Una treintena de asociaciones exigen al Gobierno Regional explicaciones por el veto parental

El veto parental es una de las medidas exigidas por Vox al Gobierno Regional para garantizar el apoyo de la formación de extrema derecha en la Asamblea a cuestiones políticas de vital importancia para la supervivencia del Ejecutivo, especialmente los presupuestos. En marcha desde septiembre, el llamado pin parental es defendido por los partidos del Gobierno (PP y C's) y sus socios ultraderechistas como la libertad “de los padres de autorizar o no a sus hijos cuando imparte una charla alguien ajeno al centro”. Lejos de ello, realmente se trata de una cuestión que atenta contra los derechos individuales de los alumnos, los valores de la educación pública, que elude responsabilidades recogidas en numerosas legislaciones, reglamentos, y sobre todo en la propia Constitución.

El pasado enero el Ministerio de Educación, tras un Consejo de Ministros, envió un requerimiento formal al Gobierno de Murcia con el objetivo de que el Ejecutivo autonómico diera marcha atrás en la aplicación del veto parental, en funcionamiento desde el inicio del curso escolar. Incluso la propia titular de la cartera educativa, Isabel Celáa, calificó el veto como una medida “ilegal” que excede “las competencias atribuidas a los centros educativos sobre decisiones curriculares”, pues las comunidades autónomas establecen en sus reglamentos que las actividades complementarias en los colegios e instituto son obligatorias para todos los alumnos, de modo que los padres no pueden negarse a que sus hijos reciban este tipo de formación.

Casi un mes después del requerimiento del Estado, el Gobierno Regional no ha demostrado ninguna intención de acatar la petición del Ministerio, pues en casi un mes no se ha producido ninguna tentativa de movimiento al respecto. Ante tal inactividad, y tras tentativas de reuniones con el Ejecutivo por separado, 35 asociaciones regionales y nacionales de diversa índole, algunas con un considerable peso en la sociedad regional, han firmado un documento mediante el que piden con firmes argumentos a la Comunidad “explicaciones sobre el veto parental”.

La polémica medida, una de las propuestas estrella y por ende más controvertidas de la formación de ultraderecha, consiste en dotar a los padres de la capacidad de vetar las actividades externas de sus hijos que ponen en entredicho sus convicciones morales, ideológicas o religiosas en los propios centros educativos. Es una propuesta que en mayor medida avala prejuicios ideológicos en dirección especial a las charlas contra la homofobia, bifobia y transfobia. Aunque no únicamente: cualquier tipo de contenido que vaya contra las creencias de los progenitores podría impedirse.

Las 35 asociaciones han decidido unir esfuerzos para lograr reunirse con el Presidente, Vicepresidenta de la Región y Consejera de Educación, y “pedirles explicaciones ante su negativa de retirar el veto y a la misma vez hacerles llegar el sentir de buena parte de la sociedad civil que se opone a esta medida y a la modificación de los decretos”.

Ya se recogieron 150.000 firmas a través de la plataforma Change.org en oposición a la polémica medida que atenta, matiza el documento, contra instrucciones recogidas en la legislación, “entre otras, la Constitución, la Convención Internacional de los Derechos del niño, la Ley Orgánica de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley de Igualdad Social LGTBI de la Región de Murcia”, además de las “recomendaciones de mecanismos internacionales, como el Consejo de Europa y jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC)”.

Pero el llamado pin parental no solo es susceptible de vulnerar disposiciones jurídicas. Mas allá de ellas, este, según firman las 35 asociaciones, también genera en la sociedad “una desconfianza hacia la educación pública y sus profesionales”, “imposibilita la cooperación necesaria de distintos sectores como el sanitario y sus profesionales con el sector educativo”, “deja indefensos a niños, y niñas y adolescentes a la hora de detectar y combatir la discriminación”, y sobre todo “contraviene los derechos fundamentales de las niñas y niños y adolescentes a recibir formación integral basada en los principios y valores democráticos”.

Entre las 35 asociaciones que ponen su rúbrica a la petición, destacan algunas como Amnistía Internacional, Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia, Federación Murciana de Asociación de Estudiantes, FAPA-RM Juan González (la que más centros educativos aglutina en la Región), Asociación socioeducativa y cultural de mujeres Diversas, Padres por la inclusión, y muchas otras más repartidas por toda la geografía regional. Todas pretenden firmemente que “el derecho de los padres y madres a la educación de sus hijos/as” no se anteponga al de los niños, de las niñas y adolescentes a “recibir información y herramientas que les permitan identificar situaciones de discriminación, entre otras, en su vida”.