Tan entretenidos nos tienen López Miras y Diego Conesa con quién pagará los destrozos de la DANA, quién tiene que poner más pasta para remediar el desastre del Mar Menor o cuál de los dos gobiernos pasados del bipartidismo tiene más culpa de que no llegue la financiación justa, que casi se ha pasado por alto la última salida de pata de banco de Albarracín y sus muchachos. La CROEM, vamos.
La cúpula actual del empresariado murciano ha dado prueba, otra vez, de no saber muy bien qué papel le corresponde en este juego de pesos y contrapesos que dicen que es la democracia liberal de que gozamos. No ha sido algo casual, es decir, un comentario dejado caer, una filtración interesada de una opinión o algo por el estilo. Ha sido un pronunciamiento con todas las de la ley, o más bien sin ninguna de las de la ley, a través de un comunicado oficial distribuido, se supone, a todos los medios interesados.
Justo dos días después de que el común de los mortales conociéramos, el martes 24, que el cardenal José Luis Mendoza, amo y señor de la Universidad Católica, será juzgado porque la juez María del Mar Azuar –– a quien dios confunda–– estima que hay indicios de delito urbanístico en las edificaciones sin licencia del campus del que es máximo responsable, los jefes empresariales murcianos se retratan por escrito tras reunirse, muy serios ellos y ellas, en junta directiva.
De ahí salió un texto en el que Albarracín y sus muchachos y muchachas –– han aumentado el número de floreros de uno a siete––, en total 29, opinan que al cardenal “la razón le asiste” frente a la ley, se entiende, puesto que inmediatamente “consideran que la Justicia ha de pronunciarse con máxima celeridad para permitir que la UCAM siga su actividad sin estas incertidumbres generadas”, aunque escondan su opinión bajo una soflama al uso sobre la gota fría.
Y a la legalidad vigente, que le den. O eso se interpreta; tan libremente como los dirigentes empresariales parecen anteponer “la razón” –– ¿cuál? ¿la de Estado, o la particular del responsable del desaguisado constructivo?–– a la legalidad urbanística, que es la que se trata de preservar la jueza cuando encausa al cardenal por un posible quebranto, o sea delito, de la ordenación del territorio.
Más bien parece que al antedicho donante viejo de óbolos de San Pedro le asistió la sinrazón, y no otra cosa, cuando decidió edificar sin respetar las normas urbanísticas que lo impedían, valiéndose de la vista gorda y las prebendas que le hicieron durante muchos años los sucesivos gobiernos regionales de Ramón Luis Valcárcel y municipales de Miguel Ángel Cámara.
La cúpula croemita no dijo ni mu cuando el preboste católico antonino anunció el traslado fiscal a Madrid desde Murcia el pasado julio de su negocio, ese chiringuito al que los de Montesinos se ven obligados a “reconocer la aportación en el ámbito educativo y deportivo, el compromiso social (sic) y el prestigio alcanzado (sic)...”. Fin de la cita.
El piadoso hombre estaba dolido porque las autoridades murcianas lo “tratan muy mal”. Puede que los munícipes capitalinos y los gerifaltes regionales del Podrido se veían ya en un brete y no podían ––¿o no se atrevían? –– seguir haciendo la vista gorda a los tejemanejes guadalupanos porque la instrucción judicial avanzaba como una apisonadora y ya se preveía el auto que va a dar con los huesos del cardenal en el banquillo. De momento. Después ya veremos. Que es inocente. También de momento. Vale.
P.S. Me arriesgo a que lo de floreros mosquee a más de una y uno. Me da igual. El caso es que estos de Albarracín no demuestran mucho interés ni por la paridad ni por nada que se le parezca: antes era una entre 25; ahora, 7 entre 29. Y ninguna pasa de vocal. Mandar, lo que es mandar, en la CROEM mandan los hombres. Conclusión: está de moda y hay que hacerlo.
