Inmigración: hablemos de ciudadanía

La Región de Murcia cuenta con más de 200.000 nuevos ciudadanos y ciudadanas procedentes de otros países, que trabajan y conviven con quienes hemos tenido la fortuna de nacer y vivir en cualquiera de nuestros 45 municipios. Todas ellas y ellos sueñan y luchan por una vida mejor que la tenían en sus países de nacimiento. Se esmeran por dar futuro y certidumbre a sus hijos e hijas, en su mayoría murcianos y murcianas de nacimiento. Trabajan la mayoría en puestos de trabajo que hicieron no hace muchos años nuestros padres. Y pagan sus impuestos y contribuciones sociales, como cualquiera de nosotros.

Por ello, merecen toda la atención y protección de nuestras instituciones públicas, garantizando todos sus derechos de ciudadanía, sin que exista ningún tipo de discriminación, que provoque la existencia de ciudadanos de primera y de segunda categoría; es imprescindible que los responsables públicos y una sociedad exigente trabajen por alcanzar una ciudadanía plena para todos los ciudadanos y ciudadanas, sea cual sea su origen o procedencia.

La sociedad civil tiene que tener un papel exigente, comprometido y activo en la consecución de esa ciudadanía plena. Sólo así toda la ciudadanía tendrá la libertad a la que todos aspiramos, como ausencia de cualquier tipo de dominación. Y la igualdad de oportunidades, la participación social y política, la credibilidad y reputación social. La Región de Murcia, por historia, por memoria y por dignidad, y también por el bienestar y progreso presente y sobre todo futuro, debe aspirar a ser una sociedad multicultural, tolerante y diversa.

Es una realidad, y es a la vez una necesidad y una oportunidad. La aportación de estas nuevas ciudadanas y ciudadanos al desarrollo económico, demográfico, social y cultural ha sido y es incuestionable con su trabajo en la agricultura, cuidados y atención a mayores y familias, como autónomos, en el comercio, etc. Constituyen un pilar de nuestra economía y calidad de vida y sus aportaciones al sistema de protección social. Y resultan imprescindibles, con su trabajo diario, para la sostenibilidad de nuestras pensiones presentes y futuras.

No es cierto que nos quiten el trabajo ya que, generalmente, desarrollan trabajos no deseados por nosotros y nosotras, por su dureza física, baja cualificación o precariedad. No es cierto que colapsen los servicios sanitarios, en su mayoría son gente joven con pocas necesidades en el ámbito de la salud, o por lo menos no tan demandantes de este servicio público esencial. No es cierto que acaparen todas las ayudas sociales, solo las que les correspondan por su situación económica y social. No nos quieren invadir. Ni quieren imponer su religión. La inmensa mayoría trabaja para mejorar sus condiciones de vida, ayudar a sus familias y vivir en paz y libertad con la mayor dignidad posible. Qué curioso…. como la mayoría de nosotros y nosotras. Y, además, los necesitamos.

La irrupción en el panorama político de la ultraderecha, tanto a nivel nacional como internacional, ha supuesto un cambio en la utilización de la inmigración en el discurso político: la criminalización, el racismo, la utilización del miedo, las falsas noticias, las amenazas, sembrar el odio y la agresión, han empezado a tener presencia en nuestra sociedad, y es el momento de plantarles cara de manera contundente e inequívoca.

Es hora de poner pies en pared y decir basta. Ningún partido político democrático puede dejar de condenar este tipo de actuaciones. No hay excusa, no vale ponerse de perfil, no es admisible el tacticismo electoral. Debemos valorar y apoyar a quienes manifiestan empatía con estos vecinos y vecinas. Y los medios de comunicación deberían señalar a quienes siembren, promuevan o inciten al racismo y el odio.

También las Administraciones Públicas deben asumir sus responsabilidades. Articulando medidas y actuaciones como las que a continuación relaciono, con carácter meramente enunciativo.

Así en primer lugar, deben crearse órganos de coordinación entre las diferentes administraciones: nacional, autonómica y local, facilitando la participación de sus Consulados, con objeto de establecer un marco de políticas transversales, con objetivos comunes y la debida planificación temporal y de medios. 

En segundo lugar, desarrollando un programa de comunicación institucional, que ponga en valor la aportación de la inmigración a nuestra sociedad y estado de bienestar. Comunicación, noticias y hechos que combatan las falsas noticias y las mentiras con datos oficiales.

En tercer lugar, intensificando las políticas públicas, especialmente en el ámbito local, que garanticen la ciudadanía plena y la normalización de la convivencia. Tenemos casos de éxito en varios municipios de nuestra Región.

Por último, poniendo en marcha un Plan de choque contra el odio y los abusos que implique a la sociedad civil, a las Administraciones y a los medios de comunicación. Plan que tenga por objeto erradicar de nuestra sociedad esta lacra.

La aparición en la Región de hechos puntuales de racismo, con amenazas, agresiones y muertes, es un fracaso colectivo que tenemos que combatir entre todos, plantando cara y con tolerancia cero con quienes lo alimentan, lo utilizan o lo toleran. Y esa responsabilidad es mayor por parte de las Administraciones, y dentro de ellas nuestro Gobierno Regional tiene mucho que hacer y decir: le estamos esperando. También la Asamblea Regional.

Por esa razón presentamos hace meses, desde el Grupo Parlamentario Socialista, una moción para ir dando pasos en los puntos primero y sobre todo segundo de los señalados anteriormente. Para instaurar los premios Avatar a nivel regional. La llevamos a Pleno este miércoles pasado. El PP y los diputados sin partido en los que se apoya están en otras cosas y votaron en contra. La Consejera con competencias en la materia, Isabel Franco, ni tan siquiera estuvo presente.

Pero seguiremos insistiendo en esta línea, y así quieren hacerlo muchos alcaldes y alcaldesas desde sus municipios, en ausencia del liderazgo y gestión que debiera llevar a cabo el gobierno regional.

Es hora de establecer un nuevo discurso político: ético, proactivo, apegado a nuestra realidad regional. Un discurso pensando en mejorar nuestra convivencia, mirando al futuro, acercándonos a las sociedades más desarrolladas y plurales. Por eso mejor, cuando hablemos de inmigración, mejor lo hagamos de ciudadanía.