Dos exconsejeros de Murcia, en el banquillo por vulnerar la protección del Mar Menor con un proyecto urbanístico

Prevaricación, tráfico de influencias y cohecho: estos son los delitos por los que se han sentado en el banquillo los siete ex altos cargos del Gobierno de la Región de Murcia, entre los que se encuentran los antiguos titulares de Agricultura, Antonio Cerdá, y Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, junto con la empresa Hansa Urbana, en el juicio que ha comenzado este lunes a las 10 de la mañana por el pelotazo urbanístico del 'caso Novo Carthago' en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de la capital del Segura.

Estos presuntos delitos de corrupción política están relacionados con la recalificación hace casi veinte años de terrenos situados en la zona del municipio cartagenero conocida San Ginés de la Jara y cercanos al Mar Menor, y considerados protegidos y no urbanizables. El proyecto consistía en la construcción de 10.000 viviendas, un campo de golf y hoteles de lujo y afectaba a espacios naturales como el Saladar de Lo Poyo, clasificado como LIC y ZEPA, entre otras figuras.

En el escrito de la acusación del fiscal se establece que presuntamente hubo acciones ilegales para llevar a cabo este proyecto, cuando la normativa urbana no lo permitía. La Declaración de Impacto Ambiental fue emitida favorablemente, a pesar de los informes técnicos negativos. Así, las modificaciones que se realizaron del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cartagena y del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) en 2003 tenían supuestamente la pretensión de suprimir la protección de los terrenos afectados.

Ejecutivo de Valcárcel

El fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, y la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), que ejerce la acusación particular, señalan como principal responsable al ex consejero de Medio Ambiente, quien formó parte de varios Ejecutivos del expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel. La Fiscalía pide para él tres años y medio de cárcel, multa de 12.600 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo como presunto autor de los delitos de falsedad y prevaricación.

El abogado Aurelio Llanes, responsable de la defensa de Cerdá, ha defendido ante la Sala que los hechos que se imputan a su cliente se encuentran prescritos, al tiempo que señaló que su actuación no debe ser vista como un acto administrativo. Estas cuestiones fueron rechazadas por el tribunal, así como las planteadas por las otras defensas.

Para otro de los pesos pesados del Ejecutivo de Valcárcel, Joaquín Bascuñana, quien estuvo al frente de la consejería de Obras Públicas, y también fue delegado del Gobierno entre 2011 y 2015, el ministerio público solicita seis años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Asesores y exdirectores generales

Entre los acusados figura también una exasesora de Cerdá, María Antonieta Fernández Cano, para la que pide tres años y tres meses de cárcel y multa de nueve mil euros por falsedad y prevaricación, junto con la inhabilitación especial por mismo tiempo. Además, reclama para ella cinco meses de cárcel y multa de 125.000 euros por un supuesto delito de blanqueo de capitales por el ingreso de esa suma en sus cuentas, siendo la misma de origen desconocido, por lo que pide también que sea condenada a devolverla.

También se sientan en el banquillo el exdirector general de Administración Local y de Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero; el antiguo director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; el antiguo asesor jurídico de Urbanismo, Luis María Romero Agulló y el exsubdirector general de Urbanismo, José María Ródenas Cañada, quienes están acusados de prevaricación y se enfrentan a peticiones de cinco años de inhabilitación. El exdirector general de Medio Natural Carlos Brugarolas falleció en 2019.

Petición para suprimir la declaración del promotor

Por su parte, el abogado de la defensa de la empresa Hansa Urbana pidió en esta primera vista que el director de la empresa Rafael Galea no declare como testigo al haber sufrido recientemente un infarto al corazón. El tribunal, por su parte, se comprometió a analizar la documentación médica.

El calendario del juicio incluye una veintena de sesiones hasta el 11 de noviembre. Entre las 36 personas citadas a declarar se encuentran el expresidente Valcárcel, cuyo juicio para el 'caso Desaladora de Escombreras' está fechado para 2027, el exconsejero Francisco Marqués y la antigua alcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro.

El tribunal está presidido por el magistrado ponente y presidente de la Sala, Álvaro Castaño Penalva, acompañado por los magistrados Concha Roig Angosto y Ricardo Cuevas Vela.