Partidos políticos y colectivos critican al Gobierno regional por querer blindar el veto parental con un decreto

Distintos colectivos, sindicatos y partidos políticos se han manifestado en contra del anuncio del Ejecutivo regional este martes de convertir en decreto el veto parental. El diputado del grupo parlamentario socialista Antonio Espín ha denunciado que el Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos ha cedido “por completo” ante las exigencias de la extrema derecha en materia de educación. Punto en el que coincide la portavoz parlamentaria de Podemos en la Región, María Marín, quien ha puesto el acento en el cuestionamiento que supone esta medida ante “la reconocida autoridad del docente”.

Según el socialista Antonio Espín, “se ha confirmado lo que veníamos anunciando: la intención del PP y Ciudadanos era dar cobertura legal a esta irregular medida, afianzando la censura educativa que denunciamos desde mayo de 2018”.

Para María Marín (Podemos): “La modificación del Gobierno regional sobre el pin demuestra que son plenamente conscientes de que es ilegal, y lo sigue siendo con esta modificación porque estamos hablando de actividades obligatorias, evaluables y recogidas en la programación de principio del curso, que pasa por el Consejo Escolar, donde las familias están representadas”.

La portavoz de Podemos en la Asamblea regional ha confiado en que “retiren inmediatamente las instrucciones y se retorne al respecto a la ley; por cierto, su ley”. Y que se pongan sobre la mesa los “problemas reales” de la educación pública en la Región: “El número insuficiente de docentes, la buena climatización de los centros, la retirada del amianto que está envenenando a nuestro hijos o la construcción de nuevos centros”. Medidas “encaminadas a que dejemos de figurar como una de las comunidades con un mayor índice de fracaso escolar”.

Por su parte, el socialista Antonio Espín ha señalado que el Gobierno regional hace “oídos sordos” al requerimiento del Ministerio de Educación, que exige la retirada inmediata de esta medida, ya que vulnera el derecho fundamental de los niños, niñas y jóvenes a recibir una educación integral basada en los principios y valores democráticos que reconoce el artículo 27 de la Constitución Española; contraviene la Convención de los Derechos del Niño; contradice la normativa básica estatal en materia educativa, y supone una suerte de objeción de conciencia no prevista en la Ley.

“Esta decisión del Gobierno regional llega la misma noche (este martes) en la que cientos de personas nos concentrábamos en San Esteban para denunciar su ilegalidad; gran parte de la comunidad educativa ha mostrado su absoluto rechazo a esta censura, ha dicho Espín.

En este sentido, el socialista ha recordado que el veto parental permitirá censurar parte de las actividades complementarias que, según la normativa educativa, forman parte del currículo escolar, siendo obligatorias y evaluables, y que promocionan el respeto a la diversidad, la tolerancia, la igualdad de trato, la defensa del medioambiente o el conocimiento del patrimonio cultural, entre otros asuntos.

Además, ha indicado que este veto parental afecta también a las actividades que organizan los centros, en las que participan los propios padres y madres de los niños o escritores, científicos y filósofos de prestigio.

Concentración de la Marea Verde

Desde Pacto por la Regeneración en la Región de Murcia han considerado que la corrección del Gobierno regional no supone en todo caso la eliminación del denominado veto parental. Y han llamado a continuar con las movilizaciones, adhiriéndose a la concentración programada el próximo 11 de febrero, convocada por la Marea Verde.

Por su parte, Comisiones Obreras ha considerado que el anuncio de la Consejería de Educación de excluir del veto parental a los funcionarios que participen en las actividades complementarias y de que el alumnado deba traer un no explícito de sus progenitores para no participar en las mismas no evita el “absurdo pedagógico” que supone otorgar a los padres el poder de vetar elementos de currículo.

CCOO cree que este intento de “blanquear” el veto parental ante la opinión pública agrava la situación porque viene a reforzar el sentido “retrógrado y reaccionario” del mismo al permitir dirigirlo con más precisión “hacia aquellos contenidos que la ultraderecha quiere vetar”.