Una sede de Vox en una cochera heredada: tendrán que devolver 4.224 euros de dinero público por alquilar un edificio familiar como sede en Mula

El grupo municipal de Vox en Mula deberá reintegrar a las arcas públicas 4.224,20 euros que percibió durante 2025 en concepto de asignación económica para gastos de grupos políticos. El Pleno de la Corporación aprobó la semana pasada, con los votos de PSOE, PP e IU y la ausencia del propio concejal de Vox durante el debate, instar al reintegro de esa cantidad, según consta en la propuesta de acuerdo de la Comisión de Hacienda.

El dinero se había destinado, según las facturas presentadas, al alquiler de un local utilizado como sede del grupo. Pero un informe de fiscalización del 11 de junio concluye que no existe “la debida justificación del gasto” y que hay “documentación indiciaria” de que los fondos podrían haber generado un beneficio directo o indirecto para miembros de la Corporación, en contra de lo previsto en el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Según se extrae de la documentación, a la que ha tenido acceso este periódico, el concejal de Vox, Pedro Sevilla Monedero, es uno de los herederos —con un 25% de la propiedad— del inmueble alquilado, cuya explotación gestiona la mercantil Grupo Resermu S.L., administrada por su hermano, socio único de la empresa. El propio informe de Intervención lo resume como un conflicto de intereses “real” derivado de un vínculo familiar directo. La mercantil gestora del bajo no tiene como actividad principal la explotación de inmuebles, sino las instalaciones eléctricas.

“Pudiera ocurrir que al formar parte D. Pedro Sevilla de la herencia yacente propietaria del local, se viera beneficiado por la renta del alquiler que percibe la mercantil que explota el local”, aventura el documento.

“Bandera roja”

El caso llegó a Intervención después de que una denuncia interna, presentada el 10 de marzo, alertara de que el local era “una simple cochera sin uso real como sede” y de que el edificio tenía una segunda planta sin regularizar catastralmente, algo que confirmó después el servicio de catastro municipal: “Mi sorpresa es cuando observo que la sede de PP, PSOE e IU existen físicamente, pero no la de Vox”, relata el escrito, presentado en el buzón de denuncias del consistorio.

El Comité Antifraude del Ayuntamiento abrió expediente y encargó un informe jurídico externo a la consultora ACAL, especializada en administración pública.

El documento advierte sin rodeos sobre el fondo del asunto: “Pudiera entenderse que D. Pedro Sevilla está beneficiando a su hermano al destinar fondos públicos al pago de un alquiler donde el arrendador es una mercantil propiedad de su hermano”, señala el informe, que concluye: “Estamos ante una bandera roja” que justifica una fiscalización a fondo.

El Comité Antifraude había requerido además al concejal que suscribiera una Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés, algo que, según el informe de Intervención, “no ha sido presentada” pese a la solicitud, lo que la propia Intervención califica como “un vicio formal insubsanable” y “una clara obstrucción a las potestades de control del Ayuntamiento”.

Pese a las presuntas irregularidades, el hermano del concejal defiende la legalidad del arrendamiento una vez el Comité Antifraude abre expediente, argumentando que se trata de una “relación jurídica privada consentida por los legítimos titulares del inmueble”.

El dictamen, fechado el 11 de mayo, no aprecia una incompatibilidad automática del concejal según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, al no ser este contratista del Ayuntamiento: “Estamos ante una relación entre privados en la que no es parte del Ayuntamiento, sino un concejal del Ayuntamiento”.

Pero sí concluye que el contrato de arrendamiento aportado —firmado únicamente por Sevilla y sin que en ninguna de sus cláusulas se mencione el precio de la renta— carece de un elemento esencial para su validez como negocio jurídico: “La única mención a la renta la encontramos en el acta de la asamblea extraordinaria del 18/12/2024, donde sí se mencionó que el precio sería de 360 euros mensuales”, detalla el informe. En el documento se recuerda que “el Ayuntamiento de Mula carece de potestades para declarar la nulidad de un contrato del que no es parte”.

La versión de Vox

Sevilla ha admitido públicamente que devolverá el dinero. En una nota de prensa difundida por Vox Mula, el concejal asegura que “los gastos que hemos presentado no son justificables para la subvención”, aunque insiste en que las facturas eran legales y estaban declaradas fiscalmente por la empresa arrendadora. El local, sostiene el concejal, “se usa para pagar un alquiler de un despacho para atender a los ciudadanos y de almacén de material” y que no se hace uso de él como “sede para actos políticos” del partido.

Sevilla sostiene que se ausentó tanto de la votación interna del partido —en la que, según el acta de la asamblea extraordinaria de Vox del 18 de diciembre de 2024, se aprobó por mayoría absoluta alquilar ese local— como del pleno y de la comisión informativa municipal, “para no crear un conflicto de interés”. El concejal enmarca las críticas recibidas como “difamaciones” que denunciará “según la gravedad” de cada caso.

“El hecho de que D. Pedro se ausentara de la votación ya evidencia que era consciente de la falta de apariencia de imparcialidad de su elección, en caso de participar, y por eso se abstuvo”, recuerda el informe.

El propio grupo político ya había decidido, en una asamblea posterior celebrada el 18 de diciembre de 2025 —antes de que el caso trascendiera públicamente—, no volver a hacer uso de la subvención municipal durante 2026.

Fraude de agua en el domicilio de la coordinadora

El episodio del local no es el único asunto abierto para la dirección de Vox en Mula. El pasado 19 de junio, una inspección del Servicio Municipal de Aguas, gestionado por Aqualia, detectó en el domicilio de la coordinadora local del partido, Alicia Tudela López, una conexión directa e irregular a la red de abastecimiento, sin contador y sin contrato que la amparase, según el acta de inspección elaborada con presencia de la Policía Local.

“Se encuentra dicha finca conectada mediante una tubería o latiguillo directamente a la red de abastecimiento (sin contador), así como carecer de contrato que lo ampare”, describen desde Inspección.

El informe constata además la manipulación del registro y de los precintos del contador, así como una reconexión no autorizada tras un corte previo por impago. Aqualia calificó los hechos como infracción grave, conforme al punto 10 del acuerdo entre la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y remitió a Tudela una comunicación formal, fechada el 23 de junio, requiriéndole que se pusiera en contacto con la compañía para regularizar la situación.