Los sindicatos denuncian descontrol y falta de capacidad sancionadora por la “raquítica” plantilla de la Consejería de Medio Ambiente

Tienen muy poco margen de maniobra, “y lo único que pueden hacer es mover personal de una dirección general a otra; donde hay escasez, la aumentan todavía más, y en otras áreas, simplemente la mantienen”, explica eldiario.es Francisco Saura, de Comisiones Obreras, al respecto de la “escasez” de medios de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente que dirige Antonio Luengo.

Según Comisiones, “tenemos constancia de que hasta hace dos semanas tenían destinado a un solo funcionario, interino, para gestionar todos los expedientes sancionadores por los vertidos de purines al Mar Menor”. Por esa razón, apunta Saura, “no podían dar salida a los expedientes, que se les han ido acumulando”.

Tras hacerse público “el escándalo”, la Consejería “ha ido moviendo personal de una dirección general a otra, pero así no se resuelve el problema; actualmente en la Región no hay una estructura con capacidad para controlar los delitos medioambientales y eso se traduce en que finalmente el que contamina, no paga”.

Por su parte, la Consejería de Luengo incrementa hasta cuatro los inspectores destinados a controlar las explotaciones ganaderas -366 en la zona de influencia del Mar Menor-, además de agentes medioambientales y del Seprona, aseguran desde este departamento.

Según Saura, “para la inspección de contaminación en vertederos también hay solo un funcionario”, y el cuerpo de agentes medioambientales también está muy mermado.

En estos momentos, “hay 115 en plantilla, una dotación muy insuficiente”, que según valoran desde Comisiones Obreras “debería ser de más del doble, al menos 300 agentes”. Además, “los medios técnicos con los que cuentan son del todo insuficientes para poder hacer los seguimientos y el parque móvil directamente está prácticamente inservible”.

Los vertidos de tierra a mar, de purines en este caso, son competencia de la Comunidad. El procedimiento se inicia con los agentes de medio ambiente “que tras detectar el vertido, generan un acta de denuncia que llega a la administración competente”.

En ese punto, el instructor debe poner en marcha el procedimiento sancionador. Al no disponer de los medios suficientes, denuncian agentes medioambientales, “algunas infracciones caducan porque no hay técnicos suficientes para dar salida a los expedientes y materializar las sanciones”.

Como no se sacan plazas y no hay reposición, denuncian las mismas fuentes, “no se puede hacer nada, da igual la cantidad de vertidos de haya; en ese sentido, esta Consejería está echada a perder”.

Junto a Comisiones, otros sindicatos como CSIT, Intersindical y UGT han puesto el acento en que a pesar de que se ponen en marcha organismos para la protección del Mar Menor o el Medio Ambiente en general en la Región éstas cuentan con dotaciones totalmente insuficientes.