El Mar Menor, en el limbo de una Asamblea Regional que no aprueba nuevas medidas para su protección

Cuando se debate sobre el Mar Menor en la Asamblea Regional nunca se llega a ningún consenso ni se habla de sus problemas principales: los nitratos que siguen desembocando a cada segundo en el mar, la presión inmobiliaria, la proliferación de playas de fango o el incumplimiento de diversas cuestiones vitales de la actual ley de protección del ecosistema, aprobada ya hace un lustro con un entendimiento de todos los partidos de la Cámara -a excepción de Vox- que no se ha vuelto a producir. Esa fue la última medida que llegó a buen puerto. No se saca adelante, desde hace años, ninguna otra iniciativa que mejore la defensa de la laguna.

El pleno celebrado este martes no ha sido una excepción: una tentativa de Podemos de conformar un debate sobre la modificación legislativa de la norma de protección ha vuelto a quedar en nada. Aunque sí se ha conseguido sacar algo en claro: que la reforma de la ley que PP y Vox acordaron llevar adelante en mayo de 2024 está paralizada, y que la moratoria urbanística, que ya fue tumbada por ambas formaciones en agosto de 2023, no se va a establecer de nuevo. El Mar Menor suma casi dos años en un limbo administrativo que no lo protege de las nuevas promociones del ladrillo.

Han sido de nuevo populares y ultraderechistas quienes han rechazado hoy la propuesta de la formación morada, que apostaba por una puesta en marcha indefinida de la moratoria urbanística, por reforzar las medidas de protección de la laguna frente a la contaminación del campo, por un fondo de compensación a los agricultores y ganaderos de la cuenca vertiente que se vean afectados a raíz de dichas medidas, por una recuperación de la sierra minera eficaz por parte del Gobierno regional.

“Queremos cambiar lo que no funciona de la ley actual, con una mano tendida a la sociedad, a los colectivos que defienden la laguna y a agricultores y ganaderos”, ha dicho en su turno de palabra el diputado morado Víctor Egío. 

“Con el fin de la moratoria urbanística volvió la especulación salvaje, por eso la tumbaron PP y Vox. Tenemos que acabar con disparates como esos chalets de La Manga en espacios naturales. Esta proposición incluye además un fondo de compensación histórico a agricultores y ganaderos financiado a partes iguales por la Comunidad Autónoma y el Estado. También exige que el Gobierno regional actúe de una vez, y de verdad, en la sierra minera, y que no haga esas chapuzas como la que hizo en El Lirio. Y que se acabe la otra contaminación, la de los bulos: ni un solo euro público a lobbys como la Fundación Ingenio”, ha reclamado el parlamentario.

Egío ha criticado duramente, asimismo, que tras casi haberse cumplido cinco años de la aprobación de la ley el Gobierno regional no haya sacado adelante todavía, tal y como está recogido en el texto de la norma, el Plan de Ordenación de la Cuenca Vertiente de la laguna. Éste acumula ya dos años de retraso.

Las comparecencias para reformar la ley, detenidas

Pero el debate sobre el Mar Menor, sobre sus problemas, se ha quedado ahí, al inicio. La propuesta ha sido rechazada rápidamente por 29 votos en contra de PP y Vox, frente a los 13 favorables del PSOE y Podemos.

En su turno de palabra, el presidente regional de Vox, José Ángel Antelo, ha calificado el propio Plan de Ordenación de la Cuenca Vertiente que nunca ha visto la luz como “una aniquilación contra el sector primario” y la construcción de viviendas y edificios en torno a la laguna como “necesaria”. “Nadie puede pensar que poner un ladrillo encima de otro contamina el Mar Menor”. El líder de la formación de extrema derecha ha aprovechado para colar una nueva advertencia al PP, que deberá acatar todos y cada uno de sus puntos de vista en relación a la albufera, que lindan con el negacionismo ambiental y con el relato de la contaminación por aguas residuales: “la reforma del Mar Menor tiene que estar sí o sí para que nuestro voto sea afirmativo de cara a los presupuestos”.

La diputada popular, María Luisa Casajús, ha apelado a “la escucha activa” y “la participación y colaboración de todos los sectores” en la reforma de la ley y ha sacado pecho: “Trabajamos con constancia, con responsabilidad. El Mar Menor sigue siendo un ecosistema frágil, pero se están dando avances en su recuperación”.

Lo que seguro que no avanza es la tramitación parlamentaria de la modificación legislativa de la albufera que ambos exsocios del Ejecutivo acordaron el pasado mes de mayo de 2024, hace ya un año. Entonces habían comenzado una serie de comparecencias, que únicamente se prolongaron unos meses, y que tenían por objetivo escuchar, como ha dicho la propia diputada, a las diferentes personas de la sociedad civil y científica implicadas en el estudio del Mar Menor. Pero en seguida, en septiembre, se paralizaron, y no se ha vuelto a celebrar ninguna.

Tan solo tuvieron lugar las comparecencias de aquellas personas invitadas por ambos exsocios de San Esteban, con una clara predominancia del sector agrario, el negacionismo del problema ecológico de la laguna y la Fundación Ingenio. “El PP debe elegir entre ser leal a la ciudadanía o favorecer las exigencias de los más radicales”, ha afirmado en este sentido el diputado socialista Manuel Sevilla.

Todavía quedan decenas de comparecencias pendientes, algunas planteadas por el PSOE, pero el trámite se ha alargado mucho más de lo que ningún partido imaginaba. “No se siguen convocando -las comparecencias- porque PP y Vox, que tienen la mayoría en la Junta de Portavoces, saben que no pueden cumplir con lo que les prometieron a las organizaciones agrarias y no tienen prisa para tramitar su propia modificación de la ley”, subrayan en este sentido fuentes consultadas de Podemos, que vindican que en marzo “se aprobó la declaración ambiental del programa de actuación para las Zonas Vulnerables a la Contaminación por Nitratos y un programa específico para actuar en el Campo de Cartagena, con restricciones aún más duras que las que hay en la actual ley de la laguna”. Estas restricciones, añaden, “deberían recogerse en la reforma”. “Por eso lo único que hacen es dar patadas adelante al balón”.

Sin moratoria urbanística

También hace un año, en abril de 2024, tuvo lugar el último debate parlamentario sobre la moratoria urbanística. Aquel día salieron a la palestra dos propuestas que tenían por objetivo promover un nuevo veto al ladrillo en la cuenca vertiente y ambas fueron rechazadas. Hoy ni se ha contemplado en el pleno, más allá de Podemos, la necesidad de sacar adelante otra paralización de promociones inmobiliarias cercanas a la orilla del mar.

La polémica sobre la moratoria urbanística tiene ya un largo recorrido. Entró primero en vigor durante tres años tras la aprobación en julio de 2020 de la ley de protección de la laguna con el fin de proteger jurídicamente su entorno de nuevos desarrollos. En aquel entonces, y en el transcurso de un período que se prolongó hasta julio de 2023, el Gobierno popular, según rezaba el texto original de la norma, tenía la obligación de redactar y aprobar el Plan de Ordenación de la Cuenca Vertiente que garantizara un uso sostenible y un equilibrio de los suelos del ecosistema. Pero el tiempo se esfumó y no lo hizo. 

Ya expirado el plazo en julio de 2023, y sin previsiones de que el Plan fuese a ser presentado, surgió en San Esteban la necesidad de una ampliación de ese veto al ladrillo. El Ejecutivo de López Miras aprobó a principios de agosto de 2023 un decreto ley de prórroga a la moratoria que la oposición no tardó en tachar de “más permisivo”. No les faltó razón: durante aquel verano hubo promociones hasta la fecha paralizadas que obtuvieron la luz verde, como la segunda fase del centro comercial Las Dunas en Cabo de Palos o 700 nuevas viviendas en Los Belones Este.

El 1 de septiembre se derogó el decreto ley. Desde ese día, la moratoria urbanística es historia, y la construcción cerca del Mar Menor no tiene más restricciones que las que puedan ofrecer los ayuntamientos de los municipios ribereños.