Personalidad legal para los no humanos

En 2015, la suma de voluntades de muchas personas tuvo finalmente un reflejo a nivel legal en el caso de la orangutana Sandra, confinada en el zoo de Buenos Aires desde los años noventa, cuando Elena Liberatori, jueza de esa misma ciudad, la declaraba persona no humana y sujeto de derecho. En base a esta consideración se dictaminó su liberación del zoo, en el que se halla recluida, y su posterior traslado a un santuario de animales.

Un caso similar saltaba a la arena pública el 16 de mayo al publicarse como hecho histórico en el avance de los derechos de los animales no humanos, la opinión del juez Eugene Fahey, uno de los cinco jueces de la Corte de Apelaciones Nueva York, la cual denegaba la demanda contra la decisión de un tribunal inferior a otorgar recursos de hábeas corpus a Tomy y Kiko (dos chimpancés mantenidos cautivos por sus propietarios humanos). Steven Wise, director del Proyecto de Derechos no humanos NhRP, que había solicitado el traslado de Tomy y Kiko a un santuario, haría referencia a lo arbitrario de la decisión.

Sorprendentemente, y aún a pesar de la postura compartida por todos los miembros del Tribunal de no considerar “personas jurídicas” a los chimpancés; Fahey realizaba una crítica devastadora a la argumentación mantenida por jueces anteriores, sobre el hecho de que los animales “no pueden ser personas”, puesto que no pueden asumir responsabilidades ni derechos. A este respecto indicó: “Lo mismo es cierto para los bebés humanos o adultos humanos en estado de coma, sin embargo, nadie supondría que es impropio buscar un habeas corpus en nombre de un hijo pequeño o un padre que padece demencia”.

Este tipo de argumentación que ha sido objeto de estudio especialmente en nuestro país por el filósofo Oscar Horta, es conocido como el argumento de la superposición de especies. Tomando como base el mismo, Fahey plantearía toda una serie de dilemas reconociendo que la situación de los demás animales constituye una injusticia manifiesta, llamando la atención sobre la existencia de un profundo dilema ético-político, el cual requiere nuestra atención urgente.

Tras el 20 de junio medios de todo el mundo hacían referencia con tristeza a la muerte de Hanabi-Ko, más conocida como Koko. Esta gorila, nacida curiosamente el “Día de la Independencia de los Estados Unidos”, fallecía a sus 46 años de edad sin haber conocido la libertad. Los resultados de su entrenamiento en cautividad en el dominio en la lengua de signos, investigación de la que era objeto de estudio, hicieron que alcanzara una gran fama entre los miembros de nuestra especie, hasta el punto de inspirar personajes de películas, libros, reportajes en revistas científicas, etc. La emotividad despertada por la gran sensibilidad que mostraba en sus vídeos, atrajeron incluso el interés de estrellas mediáticas.

Pero, parece evidente que tras las decisiones adoptadas con respecto al destino de los animales mencionados a modo de ejemplo, prevalecen unos intereses distintos a los de los individuos que son víctimas de los hechos relatados. A este respecto cabe preguntarse, en primer lugar si está justificado que así sea. En caso de que sí lo esté: ¿qué característica es la que hace que haya que respetar a unos y a otros no? ¿Su inteligencia y su capacidad de tener razonamientos complejos (de la que carecen muchos animales y también toda una serie de seres humanos? ¿O, simplemente, su capacidad de sufrir y disfrutar?, capacidad compartida por todos los animales sintientes, humanos o no, tal y como plantea Horta.

En vista del interés creciente manifestado por la sociedad por cuestiones como las relatadas, a juzgar por las múltiples muestras en diferentes ámbitos de personas que lo ponen de manifiesto (académico, organizacional, personal, educativo…), quizás haya llegado ya el momento de plantearse afrontar seriamente el dilema ético-político esbozado por el juez Fahey y extenderlo a los demás animales.