La Asociación de Usuarios de la Sanidad denuncia que la Consejería incumple la ley con los retrasos en la atención a los pacientes
La Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia ha vuelto a denunciar la situación de la sanidad pública y ha afirmado que la consejería “está incumpliendo flagrantemente la ley que le obliga a cumplir unos plazos en la atención a los pacientes”.
Según esta asociación, las políticas puestas en práctica por el Gobierno regional “están perjudicando gravemente la salud de los murcianos, porque esas demoras no hacen más que retrasar tratamientos, pruebas e intervenciones, y por lo tanto incrementar riesgos”.
Desde la Asociación de Usuarios se ha recordado que la consejera se comprometió en junio del año pasado a poner en marcha un plan de actuación para reducir las listas de espera: “Parece que este plan de actuación, que no se ha hecho público, ha sido un desastre, porque los datos que han expuesto indican que las listas de espera han aumentado, lo que viene a corroborar que son incapaces de gestionar un servicio público de forma eficiente utilizando los medios públicos de que disponen, optimizando los recursos materiales y humanos necesarios para afrontar esta situación”, han afirmado.
“Hasta ahora han ocultado los datos”, denuncia la asociación, y añaden que “la consejería desconoce la obligación de transparencia que marca la ley”. “Además”, aseguran, “los días que pasan entre el momento en el que se solicita una prueba, o una visita al especialista de hospital, o una intervención quirúrgica, y el día en el que se hace, son muchos más de los que recogen las estadísticas que se acaban de publicar”. “Estamos convencidos que han enmascarado unos datos mucho más desfavorables para quienes tienen la responsabilidad de gestionarlas”, han expresado.
La Asociación de Usuarios ha concluido su análisis explicando que no se ven ni se comprueban mejoras, “sólo recortes en personal, en materiales, cierre de plantas, horarios, aparatos sin utilizar, y sobre todo derivaciones a las clínicas privadas con presupuestos públicos, que podrían dedicarse a fortalecer y mejorar la sanidad pública, contratar personal y ofrecer la calidad asistencial a la que está obligada la sanidad pública”.
“No se puede, con el pretexto de reducir listas de espera, utilizar el dinero público en beneficiar a empresas privadas”, han argumentado, y por ese motivo exigen “responsabilidad a quienes están manteniendo y a quienes permiten esta ignominia, estas situaciones que provocan incertidumbre, inseguridad, empeoramiento de enfermedades y que pueden provocar muertes”.
