El PP aprueba en solitario la Ley de Transparencia de la Región de Murcia
Después de la aprobación de la Ley de Transparencia de la Región de Murcia, el presidente Garre se ha felicitado por haber cumplido con lo que la sociedad murciana demandaba a la Asamblea Regional, y ha agradecido al Grupo Popular la iniciativa y el trabajo desarrollado, así como a la oposición “por las aportaciones que hayan podido hacer” a la nueva ley, que según Alberto Garre, supone un importante avance en transparencia y en participación ciudadana.
Por su parte el viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Oñate, ha lamentado que la ley no haya podido ser apoyada por todos los partidos, algo que en su opinión hubiera sido positivo “para la calidad y la regeneración democrática”. Según Oñate, el consenso ha sido imposible “debido a que el Partido Popular se ha mostrado incapaz de mirar de frente a la corrupción”. El diputado socialista ha reconocido que “ha habido acuerdo en torno a algunas medidas de la Ley, pero las relativas a imputados, procedimientos de contratación o expedientes urbanísticos lo han acabado dinamitando”.
“Es una pena que el PP tenga el problema que tiene con la corrupción, que es lo que nos ha separado”, ha dicho Francisco Oñate en relación al “tratamiento que el PP ha dado a aquellos políticos que están imputados, y que el PSOE considera deberían defenderse fuera de las instituciones”, lo que según Oñate, es algo “que el PP no acepta”.
El parlamentario del PSRM-PSOE ha señalado otro de los impedimentos para votar esta Ley: “que no se ha puesto luz en aquellos nichos en los que durante los últimos años ha anidado la corrupción”. El Partido Socialista reclamaba que los procesos de contratación, los procesos de tramitación urbanística y los procesos de tramitación de licencias medioambientales pudieran ser observados en toda su tramitación, con el objetivo de no tener que aplicar medidas cuando ya todo se ha hecho mal y tener la oportunidad de corregir durante el proceso. “El PP tampoco ha querido tener en cuenta este requerimiento, probablemente, condicionado por tantos alcaldes y consejeros imputados, un problema al que alguna vez tendrá que mirar de frente y corregirlo, porque si no lo hacen ellos, se lo impondrán los ciudadanos”, ha argumentado.
El PSOE también ha disentido en la necesidad de que hubiera “la necesaria revolución cultural para adaptar unos estándares de calidad democrática, acordes con el siglo XXI”, en el sentido de que el Consejo de Transparencia “debería ser un órgano independiente, con una presidencia independiente, pero no ocurre así y es el partido en mayoría quien lo controla”.
El PSRM-PSOE ha expuesto otras propuestas que el PP ha rechazado incluir en la ley, como las que pretendían regular la publicidad institucional para impedir que se use de manera partidista, la modificación de la Ley de Radio y Televisión de la Región de Murcia “para que existan Consejos de Informativos que garanticen la información objetiva de un medio público”, la modificación del reglamento de la Asamblea, o que exista un Consejo que permita a algunas entidades ciudadanas trasladar de manera colectiva sus peticiones a la Administración.
En opinión de Francisco Oñate, “concluye así un proceso que ha durado casi dos años de trabajo, desde que el PSRM presentó su Proposición de Ley de Transparencia, que el PP ha ido hibernando y que a última hora y por el cambio de valores sociales, reclamando mayor transparencia, les ha hecho reaccionar aunque de manera inadecuada”.
El tercer grupo de la cámara autonómica, IU-Verdes, tampoco ha apoyado la ley de Transparencia planteada por el PP por considerarla “selectiva y parcial”, al no abarcar en su ámbito de aplicación a todos organismos que reciben subvenciones públicas como son, por ejemplo, las instituciones religiosas y los conciertos sanitarios y educativos.
El portavoz de Izquierda Unida, José Antonio Pujante, ha explicado que aunque la ley sea un “paso adelante” porque amplía la transparencia, su contenido es “muy mejorable” e “insuficiente” para cumplir el objetivo de atender las demandas sociales. Según Pujante, la norma no ha surgido de un “acto voluntarista” del PP, sino de la desafección hacia las instituciones públicas y del “cabreo” de la ciudadanía ante los escándalos de corrupción.
“Es un paso insuficiente que no va acompañado de actuaciones ejemplares por parte del actual gobierno”, ha defendido Pujante, y además ha criticado que sólo se hayan aprobado dos de las 16 enmiendas parciales presentadas por su grupo, y que estas sean “precisamente las de menor calado”, dejando fuera las que, a su juicio, podrían haber supuesto una “modificación sustancial” de la ley.
Entre las enmiendas rechazadas, Izquierda Unida ha destacado la que establece que la imputación formal en el ámbito procesal penal de un delito de corrupción política o administrativa, sea causa de inelegibilidad de los senadores de designación autonómica y de los diputados regionales. “Esta y otras enmiendas importantes no han sido aprobadas, y por eso decimos que la ley es limitativa y restringe su campo de acción”, ha concluido José Antonio Pujante.
