Algo se está preparando en las cocinas del Partido Popular. El hedor a una propuesta para movilizar al electorado conservador a costa del derecho al aborto de las mujeres en España empieza a tomar la forma de un mal guiso que, en Murcia, corremos el riesgo de tragarnos si bajamos la guardia.
De momento, distinguimos dos ingredientes que analizamos a continuación: en el discurso, la repetición de la mentira “el aborto no es un derecho, es un drama”; en el plano legislativo, el anteproyecto de Ley de Protección Integral de la Familia.
Si no actuamos a tiempo, la indigestión promete un viaje al pasado de varias décadas. ¿Qué vamos a hacer para impedirlo?
El eslogan: “El aborto no es un derecho, es un drama”
El 9 de octubre no fue la primera vez que escuchamos a Teodoro García Egea -flamante Secretario General de la renovación del Partido Popular- mentir sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que desde 2010 establece que sí, tenemos derecho a abortar en España.
Ya lo hizo el 2 de septiembre en La Sexta Noche, sumando la falacia de que “nadie puede ponerse en la piel de una persona que se ha quedado embarazada” (él no puede quedar embarazado ni abortar, él no debería poder “subirse a la tribuna del Congreso” para hablar en nuestro nombre y en nuestra piel).
Desde 2012 viene afilando en twitter lo que parece ser punta de lanza del argumentario del Partido Popular de cara al próximo periodo electoral: retroceder a la Ley del 85, con el robo de derechos a las mujeres que ello conlleva.
Lo más espeluznante es que esta mentira de “El aborto no es un derecho, es un drama” no es mérito de la maquinaria propagandística del Partido Popular. El eslogan lo lleva utilizando Hazte Oír desde 2006, y recientemente tuvo alcance internacional gracias al obispo argentino Monseñor Oscar Ojea.
El mantra busca preparar el terreno para polarizar el debate sobre si el aborto es un derecho natural o no, si la vida empieza al momento de la concepción o no, y si embrión tiene los mismos derechos que una persona adulta o no, cuando la discusión lleva años saldada a favor del reconocimiento del aborto como un derecho positivo.
Ley de Protección Integral de la Familia, el marco jurídico para sostener una mentira
En la Murcia natal de Teodoro, la división regional del partido conservador ha ido un paso más allá del discurso y en los próximos días presentará la Ley de Protección Integral de la Familia, lo que parece un aperitivo para la carrera por ver quién llega más a la derecha del espectro electoral.
Todavía no conocemos qué dice exactamente el texto, pero sí sabemos que López Miras, sembrando lo arado por Teodoro&Casado, ha anunciado que defiende El aborto no como un derecho sino un fracaso.
El núcleo de la propuesta es consolidar un “auténtico sistema de responsabilidad pública que garantice el apoyo y protección a las familias” para establecer un “Sistema de Atención a la Familia y Protección de la Maternidad”.
Ante esta primera información disponible se plantean dos cuestiones:
1.Si la Ley pretende consolidar un auténtico sistema ¿Significa que el actual es falso?
2.Si el órgano que pretenden implementar a tal efecto busca proteger la Maternidad ¿Significa que la prioridad es proteger la maternidad libremente decidida (como especifica nuestra Ley nacional actual) o culminar la gestación (como anticipa La Verdad sobre el anteproyecto)?
Todo apunta a que esta Ley busca criminalizar y estigmatizar el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, a una maternidad libremente decidida y en definitiva al aborto. Pasando por encima no solo de la Ley española, sino de todo el cuerpo normativo que sostiene a esta:
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (Naciones Unidas, 1979); IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la mujer (Beijing, 1995); Resolución 2001/2128 (INI) sobre salud sexual y reproductiva y los derechos asociados (Parlamento Europeo, 2002); Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (03/2007); Resolución 1607/2008 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y la Sentencia 116/1999 del Tribunal Constitucional.
Y yo, como mujer murciana y española me pregunto, ¿no estarán intentando dar cobertura legal -y probablemente financiera- a una especie de incentivo para evitar “el drama” del aborto? ¿No será Murcia el tubo de ensayo de una fórmula con proyección nacional?
De ser así, si tenemos a un partido intentando menoscabar el derecho a decidir libremente sobre nuestros cuerpos, deseadas o no maternidades y abortos, la pregunta es ¿qué vamos a hacer para impedirlo? Afinemos más todavía, ¿qué posición va a tomar Ciudadanos Murcia al momento de votar a favor o en contra de esta Ley?
Y estas no son preguntas retóricas, son interrogaciones sinceras que está esperando una respuesta: ¿Qué va a hacer el partido naranja ante una formación que quiere apuntarse el tanto de que Murcia sea la primera Comunidad Autónoma de España en quitarnos derechos a las mujeres?
Mientras aguardamos una réplica desde la portavocía de Miguel Sánchez, no podemos bajar la guardia, no podemos dejar que nuestro cuerpo se convierta en el campo de batalla de un partido que basa su discurso en la ideología retrógrada de Hazte Oír y La Iglesia.
Abortar no es un fracaso: el fracaso sería volver a la cueva en la que sigue agazapada la minoría antiderechos. El drama no es abortar: el drama es que el Partido Popular esté dispuesto a sacrificar nuestro derecho a decidir por un puñado de votos.