis climática y equipos de investigación en Agroecología y, lo que es más importante, una voluntad de muchos sectores de la sociedad que comprenden que nos jugamos mucho ante la crisis social, climática y ambiental que ha provocado una minoría explotadora que cada son más ricos mientras que los pobreza y la exclusión se extiende más y más.
Ahora toca hacer posible que el modelo de producción y consumo de alimentos alternativo al actual se desarrolle. Pero, para ello se necesita también un nuevo modelo de sociedad igualitaria y plenamente democrática. Hay mucho que hacer.
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